En el decreto 275, el Gobierno da sus argumentos del nuevo estado de excepción en siete provincias, pero no entrega el número total de muertes violentas a nivel nacional.
En pleno ascenso de las muertes violentas en Ecuador, y de masacres en zonas como Manta (Manabí), el Gobierno declaró el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país, la tarde del 22 de mayo.
La medida focalizada se aplicará por 60 días y donde la violencia ha empeorado en las últimas semanas, expresó el presidente Daniel Noboa en un video de casi dos minutos.
En su mensaje, Noboa aseguró que Ecuador empieza una segunda fase de la guerra contra el crimen organizado, y por ello, era necesario decretar la emergencia y permitir que los militares salgan nuevamente a las calles.
¿Qué argumentos y estadísticas detalla el Ejecutivo en su decreto? Según el decreto 275, la emergencia estará vigente solo en Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, y las amazónicas de Sucumbíos y Orellana.
También se incluye la población de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), donde su alcalde José Sánchez murió acribillado en abril.
Además, el decreto considera que en esas zonas "se han agudizado hechos de violencia sistemática, perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas e individuos beligerantes no estatales".
Sobre el número total de muertes violentas, una cifra 'oculta' en el gobierno de Noboa, el decreto señala que las siete provincias donde rige la emergencia suman 1.920 homicidios entre enero y mayo de 2024.
Agregan que estas muertes representan cerca del 87% el total nacional de homicidios, pero sin dar una cifra exacta de lo que ocurre en Ecuador.
Antes del gobierno actual, el total de homicidios y otros delitos reposaban en una plataforma online y pública del Ministerio del Interior.
También se indica que el 13% de los homicidios intencionales fueron masacres y en dos provincias concretas: Manabí y Guayas. Esta es "una caracterización que no se daba antes con tanta frecuencia", dice el Decreto.
Y otra realidad que estremece, según lo expresado en el documento, es que al menos 147 de las víctimas entre enero y mayo de 2024 son niños y adolescentes.
"Por tratarse de un grupo de atención prioritaria, se requiere una respuesta urgente y con medidas ordinarias y extraordinarias", indica el documento.
Ecuador violento y con miedo
Otro de los argumentos para justificar el estado de excepción es que el 76% de los asesinatos fueron ejecutados en espacios públicos y ante la mirada de la población civil, "con el propósito de causa terror, pánico social e impacto a la economía".
Un primer estado de excepción ya fue decretado por Noboa en enero de 2024, e incluso se declaró la existencia de conflicto armado interno para enfrentar al crimen organizado.
Aquella emergencia ocurrió tras la fuga de líder criminal alias 'Fito', lo que derivó en amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de autos bomba, la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías, así como una veintena de muertos.
Horas antes del nuevo decreto, la oenegé Human Rights Watch (HRW) señaló que aunque los crímenes han disminuido, han aumentado las extorsiones y los secuestros, y la situación de seguridad sigue siendo grave.
En una carta dirigida al presidente ecuatoriano, la organización denunció que la fuerza pública ha cometido serias violaciones de derechos humanos en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno.
Lo cierto es que pese a los esfuerzos, Ecuador sigue siendo un país violento: los homicidios treparon al récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a la tasa de seis en 2018.
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