Cinco claves para entender los pedidos de remoción del alcalde Yunda

Los colectivos Quito Unido y el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito son las organizaciones que impulsan los dos pedidos de remoción.

Estos grupos denunciaron que el Alcalde incurrió en tres de las ocho causales que establece el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad) para que un alcalde pueda ser removido de su cargo:

• Incumplimiento legal de ordenanzas o resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados.
• Despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos.
• Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar la participación ciudadana.

Marcelo Hallo, representante Quito Unido, dice que en sus dos años de gestión, Yunda ha incurrido en estas tres causales.

Cita como ejemplo, la falta de ratificación de la resolución A 060 por el Concejo Metropolitano. Este documento firmado el 9 de septiembre de 2020 apuntaba a contener la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Tampoco puso en el orden del día de una sesión de Concejo el tratamiento de la ejecución presupuestaria de los años 2019 y 2020”, agrega Hallo.

El Frente de Profesionales, en cambio, sostiene que Yunda no convocó a varias sesiones de Concejo Metropolitano y no incluyó en el orden del día la presentación de proyectos importantes, como el Corredor Labrador-Carapungo.

Dentro del Concejo Metropolitano existe la denominada Comisión de Mesa, cuya principal función es analizar y calificar los pedidos de remoción en contra de las autoridades de elección popular. 

Este órgano está conformado por el Alcalde y concejales de las diferentes organizaciones políticas. Para analizar estos pedidos la mesa se tuvo que reconfigurar para reemplazar al alcalde con un concejal, pues Yunda no se podía juzgar a sí mismo.

Así, esta comisión quedó conformada por el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Mónica Sandoval (Fuerza Compromiso Social), Mónica Ledesma (Izquierda Democrática) y Fernando Morales (Concertación).

La comisión calificó y dio paso, por unanimidad, a las dos solicitudes planteadas. Los informes (uno por cada pedido de remoción) concluyeron que Yunda sí incurrió en dos causales de remoción:

• Incumplimiento legal de ordenanzas o resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados.
• Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar la participación ciudadana.

El presidente de la Comisión de Mesa, Santiago Guarderas, convocó a los 21 concejales de Quito para dos sesiones presenciales a realizarse miércoles el 2 de junio de 2021.

La primera será a las 08:30 y tratará el pedido de remoción planteado por Quito Unido. La segunda se desarrollará a partir de las 15:30 y analizará la solicitud de remoción del Frente de Profesionales.

Las dos sesiones tendrán el mismo formato: cada parte dará a conocer sus pruebas durante una hora y luego tendrán 30 minutos para ejercer su derecho a la réplica.

Los concejales también podrán intervenir antes de la votación final.

La Comisión de Mesa establece que, si la remoción se concretaría en la primera reunión, la segunda también debe realizarse para cumplir con el proceso.

El Cootad establece que el vicealcalde será quien asuma las funciones de alcalde si este último es removido.

En el caso de Quito, el reemplazante sería el vicealcalde Santiago Guarderas, quien alcanzó una concejalía con  Unión Ecuatoriana, la misma organización política que auspició la candidatura de Jorge Yunda.

Pero luego de los primeros escándalos de corrupción que salpicaron al alcalde Yunda, Guarderas decidió alejarse y llegó a pedir al Alcalde renuncie.

En caso de que el Concejo Metropolitano apruebe la remoción, Yunda aún tiene opciones para evitar su salida.

Según el constitucionalista Ismael Quintana, el alcalde puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en un plazo de tres días hábiles para que revise si “hubo algún vicio o error en el proceso”.

Luego de analizar las pruebas, el TCE tiene 10 días para emitir un dictamen, mientras no haya una resolución, Yunda seguirá en el cargo.

“Si el TCE ratifica la decisión del Concejo Metropolitano, Yunda dejará de ser el alcalde de la ciudad”, explica Quintana.

De todas manera, Yunda podría acudir ante la justicia ordinaria para evitar su remoción.

Con la sentencia del TCE, Yunda puede acudir a un juez de primera instancia en busca de una acción de protección. Y luego continuar con el trámite hasta la Corte Provincial de Pichincha.

Según Quintana, si Yunda opta por este camino el caso podría solucionarse en unos tres meses. Pero si alguna de estas instancias aceptan la acción de protección, Yunda sería restituido en sus funciones.