La Fiscalía acusará a 25 personas de delincuencia organizada. Entre los procesados están los líderes de la red de Zoldan Corporeishon.
El 18 de junio de 2020, el nombre de Zoldan Corporeishon apareció involucrada en la corrupción hospitalaria que se empezó a desentrañar en medio de la crisis por Covid-19 en Ecuador.
Ese día, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía realizó 48 operativos en Quito, Daule, Samborondón y Guayaquil. Las diligencias dejaron 17 detenidos.
Entre los sitios intervenidos estuvo la sede de esta empresa, calificada como “la pieza clave de la investigación“, por la entonces ministra María Paula Romo.
Las diligencias se basaron en una denuncia del exgobernador del Guayas, Pedro Duart, el 20 de mayo de 2020.
El entonces funcionario conoció a través de información reservada que en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, existían procesos de compras públicas con posibles sobreprecios y donde se estaba beneficiando a proveedores.
Justamente las investigaciones empezaron en esa casa de salud. La Fiscalía abrió un caso por delincuencia organizada. Fueron vinculadas 35 personas, entre exservidores del hospital y vendedores de insumos médicos.
La instrucción fiscal terminó. Y el 4 de enero de 2021 la Fiscalía General presentará las pruebas obtenidas en contra de 25 procesados. En relación con los otros 10, la Fiscalía presentó un dictamen abstentivo y el juez del caso confirmó su sobreseimiento.
Estas son las 10 personas que salen del caso al haber sido ratificadas como inocentes:
- Ana María Zambrano, exmédico del Hospital Abel Gilbert.
- Daniel Vásconez, exanalista de planificación del Hospital Abel Gilbert.
- Pablo Yulán, exfuncionario del Hospital Abel Gilbert.
- Luis Cornejo, vendedor de productos farmacéuticos.
- Graciela Vera, vendedora de insumos médicos.
- Pedro Quiñónez, excoordinador de enfermería del Hospital Abel Gilbert.
- Álex Gutiérrez, exmédico del Hospital Abel Gilbert.
- Pedro Chicaiza, vendedor de insumos médicos.
- Daniela Guerrero, empleada de Z&U MED (empresa de la red Zoldán).
- Jerry Gómez, exasistente administrativo del Hospital Abel Gilbert.
Sí hubo red de corrupción
Aunque las pruebas se harán públicas en la audiencia del 4 de enero de 2021, en el dictamen abstentivo, la Fiscalía ya entregó datos sobre cómo operaba la red de corrupción y confirmó que la estructura iba más allá del hospital Abel Gilbert.
Los investigadores revisaron 33 contratos, que se firmaron entre el 1 de enero de 2019 y el 17 de junio del 2020. Todos a través de la modalidad de subasta inversa.
La investigación determinó que no existió un sustento técnico, económico o legal, que avale la forma de adjudicación de estos contratos, desde la fase preparatoria y precontractual, en donde los proveedores adjudicados contaron con información privilegiada.
Para llegar a esta conclusión, la Fiscalía y la Policía Judicial valoraron:
- Los análisis telefónicos del seguimiento a los procesados.
- Estudios de los expertos en contratación pública.
- Información remitida por varias instituciones como la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y el Servicio de Contratación Pública (Sercop).
- El análisis de movimientos financieros reportados por la UAFE y el SRI.
La Fiscalía halló la existencia de “una organización delincuencial estructurada de más de dos personas que venía operando de forma reiterada en distintas casas de salud a nivel nacional desde 2019“.
Los proveedores de insumos médicos que pertenecían a dicha organización tenían roles en la planificación, organización y ejecución de los delitos, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Estas personas se valían de servidores públicos, quienes abusando del cargo que ostentaban, los beneficiaron con la adjudicación de contratos por USD 21,9 millones saltándose los controles legales.
Los beneficiarios fueron:
- Javier Andrade con tres contratos por USD 1 millón.
- Karina Ayala con dos contratos por USD 2,5 millones.
- José Blacio con dos contratos por USD 875.000.
- Eduardo Salazar con cinco contratos por USD 5 millones.
- Pedro Chicaiza con cuatro contratos por USD 4,3 millones (sobreseído).
- Myriam Toris con dos contratos por USD 560.348.
- Carlos Camacho con dos contratos por USD 1,4 millones.
- Álex Cornejo con tres contratos por USD 2,5 millones.
- Kennya Herrera con dos contratos por USD 1,8 millones.
- Patricia Rodríguez con seis contratos por USD 1,7 millones.
La mano de Zoldan
Dentro de los beneficiarios de los contratos del Abel Gilbert aparecen Javier Andrade y Karina Ayala, quienes constan en la auditoría externa que Insightaud Audit Support hizo a Zoldan Corporeishon, en 2018.
Andrade Lara, con USD 872.289, y Ayala Tobar, con USD 691.398, eran los principales deudores de Zoldan en esa época.
Pero, paradójicamente, Andrade Lara era también el principal acreedor de la compañía. En la misma auditoría se detalla que Zoldan debía USD 1,1 millones a JRAL Medical, de su propiedad.
Además, entre los 25 procesados que serán acusados están Érika Zoldán y Laura Ulici, administradoras y accionistas de Zoldan Corporeishon. Y también con participación en otras tres empresas involucradas en el mercado de la salud.
En agosto de 2020, PRIMICIAS reveló que Zoldan era el centro de una supuesta red de corrupción vinculada a la venta de insumos hospitalarios.
Entre 2009 y 2020, 12 personas naturales y jurídicas alrededor de Zoldan se adjudicaron, al menos, 300 contratos, que suman USD 119 millones, la mayoría en 2019.
Esa investigación identificó un modo de operar a través de dos modalidades. El primero era cuando a la subasta se presentaba solo un proveedor, perteneciente a la red, y se adjudicaba el contrato luego de una negociación.
En el segundo mecanismo, que fue el más frecuente, a la subasta se presentaban varias ofertas, pero la entidad contratante calificaba solo a dos, ambos pertenecientes a la red. Y la puja era un “trámite”.
Ese segundo mecanismo fue uno de los hallados en el Abel Gilbert y justamente involucra a Zoldan y sus allegados.
Javier Andrade, por ejemplo, ganó un contrato para la compra de repuestos y accesorios para monitores multiparametros por USD 58.560. En el estudio de mercado se compararon las ofertas de siete provedores.
Pero para la comisión técnica del proceso solo Andrade y Sorin-Horea Chirculescu, otro cercano al grupo Zoldan, cumplían con todo lo solicitado y entraron en la puja. Andrade ofertó USD 58.650 y Chirculescu USD 59.593.
Además, la investigación de la Fiscalía confirmó que los tentáculos de esta red fueron más allá del Abel Gilbert.
A pedido de la Fiscalía General, un experto de la Contraloría General del Estado (CGE) analizó 95 contratos a escala nacional, que guardan relación con los procesados y que también tienen rastros de los modos de operar en la puja.
Estos contratos se suscribieron en Quito, Guayaquil, Loja, Ibarra y Portoviejo por USD 23.679.972,40, siendo los hospitales Carlos Andrade Marín y el Abel Gilbert Pontón los que más adquisiciones realizaron con el 20% y 13%, respectivamente.
De los estudios de mercado publicados en el portal de compras públicas, se identificó que las entidades recibieron las proformas de 47 proveedores. La mayor recurrencia en la presentación fue la de los proveedores Javier Andrade, Sorin-Horea Chirculescu y Karina Ayala Tobar.
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