3.237 presos de ‘alto riesgo’ reubicados para evitar fugas

Sociedad

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

10 Sep 2020 - 0:03

Traslado de internos en el Complejo Penitenciario de Guayaquil, el 3 de septiembre de 2020. - Foto: Cortesía SNAI

3.237 presos de ‘alto riesgo’ reubicados para evitar fugas

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

10 Sep 2020 - 6:13

Se cumple el primer mes del Estado de Excepción en las 48 cárceles de Ecuador. Los traslados se han dado, mayoritariamente, entre dos cárceles de Guayaquil, para evitar motines y fugas como se han dado en Machala y Tulcán.

El complejo penitenciario de Guayaquil contempla dos cárceles: el Centro de Rehabilitación Social Varones 1 o antigua Penitenciaría del Litoral y el Centro de Privación de Libertad Zona 8, conocido como La Roca.

En una de estas cárceles, concretamente en la Penitenciaría, 11 presos murieron y otros 20 resultaron heridos el 3 de agosto de 2020. Fue una riña sangrienta entre bandas de delincuentes, donde incluso incineraron los cuerpos de dos internos.

Tras el nuevo enfrentamiento, el Gobierno recurrió a una medida aplicada ya con anterioridad: invocar el Estado de Excepción en las cárceles. El Decreto Ejecutivo se expidió el 11 de agosto, un año después de la anterior emergencia carcelaria.

Con la medida, un contingente militar se desplazó hasta las 48 cárceles del país. La disposición también abarca la reubicación de internos, especialmente los considerados de “alto riesgo”, según parámetros de tipología del centro de reclusión y seguridad.

Los traslados son, en esencia, para evitar fugas o amotinamientos, explica a PRIMICIAS el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI).

Luego de casi un mes del nuevo Estado de Excepción, datos del SNAI detallan que 3.237 internos han sido trasladados.

Casi todos fueron reubicados en el Complejo Penitenciario de Guayaquil y unos pocos en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Guayaquil “posee el mayor porcentaje de población carcelaria a nivel nacional”, según el subdirector de Rehabilitación Social, Orlando Jácome.

Solo la Penitenciaría tiene 9.899 internos, pero su capacidad es para 5.036. Hay un hacinamiento del 98%. Mientras que, en la misma ciudad, la Regional Zona 8 o La Roca tiene 4.025 y con espacio para unos 345 internos más.

La cifra de traslados en 2020, específicamente durante la actual emergencia carcelaria, representa un 25% más que la registrada en todo 2019, cuando fueron reubicados 2.597 internos.

Un contingente militar se ubicó afuera del Centro de Rehabilitación Social de Quito, el 17 de agosto de 2020.

Un contingente militar se ubicó afuera del Centro de Rehabilitación Social de Quito, el 17 de agosto de 2020. Cortesía SNAI

Traslados incompletos y cuestionados 

Con el traslado de reclusos, el SNAI busca aislar a los internos más peligrosos. También aspira a quitar el control de las cárceles a las mafias, una tarea que ha resultado hasta ahora casi imposible.

Tal cual ha reconocido el comandante de la Policía a PRIMICIAS, general Patricio Carrillo, las bandas de ‘Los Choneros’ y ‘Los Lagartos’ han protagonizado las historias de violencia en las cárceles desde 2008.

El escenario principal de estos enfrentamientos ha sido la Penitenciaría de Guayaquil, que en 2019 registró cinco motines y seis fallecidos. Entre los muertos hubo un jefe de guías de seguridad carcelaria.

Sobre las mafias en las cárceles, el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, expresa que la Policía conoce a los cabecillas de las bandas.

“Todos saben quiénes son, pero nadie actúa. Falta decisión política y recursos financieros para acabar con la violencia”, señala Navarrete.

El titular del CDH también critica la modalidad de los traslados que realiza el SNAI. “No existe tal clasificación de internos, en el anterior Estado de Excepción no se lo hizo y tampoco ahora”.

Como muestra de esta falencia, explica Navarrete, está el caso de un joven de 18 años acusado de tráfico de tierras y que recuperó la libertad en agosto de 2020, tras probar su inocencia.

“Él era estudiante universitario y estaba en un pabellón de máxima seguridad por un delito menor y en medio de reos peligrosos”, cuestiona el activista.

Personal de las fuerzas Armadas realiza controles al ingreso de la Penitenciaría del Litoral, el 13 de agosto de 2020.

Personal de las fuerzas Armadas realiza controles al ingreso de la Penitenciaría del Litoral, el 13 de agosto de 2020. API

“Emergencia es lucrativa para mafias” 

Un reporte del SNAI indica que en 2019 se efectuaron 760 operativos de control en los centros de reclusión. Fue así que los agentes penitenciarios y la Policía decomisaron más de 9.900 armas, la mayoría de fabricación artesanal.

 

Mientras en lo que va el 2020 y durante el nuevo Estado de Excepción, el SNAI ha aplicado la “entrega voluntaria de armas”.

Con base en estas estrategias, por ejemplo, los internos de la cárcel El Inca de Quito entregaron 250 objetos cortopunzantes o armas blancas. En la cárcel de Loja también se recolectó un número similar de armas.

“Muchas acciones se logran con la conversación y no con violencia”, señala el Director del SNAI, Edmundo Moncayo.

El trabajo del titular del SNAI, sin embargo, ha sido cuestionado: no se reducen los delitos y las mafias siguen operando dentro de las cárceles, particularmente en las de Guayaquil. Eso motivó el reclamo del presidente Lenín Moreno y la posterior declaratoria de emergencia carcelaria a nivel nacional.

Para Billy Navarrete, del Comité de Derechos Humanos, el decomiso y entrega de las armas son una especie de medidas parche, porque no erradican la problemática. “Es necesario luchar contra la impunidad y la corrupción de los guías penitenciarios que permiten el ingreso de armas, celulares o drogas”.

“Un Estado de Excepción es lucrativo para las mafias porque elevan el valor de los objetos prohibidos, que luego venden a los otros internos”.

Billy Navarrete, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos.

Tres fugas en una semana

Hacinamiento, falta de atención médica, déficit de guías penitenciarios de hasta un 70% y corrupción son algunos problemas de las cárceles expuestos en el informe del Comité de Derechos Humanos en 2019.

Este documento se elaboró tras la terminación del primer Estado de Excepción, en agosto de 2019.

“Pese a la militarización en los exteriores de las cárceles y la serie de operaciones policiales de requisa, persiste una secuencia de hechos violentos con uso de armas que incluyen asesinatos con extrema crueldad”, señala el documento.

Tras su publicación, el SNAI contestó al Comité de Derechos Humanos. En una carta dirigida a Navarrete, Edmundo Moncayo asegura que la crisis carcelaria es resultado de acciones y omisiones del aparato de justicia en el pasado.

Por ello, agrega Moncayo, “el mejoramiento del sistema no depende de la acción de una administración, sino del trabajo conjunto de las acciones del Estado”.

A la crisis carcelaria durante un Estado de Excepción se suma otra problemática recurrente: las fugas de internos. En la primera semana de septiembre de 2020 se han reportado tres: en las cárceles de Quevedo (Los Ríos), Machala (El Oro) y Tulcán (Carchi).

En este último caso, ocho presos fugaron de la cárcel de Tulcán. Seis han sido recapturados, uno murió y otro sigue prófugo. Mientras que en el centro de reclusión de Machala, cinco internos huyeron el 7 de septiembre. Un día después fueron aprehendidos nuevamente.

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