El Alcalde de Quito es acusado de no acatar la resolución en la que el TCE ratificó la validez del proceso de remoción que el Concejo Metropolitano aprobó en su contra.
La disputa que mantienen Jorge Yunda y Santiago Guarderas por la Alcaldía de Quito se definirá en dos instancias: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Corte Constitucional.
El jueves 26 de agosto de 2021, el TCE iba a ser el escenario del primer momento de este enfrentamiento. Ese día, el juez Ángel Torres debía tratar la denuncia que Guarderas interpuso en contra de Yunda por una “presunta infracción electoral muy grave“.
Sin embargo, de forma sorpresiva, la noche del 23 de agosto de 2021 el TCE emitió una sentencia en el que anunció la suspensión de la audiencia.
¿La razón? La apelación que Yunda interpuso a la decisión del juez Torres de no aceptar la recusación presentada por su defensa el 18 de julio.
En el texto del documento, Torres dice que será el pleno del TCE el que “conozca y resuelva lo que considere pertinente” y que la nueva fecha de la audiencia “será fijada en el momento procesal oportuno”.
Además, el juez sostiene que en el pedido de recusación “constan afirmaciones falsas”, por lo que “llama la atención al abogado del denunciado Jorge Yunda, en la persona de Guillermo González Orquera. Y se previene que, de continuar su conducta alejada de la ética profesional, se aplicará lo dispuesto en la segunda disposición general del Reglamento de Trámites del TCE”.
En la denuncia presentada por Guarderas también están involucrados la jueza Belén Domínguez, quien aceptó una acción de protección a favor de Yunda, el 28 de junio. Además de los jueces de la Corte Provincial, Raúl Mariño y Cenia Solanda.
Ellos no solo ratificaron la decisión de Domínguez, sino que dejaron sin efecto el proceso de remoción con lo que Yunda retomó la Alcaldía de Quito el 30 de julio.
El constitucionalista André Benavides explica que el día en el que se realice la audiencia, el juez debe escuchar los argumentos de las partes. Pero, “es posible que no de a conocer su fallo. Pues el Código de la Democracia le otorga un plazo de 30 días para hacerlo”.
A pesar de esto, el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, cree que el juez debería pronunciarse el día de la audiencia por la trascendencia de su decisión.
“Hay una infracción muy clara. Es absurdo desconocer una sentencia ejecutoriada del TCE. Debía cumplirse al ser de última instancia”, dice Oleas.
Los dos expertos recuerdan que el Código de la Democracia sanciona el incumplimiento de una sentencia con la destitución del cargo, una multa económica y la pérdida de los derechos políticos hasta por cuatro años.
Aunque si el fallo favorece a Guarderas, Yunda aún puede apelar la decisión ante el pleno del TCE.
Guarderas se juega una de sus últimas cartas
A Santiago Guarderas no le sobran los recursos legales para volver a ser el alcalde de Quito.
La denuncia que presentó en contra de Yunda ante el TCE parece ser una de sus últimas cartas. Aunque confía en que este organismo le dará la razón.
“El señor Yunda incumplió la sentencia del TCE en la que ratificó la validez del proceso de remoción que el Concejo de Quito aprobó el 3 de junio de 2021″, dice.
Y agrega que si el TCE falla favorablemente a su denuncia volverá a ejercer el cargo de Alcalde de la capital.
Otra demanda sobre Yunda
La denuncia que Guarderas interpuso contra Yunda por el presunto incumplimiento de la sentencia del TCE no es la única que reposa en este organismo.
El 14 de julio de 2021, Jessica Jaramillo, vocera del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, colectivo que impulsó la remoción del Alcalde, interpuso una demanda similar al considerar que la decisión del TCE debía concretarse inmediatamente.
Para frenar este proceso, Yunda también optó por la recusación sobre el juez Arturo Cabrera, quien debía tratar la denuncia. Cabrera aceptó el pedido y la audiencia que estaba prevista para el 2 de septiembre aún no tiene fecha definida.
Desde el TCE explican que el Código de la Democracia otorga un plazo de 30 días para que el pleno admita o niegue el pedido de Yunda.
¿Qué pasa en la Corte Constitucional?
El 10 de agosto de 2021, Santiago Guarderas interpuso una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que, el 30 de julio de 2021, le devolvió la Alcaldía de Quito a Jorge Yunda.
Dos días después, el 12 de agosto, el Pleno de la Corte designó a los jueces Karla Andrade, Ramiro Dávila y Agustín Grijalva para la fase de admisibilidad del recurso presentado por Guarderas.
En esta primera fase, el tribunal revisa que la causa interpuesta cumpla con todos los requisitos legales, pero el fondo del asunto aún no entra a la etapa de análisis.
Si la acción extraordinaria de protección es admitida, el Pleno de la Corte puede darle prioridad, o seguir el orden cronológico, o esperar que llegue su turno entre las otras causas que tiene pendiente le Corte. Eso último significaría dilatar el fallo por varios meses.
Desde el 3 de junio de 2021, el Municipio de Quito atraviesa una grave crisis institucional luego de que el Concejo Metropolitano aprobara la remoción de Jorge Yunda de la Alcaldía y Guarderas asumiera el cargo en su reemplazo.
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