Guayaquil debate el rol de la seguridad privada en la lucha contra la delincuencia

A inicios de diciembre los sectores productivos de Guayaquil se reunieron con el gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duart. La cita sirvió para que el empresariado opine sobre los problemas de seguridad que aquejan a la ciudad.

Luego del encuentro, representantes de 16 cámaras y gremios de la producción firmaron una carta dirigida al presidente Lenín Moreno.

En la misiva, los líderes gremiales piden al Gobierno tomar medidas a corto y mediano plazo para combatir la delincuencia.

En el primer grupo, consideran “necesario e impostergable que se incorpore a las compañías de seguridad privadas a estas sesiones de trabajo”. Además piden eliminar el Impuesto de Consumos Especiales (ICE) a la importación de armas destinadas a compañías de seguridad.

Respuesta de las empresas

Rodrigo Peralta es vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad (Anesi). Él dice que su gremio está dispuesto a colaborar y que ya se mantuvo una reunión con la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El país cuenta con 45.000 policías, mientras que agentes de seguridad privados hay 70.000. Peralta cree que ese contingente puede servir como soporte.

¿Cómo? Peralta habla de mejorar los canales de comunicación y pone un ejemplo: “Un agente que custodia un local comercial observa todo a su alrededor, puede detectar personas sospechosas. Cuando eso ocurre, debe llamar al ECU 911”.

Desde esa central se envía a efectivos de la Policía. La idea es que el contacto sea directo, para mejorar los tiempos de respuesta.

Reforma legal

Oswaldo Castro, gerente de la empresa de seguridad Vicustodia, coincide sobre la importancia de la cooperación. Pero cree indispensable una reforma legal, que incluya a policías, militares y guardias.

La idea, dice, es que quede claro el uso de la fuerza en defensa propia.

Cita el caso del guardia que murió asesinado por un delincuente en Quevedo. “Él estaba armado, pero no disparó porque probablemente temía las consecuencias judiciales”, lamenta.

Una de las medidas a largo plazo, que plantean los gremios productivos de Guayaquil, va en esta línea.

“El Gobierno debe proponer reformas al COIP dándole mayor libertad de acción y protección a la Policía Nacional y Fuerzas Armdas para el cumplimiento de sus funciones”, destaca la carta enviada al presidente Moreno.

Ahí es donde se abre el debate. En la primera alcaldía de Jaime Nebot, cuando lanzó su plan Más Seguridad, incorporó a los guardias privados a la vigilancia de espacios públicos.

Eso generó los reclamos de sectores sociales de la ciudad porque lo consideraron una “privatización” de la seguridad ciudadana.

La carta de los gremios productivos aún no tiene respuesta por parte del Gobierno, peor ha despertado el debate en distintos sectores de Guayaquil.