El tratado acordaba la extradición de los culpables y cómplices de 20 delitos, pero las figuras penales y la geopolítica han cambiado, por lo que ahora es inútil.
La prioridad de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, es la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región.
Su embajador en Quito, Michael Fitzpatrick, contó a PRIMICIAS que una traba para el trabajo conjunto en la materia es el “viejísimo” tratado de extradición entre ambas naciones.
El tratado bilateral fue firmado en 1872, durante la presidencia de Gabriel García Moreno, y estableció una lista de seis delitos que permitían la extradición de sus ciudadanos:
- Homicidio voluntario, asesinato, parricidio y envenenamiento.
- Rapto y estupro, incendio, piratería y motín a bordo de una embarcación.
- Allanamiento de morada durante la noche para cometer algún crimen.
- Falsificación.
- La fabricación o circulación de moneda falsa, bonos públicos, billetes de banco y obligaciones, títulos o instrumentos de crédito.
- La apropiación o peculado de caudales públicos.
En 1941, en la presidencia de Carlos Arroyo del Río, Ecuador firmó una ampliación, que agregaba otros 14 delitos a la lista. Entre ellos: aborto, bigamia, desfalco, perjurio, destrucción maliciosa, rapto o detención de muchachas con fines inmorales.
También están:
- Secuestro para exigir dinero.
- Hurto superior a USD 25.
- Obtención de dinero, título o bienes obtenidos ilegalmente.
- Fraude o abuso de confianza por parte de agentes fiduciarios.
- Cohecho.
- Delitos contra las leyes de quiebra.
- Delitos contra la supresión del narcotráfico.
- Abandono o incumplimiento de mantener menores de edad.
El documento “no funciona, francamente, en el mundo moderno, con crímenes digitales, o crímenes internacionales financieros”, afirmó Fitzpatrick.
Pero la discordancia con los nuevos delitos y las figuras penales vigentes no es el único problema. El exvicecanciller Carlos Estarella recuerda que en la última Constitución de 2008, elaborada por iniciativa de Rafael Correa, se estableció la prohibición de extraditar ecuatorianos, “en ningún caso”.
Es por eso que Washington ha recurrido a la estrategia de retirar visas a los procesados o sospechosos y sus familiares, para evitar que huyan a su país o que permanezcan ahí. En este último caso, al estar de manera irregular, el Estado tiene la potestad de deportarlo a Ecuador sin esperar el trámite de una extradición formal.
El embajador Fitzpatrick contó a PRIMICIAS que han tomado esta medida en cientos de casos en lo que va del año.
Para Estarella es urgente que Ecuador busque un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos, a la vez que inicie un proceso de reforma constitucional para permitir la medida en casos de delitos transnacionales.
Además, recuerda que en Ecuador “no existen cárceles para narcotraficantes, ni siquiera podemos tener detenidos a los delincuentes comunes”, en referencia a la crisis carcelaria que recrudeció este año con varias masacres.
Estarella también recuerda que por este mismo problema Ecuador no ha podido concretar la extradición de prófugos de la justicia, “que todos sabemos dónde están”, en Estados Unidos.
Agrega que en un futuro, un nuevo tratado de extradición debería ser aprobado por la Asamblea Nacional y ese escenario pondría de manifiesto a los legisladores que se opongan y estén “a favor del narcotráfico”.
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