El Gobernador de Santa Elena reconoció que se encontraron adjudicaciones irregulares en las 300 hectáreas donde se construirá la nueva cárcel. Al final, el SNAI legalizó 37 hectáreas. Comuneros de Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico reclaman propiedad de terrenos.
Un solo terreno tiene distintas adjudicaciones. Y hasta el Estado se cuenta entre las víctimas del tráfico de tierras. La situación de los predios donde se construirá la cárcel de Santa Elena simboliza el despojo y la usurpación de tierras comunales en la provincia.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) encontró a inicios de año que los terrenos cedidos para la cárcel por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tenían superpuesta otra adjudicación.
Se trata de 300 hectáreas de terrenos revertidos al Estado tras una hipoteca impaga al Banco del Azuay, que tras la quiebra de la entidad pasaron primero al Banco Central del Ecuador (BCE) y luego al MAG.
El gobernador de Santa Elena, Fabricio Tamayo, reconoció que se encontraron adjudicaciones irregulares sobre las 300 hectáreas donde se construirá la nueva cárcel. Al final, el SNAI legalizó a su favor 37 hectáreas donde se prevé levantar la nueva prisión, dijo.
El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que en dos semanas colocará la primera piedra en el lugar. Y, según la Gobernación, los terrenos están adjudicados, con los estudios de construcción y de impacto ambiental listos para el inicio de los trabajos.
Pero sobre los mismos terrenos persisten reclamos de socios comuneros en límites entre Bajada de Chanduy, de la parroquia Chanduy, y Juntas del Pacífico, de Simón Bolívar.
La reivindicación de la propiedad cuenta con el respaldo de la Federación de Comunas Ancestrales de la Provincia de Santa Elena (Fedecomse) y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Historial tras tres “dueños”
Los reclamos más airados provienen de una docena de familias posesionarias, los Cabrera Parrales y Cabrera Villón, que cuentan con una adjudicación de usufructo en la zona desde 1960. La cárcel intercepta parte de las 435 hectáreas de la finca La Envidia, dicen.
Ellos han conservado a través de los años un remanente de bosque seco tropical, un monte en los cerros en cercanías al recinto Don Lucas (Bajada de Chanduy), el poblado más cercano al sitio de construcción de la nueva prisión.
Y aunque el gobernador insiste en que la cárcel no se construirá en Bajada de Chanduy sino en Juntas del Pacífico, Donald Cabrera -comunero perjudicado- vio a los militares abriendo las trochas a inicios de marzo y volando drones para trazar polígonos en sus tierras.
Los Cabrera dicen nunca haber hipotecado ni vendido terrenos, pues las tierras por ley de las comunas ancestrales son propiedad inembargable, indivisible e inalienable.
No obstante, según la historia de dominio de las 300 hectáreas recibidas por el Banco Central, en 1993 Guillermo Ramírez Avelino las vendió a Carlos Rodríguez Vela. Un año después se venden de nuevo a la Sociedad Bergs S.A, que más tarde hipoteca los predios.
Aunque la información catastral del predio no se abrirá en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Elena, sino hasta 2007, según el documento.
Mientras, en 2012 el Banco del Azuay en liquidación transfiere el bien al BCE por USD 663.917. Los linderos oficiales carecen de coordenadas. Por ejemplo, al oeste de las tierras sólo se especifican “límites con terrenos de varios propietarios, con 1.500 metros”.
Pero además, en 2017 el Registro de la Propiedad inscribe un tercer dueño, la Asociación de Producción Agrícola Vencedores (Asoprogriven), en cuya representación consta Nues Mariano Mero Marcillo.
Una vista del ingreso a la comuna Juntas del Pacífico, ubicada cinco kilómetros al norte de donde se prevé construir una nueva cárcel, en el interior de la provincia de Santa Elena. API
“Venta ilegal se formaliza en Municipio”
Desde la Federación de Comuneros aseguran que Nues Mero Marcillo -beneficiario de la última adjudicación del predio denominado “Bergs”- es un presunto traficante de tierras que se habría enriquecido con la usurpación de bienes inmuebles en toda la provincia.
En este caso se produjo una supuesta adjudicación del Ministerio de Agricultura a la Asoprogriven, un traspaso cuestionado, aunque sacramentado en el Municipio.
Un terreno de 296,3 hectáreas, valorado en más de USD 600.000, según el BCE, se cede por solo USD 8.891, como consta en el registro del bien.
Este registro de propiedad -el de 2017- sí cuenta con coordenadas, aunque se repite en todos los linderos como una burla: “Colindante con presunta propiedad del Estado”.
"El tráfico de tierras es una de las actividades ilícitas más lucrativas del país con el tráfico de droga", apuntan los comuneros.
Los esquemas de tráfico de tierras en sitios como Durán (Guayas) muestran la implicación de notarías, direcciones distritales del MAG, Registros de Propiedad e incluso jueces.
El gobernador de Santa Elena coincide en que se trata de una adjudicación ilegal. “Hay que dejar claro que los predios de la cárcel son tierras que eran del Ministerio de Agricultura. Se las vendió ilegalmente y se las formalizó en el municipio, en una administración anterior”, señala.
Ante denuncias de presunta falta de socialización e información del proyecto de nueva cárcel, el funcionario informó que se ha reunido personalmente cuatro veces con los directivos de Juntas, en una de ellas con toda la comunidad.
También dice que la Fedecomse trata de politizar el tema. Y asegura que los comuneros de Juntas no se verán afectados.
La nueva cárcel de Santa Elena se construirá al norte del recinto Don Lucas (Bajada de Chanduy), en un remanente de bosque que cuenta con manantiales, piscinas naturales y un estrecho río. PRIMICIAS
“En riesgo un bosque primario”
Mientras Cabrera, comunero perjudicado, afirma que en Bajada de Chanduy el proyecto es inconsulto. Y que, como aún se desconoce el lugar exacto en el que se levantará la cárcel, esperan el inicio de la construcción para plantear acciones legales.
“Nosotros nos reafirmamos en la defensa de un cordón de cordillera que sobrepasa los 200 metros sobre el nivel del mar, del que emanan manantiales de agua dulce subterránea, que alimentan un río y beneficia a campesinos del recinto Don Lucas”, dice Cabrera.
“En el supuesto no consentido de que alguien de mi familia haya querido hipotecar las tierras, lo legal es que nadie lo hubiera podido hacer, porque son inembargables”.
Donald Cabrera, comunero.
De hecho, por la ambivalencia de los linderos o por "mala planimetría", los Laínez Ramírez temen que se intercepte y afecte también parte de 100 hectáreas de tierras comunales en Juntas. Son terrenos agrícolas en los que trabajan 20 familias por más de 80 años.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) apuntó en un pronunciamiento oficial que los reclamos se “suman a un sinnúmero de casos donde el poder político y económico destruye las tierras ancestrales de comunas de la Costa”.
El organismo denuncia que la construcción de la “mega cárcel” está relacionada con violaciones a derechos humanos como el despojo de tierras comunales y la destrucción de bosques primarios.
“Como organización de Derecho Humanos respaldamos las acciones de la comuna Bajada de Chanduy, Juntas del Pacífico y sus aliadas en su posición de rechazo a la construcción de la mega cárcel, al vulnerar sus derechos colectivos y de la naturaleza”, señala la CDH.
El Comité anuncia que activará también vías legales para consolidar este respaldo.
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