Caso Odebrecht: está listo el tribunal para intentar cobrar USD 33 millones

Milton Ávila, Dilza Muñoz y Javier de la Cadena conforman el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que estará a cargo de la ejecución de la sentencia del proceso.

Han pasado tres años desde que la justicia condenó a seis años de cárcel al exvicepresidente Jorge Glas y a siete personas más. Fueron juzgados por el delito de asociación ilícita en medio de la trama del caso Odebrecht.

Los procesados fueron detenidos y están pagando, en su mayoría, la condena de prisión. Pero, el resto de aristas de la sentencia, sobre la reparación material y simbólica, no se han cumplido.

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Por esta razón, la Procuraduría General, en su papel de víctima del delito, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ejecutar la sentencia. El objetivo, sobre todo, es cobrar los USD 33,4 millones que la sentencia obliga a pagar a los ocho sentenciados como reparación integral.

De ese monto, la mayor cantidad (USD 14,1 millones) debe ser pagado por el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, quienes fueron condenados en calidad de autores.

Para el cobro de esta suma, la Procuraduría presentará a la Corte una lista de los bienes que los sentenciados tienen en el país. Y si no estos no pagan o presentan una fórmula de pago, se procederá al embargo y remate de esos bienes.

Además del pago, los otros puntos que se ejecutarán por vía judicial son:

Comiso de las acciones, participaciones y demás derechos que tengan los sentenciados en las personas jurídicas que sirvieron para la consumación del delito.
Suspensión de los derechos de ciudadanía de los condenados por el tiempo igual al de la pena.
Publicación de la sentencia en las páginas web institucionales de los órganos del Poder Ejecutivo que fueron afectados con el cometimiento del delito.
Publicación de la parte resolutiva de la sentencia en tres diarios de amplia difusión nacional, a costa de los sentenciados.
Investigación penal en contra de Odebrecht por los hechos perpetrados a partir del 10 de agosto de 2014.
Investigación penal del presunto delito de fraude procesal.