El proyecto de ley abarca formación y capacitación, y licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada.
Con 123 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada el 5 de diciembre de 2023. Esto, en momentos del azote de la delincuencia en varias ciudades de Ecuador.
La Ley plantea una coordinación directa con la Policía y Fuerzas Armadas, a través de la creación de una Subsecretaría exclusiva de seguridad privada.
De ese modo, esas instituciones definirán el apoyo que puedan dar los guardias a la seguridad integral, aseguró el ponente del proyecto, el asambleísta Xavier Jurado.
La norma estipula que para ser parte de la seguridad privada se deberá cumplir procesos de formación y acreditación que les permita, entre otros, portar armas o no.
En un reporte de Ecuavisa, Jurado mostró su desconcierto por el hecho de que no se aprobara una reforma que incluía, para justificar la legítima defensa, el peligro inminente que amenace la vida o la integridad física. Aquello se votó por separado.
"Si un guardia es amenazado y su vida está en riesgo, quedaría en indefensión, igual para los ciudadanos. La normativa no se hacía para hacer una reforma solo para un sector, sino para toda la ciudadanía que pueda defenderse", señaló el asambleísta.
Su coidearia, la correísta Patricia Núñez, justificó la decisión. "Lo preocupante es que se le deja a la discrecionalidad de un miembro de la seguridad privada decir qué es peligro inminente (...). No se define qué es peligro inminente para que en función de eso puedan actuar", adujo.
La norma contempla mejorar las condiciones laborales para los guardias. Las compañías tendrán responsabilidad administrativa y hasta penal por el equipamiento de protección que les entreguen, como chalecos certificados.
Además, se amplían los controles sobre la afiliación al IESS y el respeto de las jornadas de trabajo. El pago de las remuneraciones no será en efectivo, sino en una cuenta formal.
La Asamblea remitirá el texto al Ejecutivo para su revisión y, si no hay observaciones, la norma entrará en vigencia.
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