La Contraloría ha detallado irregularidades en los servicios públicos de salud. Sin embargo, los casos no avanzan en la vía penal. Y el Gobierno no ha concretado las correcciones.
La Red Pública Integral de Salud está, ahora, en el centro de atención de la Contraloría.
Esta Red incluye a los servicios que ofrecen las casas administradas por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
La última intervención se anunció este 19 de febrero de 2020, en Guayaquil. El contralor Pablo Celi recorrió el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que es administrado por el IESS, y anunció una emergencia de control público para cinco casas de salud de esa ciudad: dos del IESS y tres del ministerio.
Celi catalogó como crítica la situación del Teodoro Maldonado. Por esta razón, se ha decidido intervenirlo completamente.
Casos y más casos
La Contraloría informó a PRIMICIAS que solo en 2019 aprobó 59 informes de auditoría sobre las actividades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Estos exámenes forman parte de un plan de control emergente que la Contraloría hizo al IESS, desde mayo de 2019. El saldo de estas acciones administrativas fue de 60 destituciones y USD 88 millones en glosas.
Los exámenes se centraron en seis aspectos:
- Operaciones administrativas y financieras de los seguros administrados por el IESS.
- Construcción de hospitales.
- Adquisición y existencias de medicamentos, insumos y equipos médicos.
- Derivaciones y pagos a prestadores de salud privados.
- Administración del talento humano.
- Legalidad de los convenios de pago suscritos para cubrir obligaciones.
A raíz de los 59 informes aprobados, la Contraloría emitió 15 con indicios de responsabilidad penal (IRP).
Entre las irregularidades que presumen el cometimiento de un delito están los contratos complementarios para la adquisición de insumos para traumatología a través ínfimas cuantías y pagos de honorarios a profesionales, en Babahoyo.
También la construcción y el equipamiento del Hospital General de Machala. El contrato para esta actividad se hizo a través de régimen especial sin contar con el análisis de viabilidad técnica y económica del proyecto.
Para la construcción del hospital Los Ceibos, uno de los cinco que será intervenido por la Contraloría, también se suscribieron contratos sin contar con el análisis de viabilidad técnica y económica del proyecto, así como sin los permisos de construcción.
En el Teodoro Maldonado Carbo, por otro lado, se adquirieron medicamentos bajo la modalidad de convenio de pago, sin justificación técnica ni legal para la aplicación de esta figura excepcional.
Estos nuevos casos de presunta corrupción se suman a los ya conocidos que ocurrieron durante la administración de Ramiro González y María Sol Larrea en el IESS a nivel nacional. Y de Iván Espinel en Guayas.
La denuncia más reciente la hizo la Secretaría Anticorrupción. La entidad demandó a González y Larrea por peculado, debido a la adjudicación de un contrato para la compra de medicamentos por USD 6,5 millones en 2012.
Fiscalía no avanza
De los 15 informes con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría envió a la Fiscalía General en 2019, ninguno ha sobrepasado la etapa de investigación previa.
Es decir, que los casos siguen siendo reservados. No aparecen en el sistema de la Función Judicial, no hay procesados y, menos aún, imputados.
La Fiscalía indicó a PRIMICIAS que la mayoría de los casos (ocho) responde a un posible delito de peculado. Esto quiere decir que los funcionarios abusaron, se apropiaron o dispusieron de bienes, dinero o documentos que estaban a su cargo.
También hay investigaciones por presunto tráfico de influencias, falsificación y uso de documento falso y retención ilegal de aportaciones a la seguridad social.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la fase de indagación previa podrá estar abierta hasta dos años. Si cumplido ese período, la Fiscalía no formula cargos y procesa a personas, el caso será archivado.
El Ministerio no se salva
Pero, los problemas en las casas hospitalarias no son exclusivos del IESS.
En los últimos dos años, la Contraloría ha emitido 127 informes de auditoría sobre hospitales y 25 tienen indicios responsabilidad penal. Tampoco en estos casos, la Fiscalía ha hecho públicos los avances.
Incluso, el propio vicepresidente Otto Sonnenholzner reconoció en una entrevista radial que en el Gobierno conocen sobre los casos de corrupción en la compra de medicamentos.
En junio de 2019, además, la Fiscalía abrió una investigación previa en contra del Ministerio de Salud por supuestas fallas en los resultados de las pruebas de detección de VIH-SIDA.
En este caso la Fiscalía allanó los laboratorios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en Guayaquil; del Centro de Salud tipo A Morete, en Puyo; y en las bodegas del Ministerio, en Quito.
El caso de las pruebas para la detección del VIH con supuestas fallas fue la principal prueba en el juicio político contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa.
Ella fue reemplazada en el cargo por Catalina Andramuño. Sin embargo, aunque ya no estaba en funciones, la Asamblea Nacional la censuró políticamente.
Ante las denuncias, Iván Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS, en noviembre de 2019 habló de la posibilidad de crear un comité de ética, de la desvinculación de los funcionarios que aparecen en los informes de Contraloría y de una evaluación a los directores provinciales.
Sonnenholzner, en cambio, indicó que se está preparando un sistema para la compra de medicamentos en el que no participen las autoridades de salud y que pronto sería presentado al país.
Sin embargo, ninguna de las dos alternativas se ha concretado.
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