El primer caso es el de "Casa Amiga", ubicada en Sucumbíos. Tres mujeres y sus hijos tuvieron que salir del lugar. La Red Nacional de Casas de Acogida responsabiliza al Gobierno.
Actualmente, en ese espacio solo permanecen dos mujeres víctimas de violencia y sus familias, pero no saben hasta cuándo. Tras el cierre del lugar deben ser trasladadas a otra casa de acogida para no quedar en la calle.
Para ellas, regresar a sus hogares no es una opción, pues allí viven sus agresores y significaría volver a vivir el infierno del que huyeron.
El problema es que la falta de presupuesto también amenaza a otras 100 mujeres y a sus hijos que viven en las ocho casas de acogida que son administradas por la Red Nacional de Casas de Acogida
Su directora, Geraldine Guerra, dice que este problema es el resultado de la falta de asignación de recursos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos.
Esta entidad es la encargada de velar por los derechos de las mujeres que han sufrido violencia, a través de convenios suscritos con la Red.
A finales de 2021, la organización social denunció que el funcionamiento de estas casas está en riesgo de terminar porque el Gobierno no ha anunciado una fecha para la entrega de los recursos.
Guerra sostiene que la "Secretaría nos ha hecho un llamado a resistir y a mantener los servicios de acogimiento, pero sin ninguna certeza sobre la transferencia de presupuestos".
Agrega que la única respuesta que han recibido desde la entidad gubernamental es que existe la asignación de recursos, pero que habrá una convocatoria para que las organizaciones sociales vinculadas con la atención a mujeres víctimas de violencia participen y logren la adjudicación de los convenios.
La activista dice que no hay una fecha exacta para el llamado al concurso y se pregunta: ¿Mientas se adjudican los acuerdos, con qué dinero funcionan las casas de acogida para atender a las mujeres y a sus familias?
¿El Estado va a dejar en abandono a las mujeres vulnerables?
La preocupación de Guerra aumenta, pues asegura que cada año la violencia contra las mujeres se incrementa.
2021 fue el año en el que más mujeres fueron víctimas de femicidio. Solo la Fundación Aldhea contabilizó 181 en Ecuador.
Un presupuesto que no alcanza
Cada una de las ocho casas que son parte de la Red Nacional de Casas de Acogida recibe un presupuesto anual de USD 126.000.
Geraldine Guerra, vocera de la organización, dice que ese monto sirve para solventar el 40% de los gastos que tiene cada casa. "Sobre todo el pago de los siete profesionales que tenemos y para dos de las cinco comidas de las mujeres y de sus hijos", indica.
El otro 60% de recursos necesarios proviene de los emprendimientos creados por las propias usuarias de las casas.
Por ejemplo, las mujeres que viven casa de acogida que funciona en Tena elaboran y venden artesanías. En otras casas, como la de Orellana, venden productos de limpieza y en Cuenca venden pan.
"El dinero que obtienen de esas actividades es utilizado en pago de servicios, Internet, ropa, movilización, productos de limpieza y muchas cosas que se necesitan".
Geraldine Guerra
La activista dice que, muchas veces, las autoridades olvidan o no saben cómo funciona una casa de acogida. "Estos espacios son como una casa cualquiera. Hay necesidades diarias y a veces no hay dinero que alcance", explica.
Guerra dice que está a la espera de que la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, acepte una reunión urgente con representantes de las casas de acogida para explicarle la actual situación que viven las mujeres víctimas de violencia.
¿Qué dice la Secretaría de Derechos Humanos?
En un comunicado de prensa difundido el 3 de enero, la Secretaría de Derechos Humanos asegura que el presupuesto de 2022 destinado a las casas de acogida y a los centros de atención integral supera los USD 2 millones.
Explica que ya ha comunicado a las organizaciones sociales que "contamos con el presupuesto para la transferencia de recursos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo".
Sin embargo, dice que en los próximos días realizará una convocatoria abierta para que todos los Centros de Atención Integral y Casas de Acogida puedan presentar sus propuestas para adjudicar nuevos convenios.
Según la entidad, al momento "no existe una lógica en la distribución de recursos".
Agrega que "el presupuesto no se define con relación al número de atenciones, al costo de la vida en el territorio y a los requerimientos de una atención integral que asegure que las mujeres y sus dependientes puedan realmente romper el círculo de violencia".
Mientras que existen casas de acogida que no han sido beneficiadas de los fondos para el fortalecimiento de su gestión, sostiene.
Es por eso que señala que durante este año trabajará en dos áreas:
- Fortalecimiento de los servicios de protección integral, con un financiamiento de USD 12 millones. Entre estos está la implementación de la estrategia integral de atención con los Centros Violetas.
- Proyecto de prevención de la violencia y atención a grupos prioritarios con un monto de USD 12 millones.
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