En la Corte Nacional de Justicia, la mañana del jueves 24 de octubre de 2019, inició la audiencia de juicio directo en contra del asambleísta Yofre Poma, del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y otras siete personas por el delito de paralización de servicios públicos.
La diligencia fue presidida por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, quien la declaró reservada por tratarse de un delito contra la seguridad del Estado.
También estuvo presente el fiscal subrogante, Wilson Toainga. Además de Poma y Chávez son procesados José Gómez, asesor del prefecto; y Víctor Burbano, concejal de Lago Agrio.
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A ellos se suman Steven Torres, Jenny Rodríguez, César Pachacama, Gonzalo Villamil y Vinicio Chacha.
Los nueve son acusados del delito de paralización de un servicio público, por la supuesta ocupación violenta de una estación de Petroecuador, ubicada en Lago Agrio, el pasado 7 de octubre de 2019.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de paralización de un servicio público con uno a tres años de privación de libertad.
Según Fiscalía, los procesados habrían irrumpido en la sala de control de operaciones, con la amenaza de atentar contra la integridad de los equipos de bombeo del SOTE así como de las operaciones de Petroecuador.
Esto habría causado la paralización del SOTE durante 2 horas y 19 minutos, lo cual habría causado un perjuicio por USD 1,7 millones al Estado.
La audiencia de juzgamiento se realiza luego que fueron negados los pedidos de hábeas corpus realizados por Yofre Poma, Chávez y Gómez.
Durante la primera parte de la audiencia de juzgamiento se analizaron asuntos de procedibilidad y competencia que pudieran afectar al proceso.
Defensores: "no hay independencia judicial"
Según las defensas del asambleísta Yofre Poma (militante del movimiento Revolución Ciudadana) y del prefecto Amado Chávez (del partido SUMA), hasta el momento el caso no ha mostrado independencia judicial.
César Sarango, abogado de Chávez, dijo que varios actos, como la realización de varias diligencias en ausencia de los acusados o un supuesto irrespeto a la cadena de custodia de las evidencias, serían causales para anular el proceso.
En la misma línea, el abogado de Poma, Gustavo García, se mostró confiado en poder demostrar la inocencia del asambleísta con las mismas pruebas presentadas por Fiscalía.
En su opinión, las pericias y el parte policial indicarían que el momento en que se produjo la toma de la estación, Poma se hallaba fuera de la instalación, por tanto "no hay prueba que mi defendido haya paralizado un servicio público", manifestó.
Por tratarse de un juzgamiento directo este se desarrolla en una sola audiencia y terminará con el fallo del conjuez David Jacho.
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