Luego de tres meses del lanzamiento de esta iniciativa del Gobierno, el número de homicidios intencionales subió a 107 a escala nacional.
Nota actualizada a las 14:30 con las declaraciones de Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa.
En los últimos tres meses, el número de homicidios intencionales en Ecuador subió un 22,99%. Este incremento coincide con la puesta en marcha de la Gran Cruzada por la Seguridad Nacional, que anunció el Gobierno.
El 29 de agosto, el presidente Lenín Moreno, acompañado por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y del viceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, visitó en Guayaquil el Fuerte Militar Huancavilca y el Cuartel Modelo de la Policía Nacional, para anunciar la cruzada.
El discurso en ambos lugares fue el mismo: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajarían coordinadamente para combatir la delincuencia y reducir el índice de delitos.
Según el Ministerio de Gobierno, el indicador de los homicidios es la principal muestra sobre la seguridad en un país.
En agosto en Ecuador se registraron 87 homicidios intencionales, en septiembre subieron a 93 y en octubre, a 107.
Por homicidio intencional se entiende cuando existe la voluntad de matar a una persona. En el COIP esta figura está señalada únicamente como homicidio.
¿Y la Gran Cruzada?
PRIMICIAS consultó a los ministerios de Gobierno y Defensa cuáles son los resultados, cuántos operativos conjuntos entre policías y militares se han realizado, cuál ha sido la participación de cada institución en la iniciativa desde el 29 de agosto.
La Cartera de Gobierno no respondió. Defensa solicitó redirigir la consulta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, institución que tampoco dio respuestas.
En los portales oficiales y perfiles de redes del Ministerio de Gobierno, del de Defensa y de la Presidencia de la República tampoco hay información.
El día del lanzamiento de la cruzada, con el Hashtag #SeguridadParaTodos, la iniciativa fue tendencia en las redes sociales de Ecuador, impulsada desde todas las cuentas del Gobierno.
En los siete días posteriores, hasta el 5 de septiembre, los gobernadores de Cañar, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Pastaza, Santo Domingo y Los Ríos tuvieron entrevistas en medios de sus localidades para reforzar el mensaje de la cruzada.
Ese mismo 5 de septiembre, además, el vicepresidente Otto Sonnenholzner visitó la Escuela de Formación de Policías de Babahoyo, como parte de la Gran Cruzada por la Seguridad Nacional. Pero a partir de esa fecha no hay más registros de actividades.
Desde agosto, no solo los homicidios han aumentado. Según los últimos datos del Ministerio de Gobierno, el robo a negocios pasó de 445 a 466 entre agosto y septiembre.
Mientras que los robos de bienes, accesorios y autopartes de vehículos, de domicilios, a personas, de carros y de motos han disminuido ligeramente en el mismo período.
Los indicadores de seguridad ciudadana no muestran una tendencia marcada a la baja, la sensación de inseguridad entre la población continúa, según una encuesta de la firma Click Report.
Click Report preguntó en noviembre a 760 personas en Quito y Guayaquil si en el último año ellos o miembros de su familia fueron víctimas de algún delito, asalto o robo. El 48,90% de los encuestados respondió que sí.
Hay límites legales
El gobierno no ha comunicado las implicaciones jurídicas de la cruzada, pero el 1 de agosto de 2018, la Corte Constitucional dejó sin efecto las enmiendas que la Asamblea hizo a la Constitución en 2015.
En una de esas enmiendas se abría la puerta para que las Fuerzas Armadas pudieran complementar el trabajo de seguridad interna, junto con la Policía.
Pero con la decisión de la Corte Constitucional, los militares ya no tienen un marco legal para actuar en las calles reforzando la seguridad.
Rodrigo García, gobernador de Santo Domingo, explicó que los militares únicamente han colaborado en el control de armas y explosivos, tal como lo hacían antes del lanzamiento de la cruzada.
Esto último complicó aun más la posibilidad de que la Gran Cruzada por la Seguridad Nacional se concrete en hechos.
Este viernes 29 de noviembre de 2019, durante su informe anual, el ministro Jarrín confirmó que el papel de las Fuerzas Armadas ha sido el control de armas y explosivos, que es para lo que están facultados.
Añadió que con la Gran Cruzada lo que se ha implementado es un mayor coordinación con la Policía Nacional.
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