Durante el estado de excepción, la Constitución prevé la posibilidad de trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. Mientras, las demás instituciones del Estado están con sus operaciones suspendidas. La Asamblea Nacional no logra instalarse para sesionar.
El traslado de la sede del Ejecutivo a Guayaquil y la fuerza de las manifestaciones sociales en contra de las medidas económicas hicieron que el resto del Estado quedara paralizado.
Las instituciones públicas que funcionan en Quito no operaron durante el 8 de octubre, sus autoridades se movilizaron hasta Guayaquil; la Policía y las Fuerzas Armadas se encargaron del resguardo de las instalaciones.
El presidente Lenín Moreno anunció el 7 de octubre del 2019 el traslado de la sede del gobierno a Guayaquil, en el marco del decreto de estado de excepción.
“Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar”, dijo en cadena nacional.
El traslado de la sede de gobierno es una de las atribuciones constitucionales del Presidente durante el estado de excepción.
Y además plantea un problema logístico, pues las sede de las demás funciones e instituciones del Estado sigue en Quito.
Este movimiento de Moreno hizo que las principales autoridades debieran movilizarse a Guayaquil, para reunirse con el Presidente.
El 8 de octubre del 2019, el presidente despachó desde el Gobierno Zonal de Guayaquil. Allí se reunió con los principales representantes del Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Procuraduría, la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional.
Estas son las claves para entender el traslado de la sede del Ejecutivo:
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Todo el Gabinete está en Guayaquil
El Presidente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y los ministros se encuentran en Guayaquil. Las reuniones se hacen en el Gobierno Zonal de Guayaquil, desde donde el presidente Moreno brindó dos ruedas de prensa.
Según Juan Sebastián Roldán, el movimiento se hizo para “darle un respiro a la ciudad”. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló el Presidente regresará a Quito “en el momento en que haya las condiciones necesarias”.
Por el traslado de Moreno hasta esa ciudad, los presidentes de las otras funciones del Estado se trasladaron hacia allá. Alrededor de las 16:30 aparecieron en una rueda de prensa, en la que mostraron su respaldo a Moreno. El contralor Pablo Celi leyó un comunicado en el que hizo un llamado al diálogo nacional.
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Quito, con las instituciones cerradas y blindadas
La sede de la Asamblea Nacional, con resguardo policial, la mañana del 8 de octubre del 2019. PRIMICIAS
Los edificios de las principales instituciones del Estado permanecieron el 8 de octubre del 2019 con un fuerte resguardo policial. En la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, no hubo atención excepto en flagrancia. El Consejo de la Judicatura también permaneció cerrado.
La Asamblea tampoco trabajó y permaneció resguardada en la mañana. En la tarde, manifestantes ingresaron hasta el pleno del Legislativo durante unos minutos, y luego fueron desalojados por la fuerza pública.
Con el traslado del Gobierno, en Pichincha se podría nombrar un gobernador, que son funcionarios encargados de supervisar la actividad de los órganos de la Administración Pública Central e Institucional en la provincia, y servir como agentes de coordinación y cooperación de éstas con los entes y órganos de la Administración Pública Seccional.
El Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que debe haber gobernadores en cada provincia excepto Pichincha, donde está el Gobierno Central.
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El pleno de la Asamblea, en pausa
El presidente del Legislativo, César Litardo, viajó a Guayaquil para la reunión con Moreno. Dijo que están en la búsqueda de un lugar en el que la Asamblea Nacional pueda sesionar y hacer un pronunciamiento.
Manifestantes ingresaron al lado sur de la Asamblea la noche del 7, y la tarde del 8, rompieron las seguridades de la fachada norte y llegaron hasta el Salón del Pleno. Fueron desalojados minutos después.
Litardo insiste en que el Ejecutivo envíe el proyecto económico urgente que anunció el 1 de octubre “para que este sea un balance entre las medidas (económicas)”.
También hizo una propuesta, que los recursos que se obtengan de la eliminación de los subsidios “sean considerados en acciones como fideicomisos y los sectores sociales sean partícipes de esos fideicomisos para que se garantice que se transformen en obras y beneficios”.
Miembros de Alianza PAIS se encuentran en diálogo con las otras bancadas para lograr un consenso, pues Revolución Ciudadana impulsa la destitución de Moreno a través de la muerte cruzada.
El proyecto económico urgente, sin embargo, no llega. Fuentes en el Ministerio de Finanzas aseguraron que éste no será remitido a la Asamblea en esta semana.
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