Hacinamiento: Cárceles pierden más de 2.200 cupos por inseguridad o falta de adecuaciones
Las miles de detenciones del primer trimestre, en el estado de excepción, no se ven reflejadas en la ocupación carcelaria. Pero el centro de detención provisional de Guayaquil y la cárcel de Machala cuentan con una población dos veces superior a su capacidad.
La Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), la cárcel más violenta del país, registró en el primer trimestre del año un hacinamiento del 59% y 2.334 presos más de los que puede ocupar.
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El Gobierno Nacional informó de 11.000 detenidos en el estado de excepción desde inicios de año. Pero, en términos absolutos, el sistema carcelario registró un aumento de solo 606 reos en el primer trimestre de 2024. No obstante, se agravó el hacinamiento en las cárceles.
Las prisiones terminaron marzo con una población de 31.869 privados de libertad, según datos del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Con 4,155 plazas faltantes, el nivel de hacinamiento se mantiene al alza y se ubicó en 14,99%.
Pero en 15, de los 35 centros de privación de libertad del país, la sobrepoblación continuó aumentando hasta niveles desbordantes, con hacinamiento de entre el 50% y más del 100%.
La pérdida de capacidad de las prisiones alcanza cifras récord con más de 2.200 cupos inutilizados, hasta el 29 de marzo de 2024. Mientras que los proyectos de construcción de dos nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza no registran avances.
Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), informó que el Gobierno intentó convencer a la opinión pública de que a mayor número de detenidos, mayor la efectividad de la lucha contra el crimen organizado.
“El Gobierno, en el estado de excepción de inicios de año, iba subiendo el número de detenidos a diario, hasta los 11.000 aprehendidos, con los que el sistema habría colapsado. Al final, solo se procesaron penalmente a 195 personas”, apuntó.
“La crisis de seguridad continúa porque la única lógica es la detención, ni siquiera la rehabilitación. El número de detenciones no determina la efectividad de una gestión”.
Fernando Bastias, CDH
A nivel humanitario, la crisis carcelaria se materializa en falta de atención médica a privados de libertad, falta de separación por delito e ineficiente gestión del manejo administrativo y de la información, sin mencionar las supuestas violaciones de derechos humanos, dice Bastias.
Cárceles desbordadas
De hecho, dos prisiones superaron el 100% de hacinamiento en el primer trimestre del año. El Centro de Detención Provisional (CDP), en el complejo carcelario de Guayaquil, cuenta con una población más de dos veces superior a su capacidad (un hacinamiento del 139,08%).
Una situación similar atraviesa la cárcel de Machala, dos veces por encima de su capacidad instalada efectiva (hacinamiento del 100,16%).
Mientras que las cárceles de Ibarra, Quevedo, Riobamba, Macas, Jipijapa, Ambato, Guaranda y la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) se encuentran hacinadas por encima del 55%.
La Penitenciaría, por ejemplo, la prisión más violenta del país, cuenta con una capacidad instalada efectiva de 3.909 presos, pero hasta fines de marzo albergó a 6.243.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad destacó que el otorgamiento de beneficios penitenciarios, el cambio de régimen, los indultos y repatriaciones lograron reducir 15 puntos el hacinamiento entre 2021 y 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso.
En ese lapso, la población penitenciaria se redujo también en 19,96% (en 7.694 privados de la libertad). Y es que la sobreocupación llegó a situarse en 36% en 2018, con 37.802 presos.
Sin embargo, el hacinamiento vuelve a registrar una tendencia al alza desde 2022, cuando tocó un piso de 9,68% (el nivel mínimo desde 2017).
Pabellones enteros sin utilizar
Al panorama se suma la pérdida de 2.216 plazas de detención en el sistema carcelario, una cifra ligeramente por debajo de los cupos inutilizados en 2023, pero todavía a niveles sin precedentes en los últimos siete años.
El SNAI atribuye este aumento de las plazas inutilizadas a las condiciones de inseguridad o simplemente a instalaciones no adecuadas.
Hasta marzo de 2024, persistían -por ejemplo- 898 plazas carcelarias inhabilitadas temporalmente por seguridad en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de la cárcel de Azuay (Regional Turi).
El pabellón Tomebamba se encuentra sin funcionamiento. Adicionalmente, por daños en las instalaciones del Centro Provisional de Privación de Libertad del mismo complejo penitenciario, se reportan otras 60 plazas inhabilitadas temporalmente por seguridad.
También se demolió en noviembre de 2022 el pabellón conocido como “Consular” de la Penitenciaría del Litoral, por temas de seguridad, con una disminución de 236 plazas. Y los pabellones 2 y 10 permanecen destruidos desde las masacres carcelarias de 2021.
En medio de ese panorama, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Observatorio de Contratación Pública cuestionaron en un informe el bajo nivel de ejecución presupuestaria del SNAI en 2023. Solo ejecutó el 42% de su plan de inversión y reestructuración.
La Fundación subraya “una preocupante falta de inversión en la infraestructura carcelaria y en el fortalecimiento y protección del trabajo de guías penitenciarios”.
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