El candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, Jimmy Jairala, detalló a PRIMICIAS sus planes de movilidad y de seguridad para la ciudad.
Jimmy Jairala Vallazza asegura que aprendió la lección y que no cometerá los errores que le indilgan cuando fue prefecto de Guayas (2009-2018).
El ahora candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, de 65 años, dice que prefiere no inmiscuir a su familia en cuestiones de la administración pública para evitar suspicacias.
"La quiero cerca en mi casa, no en el municipio", insiste.
Jairala, quien está próximo a casarse por segunda vez con la comunicadora Maluly Valdivieso, aprovecha cada oportunidad para denostar a su rival, la alcaldesa Cynthia Viteri, en este tercer intento por llegar al municipio de la ciudad.
El postulante recibe a PRIMICIAS en su oficina, en el octavo piso de un moderno edificio del norte de Guayaquil, para explicar el proyecto del tren elevado y cómo enfrentar a las microbandas que se han tomado varios sectores de la ciudad.
El próximo alcalde de Guayaquil deberá lidiar con las microbandas del narcotráfico, que se han tomado los barrios de la ciudad. ¿Qué propone usted para enfrentar este problema?
Lo primero es racionalizar el aporte del municipio a la Policía. Me da la impresión de que el municipio no se conecta ni coordina con la Policía.
Tienen 60 vehículos, no sé si alquilados o comprados, que a veces circulan solo con choferes y sin policías, porque a lo mejor no es eso lo que necesitaba la Institución, tal vez requerían de más municiones o chalecos.
Si hay un presupuesto de USD 350 millones para seguridad, seguramente se habrían direccionado mejor, pero hay fotos incómodas.
¿Cuáles son esas fotos incómodas?
En las que seguramente la alcaldesa Cynthia Viteri no quería salir junto al Ministro del Interior o de su representante, que es el gobernador.
Ese es el problema cuando se llega a la Alcaldía con la agenda de un partido (el Partido Social Cristiano).
¿No se sientan con el enemigo para no traicionar la línea partidista?
Exactamente. Hay un organismo que consta en el Código Orgánico de Organización Territorial, que se llama Consejo Cantonal de Seguridad, que nunca ha funcionado, porque ahí están las incomodidades para una alcaldesa que piensa solo en su partido.
Ahí tienen que estar el gobernador, la Policía, los dirigentes barriales, y por eso no se toman decisiones orgánicas.
Tal es así que hace pocos días el municipio anunció la instalación de cámaras de reconocimiento facial, pero no están conectadas con la base de datos de la Policía.
Y qué va a pasar, que el ciudadano que camine por la calle y es captado por una cámara, esa imagen va a un archivo del Registro Civil.
Este no es ningún aporte para que la Policía pueda hacer una labor preventiva.
Esos son los problemas que tiene Viteri, además de carecer de una propuesta de seguridad ciudadana.
¿Cómo resolver el problema del microtráfico en los barrios?
El problema de las bandas se da porque han ocupado los parques, las plazas que ha descuidado el municipio y que debe recuperarlas, como lo hicieron en Nueva York en las décadas del 70 y 80.
Hay que llevar vida a los parques y plazas con arte, baile, canto y actividades lúdicas. Eso mueve la economía del barrio. Cada parque que se rescata es una banda menos.
El 80% de los parques de Guayaquil está abandonado y el 20%, cerrado, y las llaves las tienen los dirigentes socialcristianos. La ciudad parece una hacienda y hay que comenzar a tratarla como una metrópoli.
¿Tiene un plan concreto para construir el tren elevado, existe alguna empresa interesada en la obra o se quedará como promesa de campaña?
De ninguna manera. Como la alcaldesa no sabe, dice que el pasaje costará USD 2,50 de ida y USD 2,50 de regreso.
Pero ignora que ese sistema existe en el mundo a través de la concesión y el que arriesga el capital es el concesionario, que va a inyectar en la economía USD 1.000 millones solo en la primera línea. Son 20 estaciones.
La primera línea podría salir desde La Pradera, pasar por Monte Sinaí y terminar en la Terminal Terrestre.
Este es un proyecto tan ambicioso que puede incluir convenios con otras alcaldías, como las de Samborondón, Daule y Durán, porque los trenes elevados no tienen obstáculos que los detengan.
Es un plan posible, el que arriesga será el inversionista, el pasaje no pasará de USD 1 y va a ser subvencionado.
Este modelo de concesión que plantea es precisamente el que tiene la Aerovía, cuyo consorcio ahora demanda al municipio para que le devuelva la inversión de USD 20 millones. ¿Cuál es la diferencia?
Aquí hay una diferencia. Esta concesión (la de la Aerovía) es diferente. La Aerovía nació muerta, porque el tramo entre Durán y el centro de Guayaquil es tan corto que ya se preveía lo que iba a pasar.
Es probable que el ciudadano que llegue de Durán trabaje en el sur. Para ver si se salva la Aerovía hay que procurar que con el mismo boleto se haga un transporte multimodal, pero para eso hay que revisar el contrato.
¿Cuál será la diferencia con la concesión del tren?
La diferencia es que la que invierte y arriesga el 100% será la empresa. En el caso de la Aerovía, el municipio puso USD 140 millones y el consorcio, USD 20 millones.
En el tren, el municipio no pondrá ni un centavo.
¿Las ganancias serán para el consorcio por 30 años?
El negocio lo tiene, pero recordemos que tiene que resarcirse de los USD 1.000 millones que invirtió.
¿El tren costará USD 1.000 millones?
Cada kilómetro costará, más o menos, USD 35 millones aproximadamente, pero en cada parada va a haber una plaza comercial para negocios y emprendimientos. No estoy hablando de fogones.
Serán 20 paradas solamente en la primera línea, que estará en dos años y medio. Al municipio le presentaron hace cinco años un proyecto de tren elevado, pero no le dieron pelota ni Jaime Nebot ni Viteri.
Hay que actualizar los estudios y convocar a la licitación internacional.
Es un tema que moverá al economía, al generar 8.000 empleos directos, porque si ganan los argentinos, chinos o alemanes no van a traer a 8.000 personas.
Ellos traerán a los técnicos o mano de obra calificada.
¿El tren estará integrado a la Metrovía?
Claro, pero a otra Metrovía. Hay que modernizarla, apuntar a que los vehículos sean eléctricos, climatizados y hay que sentarse a conversar con los dueños de ese negocio quebrado, que son los transportistas.
Abrieron un concurso para que los transportistas se anotaran para la troncal cuatro. Nadie se inscribió porque ese negocio no ha funcionado.
Y no es culpa de la pandemia. La mitad de los vehículos está abandonada en un cachón. Es un desastre. Súmele el otro desastre, la Aerovía.
¿Si el proyecto es tan ambicioso, por qué no consta en su propuesta registrada en el Consejo Nacional Electoral?
No está escrito en el plan de gobierno, pero sí hablo de un plan de movilidad. El problema es que no habíamos tenido acceso a él. Sabíamos que existía, pero no lo habíamos conseguido físicamente.
Lo obtuvimos dos semanas después.
¿Cómo resolver los problemas urgentes de la ciudad a largo plazo?
Hay que hacer dos trabajos paralelos. El primero será realizar una gran asamblea de Guayaquil para hacer un plan de desarrollo para los próximos 30 años, que no existe.
La ciudad es un caos en todo y ha crecido de manera desordenada.
En esa asamblea se deberán establecer los proyectos para los próximos 30 años, el tren, el nuevo aeropuerto y qué se hará con el viejo, la vía a la costa, para que los próximos alcaldes sigan las líneas gruesas del plan.
Además, se presentará la necesidad del Consejo Cantonal de Seguridad, que tiene que reunirse de acuerdo a la coyuntura.
Hay algo que me preocupa y es que el presupuesto del municipio baja cada vez más. Este año ha bajado a USD 733 millones.
Y se ha reducido porque hay un fenómeno, cada vez vive menos gente en Guayaquil. Están en la vía La Aurora, en Daule, y se están yendo ahora a la vía a Salitre. Es un tema central porque tributan en otros cantones.
¿Qué va a hacer con los contratos municipales investigados por la Fiscalía?
El primer primer problema que voy a encontrar es el hueco financiero que existe en la Alcaldía, establecido en más o menos USD 170 millones.
¿Usted ha confirmado esa cifra?
Son informaciones internas. Si es que no hubiera ese bache, ¿por qué no les pagan a los contratistas? Les deben más de USD 70 millones. Casi todos los contratistas están impagos.
Algunos incluso se han tenido que retirar, aceptar que los declaren contratistas incumplidos, porque no pueden seguir poniendo de su plata.
Es un secreto a voces en el municipio que para llegar a fin de año tuvieron que hacer un préstamo a un banco de USD 26 millones para poder pagar los gastos de noviembre y diciembre (2022) que demandaba la administración municipal.
¿Por qué se ha producido ese déficit financiero que obligó a que el municipio cambiara a la directora financiera?
Cuando se va a subir un contrato al portal de compras públicas debe tener una certificación presupuestaria.
Lo que me parece que ha pasado es que en la Dirección Financiera, posiblemente por presiones de la señora Viteri, extendían certificaciones sin sustento y ahora no tienen cómo reponer.
El fantasma de la narcopolítica ronda la campaña. ¿Cómo financia la suya en Centro Democrático?
Mi campaña es la más austera, camine por Guayaquil y busque cuántas lonas mías hay. Las campañas que más gastan son, primero la del PSC, que es descarada.
Una forma de hacer campaña con fondos del municipio es esta procesión de entrega de kits de alimentos.
La segunda campaña ostentosa en recursos es la de la Revolución Ciudadana, hay muchísima publicidad y la tercera es la Pedro Pablo Duart, bastante más lejos.
¿Quién lo asesora?
Mi asesor es Carlos Ferrín y se encarga de todo, incluso me ha servido para que mi campaña sea realmente austera, porque él mismo edita y diseña las piezas en redes sociales.
Y curiosamente fue asesor de Cynthia Viteri, pero estoy muy contento con Ferrín. Me hizo no cometer errores, como solamente bombardear la administración de Viteri y no proponer.
¿Hay empresarios financiando su campaña?
No. Dice la leyenda popular que el PSC se encarga de bloquear todas las fuentes de acceso a nuestra campaña. Yo no he hecho ni un bingo, no me he subido a una tarima.
Si voy mañana a La Ladrillera (al noroeste de Guayaquil), Cynthia se entera. Llego y me tienen todo forrado con lonas de ella.
¿Hay infiltrados de lado y lado?
Totalmente. Yo tengo un par de oídos en el municipio que me cuentan las cosas.
Eso ya es espionaje.
No, eso es normal en política.
¿Qué influencia tendrá su familia, su esposa o hijos en la Alcaldía?
No van a tenerla, porque está claro que son errores que uno no debe cometer dos veces. Yo lo reconocí.
¿Reconoce que pasó cuando fue prefecto?
No necesariamente pasó, pero no quiero tener a mi familia cerca, en mi casa sí, pero no en el municipio.
La Contraloría determinó irregularidades en al menos 25 contratos de la Prefectura, muchos de ellos en su administración. ¿Su esposa estuvo vinculada a las empresas observadas?
Me hicieron 185 auditorías, de las cuales 67 las enviaron directamente de la Prefectura a la Fiscalía. Me he presentado a rendir versión y en este momento, según mi abogado, quedan siete por resolver.
Hemos resuelto 60, de otra manera ni siquiera habría podido ser candidato. No tengo grillete, ni prohibición de salida del país, ni un solo juicio.
Debe ser porque presenté pruebas. Hablemos de las cabalgatas, hay fotos y videos. Una de las pocas cosas que hice y que tuvo difusión fueron las cabalgatas.
Hay fotos y videos, pero la Contraloría dice que faltan los sustentos de los pagos que se hicieron.
De otra manera ya me habrían enjuiciado. Todas la cabalgatas se hicieron. ¿Sabe cuánto se gastaba en cada cabalgata? USD 5.000. No lo estoy justificando, pero imagine que la Contraloría remita un Informe de Responsabilidad Penal por USD 5.000.
Eso hacen conmigo, mientras tanto la señora Viteri se gastó USD 19 millones en trapear Guayaquil, cuando ponerle agua a Monte Sinaí cuesta USD 70 millones y ahí no ha pasado nada.
¿Su esposa tuvo o no relación con las empresas observadas?
No tuvo relación. De hecho, ella ni siquiera ha sido llamada a declarar.
¿De qué vive usted?
Vivo de mi productora, de mi jubilación hace más de dos años. Cobro la máxima pensión, USD 1.800. La compañía paga IVA y vivo desde hace 14 años en Ciudad Celeste.
En 2018, usted pagó más de USD 7.000 en impuestos, pero los tres últimos años el pago fue cero, según el SRI. ¿Por qué?
Porque soy jubilado y estoy exento de pago, pero hay otros ingresos que sí he recibido que corresponden a la monetización de mis programas en Facebook y YouTube.
