Desde este lunes, 93 familias damnificadas de Zaruma recibirán esta ayuda económica, por USD 252,66. Pero el apoyo social del Gobierno está previsto hasta abril de 2022.
Este lunes 10 de enero de 2022 comenzará la entrega del bono por desastre para los damnificados del socavón en Zaruma.
Se trata de una ayuda económica que el presidente Guillermo Lasso ofreció en su visita al cantón, el 16 de diciembre de 2021, y autorizó vía decreto ejecutivo el 6 de enero.
Hoy firmamos el Decreto Ejecutivo para que, a través de @InclusionEc, se entregue el bono de contingencia a familias afectadas por el socavón en Zaruma.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) January 6, 2022
Trabajamos por los zarumeños. 🇪🇨#JuntosCumplimos pic.twitter.com/IIXcoPjGSV
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) está a cargo del “Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico”, como se lo denominó dentro del presupuesto general del Estado.
El ministro Esteban Bernal explicó a PRIMICIAS que 93 familias se beneficiarán con los USD 252,66 del bono por desastres. Este monto equivale al 50% de la canasta básica familiar.
Según el decreto de Lasso, el dinero se entregará “en un solo pago y por una sola ocasión”, con carácter “emergente y excepcional”.
Bono por desastres y otras ayudas sociales
El bono por desastre no solo cubre a los núcleos familiares que estaban asentados en la zona del socavón.
“Dentro de la cobertura de protección social integral, también incorporamos a las familias del área circundante que sufren las complicaciones comerciales económicas”, dijo el ministro.
El MIES, agregó, estuvo a cargo de la identificación de los damnificados, de su calificación y de coordinar con el Ministerio de Finanzas para contar con los recursos, de forma inmediata.
Adicionalmente, los afectados, tanto de la zona urbana como rural, han recibido 1.602 ayudas, que van desde kits de alimentos, de vestimenta y zapatos, tanto para adultos como para niños, menaje de cocina, juguetes y botellas de agua.
Las entregas comenzaron desde que Zaruma fue declarado en estado de excepción, por calamidad pública, el mismo 16 de diciembre, cuando Lasso visitó la zona afectada.
Desde que comenzó la emergencia, el Gobierno ha destinado USD 24.000 en recursos del Estado para ayuda social.
Bernal indicó que el Gobierno -con el apoyo de donaciones- destinará USD 100.500 en ayuda social a los damnificados de Zaruma, hasta abril de 2022.
Es decir que se mantendrá hasta que dichas familias puedan, a la par, reactivarse económicamente, aunque para eso no hay fechas.
Mecanismo de 2016
Aunque con otro nombre, el Gobierno de Rafael Correa aplicó un mecanismo similar para las familias damnificadas por el terremoto de abril de 2016.
Fueron tres tipos de bonos:
- Alimentos, por USD 100, financiados con fondos del Programa Mundial de Alimentos.
- Acogida, por USD 150, para personas que daban alojamiento a sus familiares damnificados.
- Alquiler, por USD 135, para quienes arrendaban hospedaje en inmuebles de terceros.
Lídice Larrea, exministra de Inclusión Económica, recuerda que estas ayudas se entregaron durante seis meses y que representó un gasto de USD 6 millones. Pero reconoce que no es el mejor mecanismo.
“Un país lleno de subsidios y bonos no es el mejor. Son paliativos e incentivos que se dan para enfrentar una situación determinada, como la de 2016, que devastó a gran parte de las familias ecuatorianas”, dijo la exfuncionaria a PRIMICIAS.
Lo ideal, agrega, es un post acompañamiento. "Nosotros lo implementamos a través de créditos con el Bono de Desarrollo Humano, asesoramiento de emprendimientos y capacitación”.
Para Larrea, los bonos deben lograr, en parte, que las personas mejoren su condición y que no dependan de estos. “No debe ser por largos periodos, entre menos personas dependan de un bono, mejorará la situación del entorno, territorio y país”.
Casi seis años después del terremoto, que dejó 673 fallecidos, más de 6.000 heridos y 28.775 personas albergadas, las familias damnificadas reclaman la anunciada reconstrucción en las provincias afectadas.
Un informe de la Contraloría General del Estado, de 2020, determinó que 1.543 viviendas no se terminaron de construir en Manabí, por el incumplimiento de 62 contratistas, a las cuales se les entregó un anticipo de entre el 50% y el 70%. La obra tenía un costo de USD 11.709.974.
Para resolver el problema de infraestructura en Zaruma, afectado por la actividad minera, el Gobierno de Lasso destinará USD 3,5 millones en reforzamiento del suelo.
La remediación del hundimiento tomará nueve meses, aunque el estado de excepción terminará el 16 de febrero.
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