Los plazos para el aborto en caso de violación, de entre 12 y 18 semanas de gestación según la edad de las víctimas, son criticados por políticos y activistas.
El proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación enfrentó a dos posiciones radicales entre quienes reclaman el derecho de las mujeres a recibir una oportuna atención de salud y quienes defienden la vida desde la concepción.
Y esa polémica, que nace desde actores y colectivos sociales, irremediablemente se reflejó entre los legisladores aunque no era el debate que les correspondía hacer.
El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto en casos de violación en Ecuador. Y, dejó en manos de la Asamblea regular la aplicación de esa norma.
Eso era lo debía ocurrir este 17 de febrero de 2022. Pero, entre negociaciones y cambios de última hora, la Asamblea aprobó un texto que no deja conforme a nadie.
Tanto es así que, minutos después de que el proyecto de ley fuera aprobado, ya recibió críticas de colectivos feministas y de los mismos asambleístas.
La ponente del texto, Johanna Moreira (Izquierda Democrática, partido de tendencia socialdemócrata), adelantó que ha tenido acercamientos con algunos asambleístas para modificarlo nuevamente.
El principal punto de inconformidad tiene que ver con los plazos en los cuales se permitiría que una mujer que ha sufrido una violación pueda abortar: 12 semanas de gestación para las mayores de 18 años y hasta 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas.
"Hay que reconocer que la ley, tal como está, no garantiza los derechos de las mujeres que han sufrido una violación.
Johanna Moreira
Y adelantó que ya están analizando lo que pueden hacer para modificar el texto, que se resume en dos caminos:
- El primero es plantear a la Asamblea una reforma al documento para ampliar los plazos.
- El segundo es acudir a la Corte Constitucional para interponer una acción de inconstitucionalidad.
"Los actuales plazos son discriminatorios. Estoy segura de que muchas niñas y adolescentes no podrán acceder a un aborto seguro porque es difícil que puedan reconocer que están embarazadas hasta la semana 20 de gestación", explicó Moreira.
Agregó que en los sectores rurales "muchas niñas no entienden lo que pasa dentro de sus cuerpos cuando están embarazadas, por lo que es posible que sean obligadas a continuar con sus embarazos".
Por eso confía en que la Corte Constitucional identificará que la ley es regresiva en derechos y que requiere modificaciones.
En esto concuerda el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, también de la Izquierda Democrática. Él dice que la aprobación del proyecto "deja un sabor agridulce porque se consiguieron los votos, pero con plazos muy cortos que perjudican a las mujeres de los sectores vulnerables".
Los dos asambleístas, sin embargo, consideran que "la aprobación es un hecho histórico para el país porque en el pasado hubo intentos de dar paso a una ley similar y no se pudo".
Moreira cuenta que, tras no alcanzar los votos necesarios en la primera votación, el objetivo fue evitar que el informe de minoría tome fuerza entre los legisladores.
"Tuvimos que ajustar los plazos, pero sin llegar a lo que el informe de minoría proponía porque ese texto sí atentaba contra las mujeres".
Johanna Moreira, asambleísta
Esa propuesta limitaba a seis semanas el plazo para que las mujeres mayores de edad que sufrieron una violación puedan acceder a un aborto y a 12 semanas a las menores de 18 años.
¿Qué dicen los colectivos feministas y las organizaciones provida?
Las representantes de los colectivos feministas Surkuna y la Fundación Desafío concuerdan en que el proyecto aprobado por la Asamblea está lejos de ser una ley justa y reparadora con las víctimas de violencia sexual.
La directora ejecutiva de Surkuna, Ana Cristina Vera, también considera que los plazos para la práctica del aborto en casos de violación son discriminatorios porque no todas las mujeres, sobre todo las niñas, pueden identificar un embarazo en el tiempo establecido por el Legislativo.
Y aseguró que la temporalidad aprobada fue parte de una negociación política que "condenará a la clandestinidad a las mujeres que quieran practicarse un aborto fuera de esos plazos".
Desde la Fundación Desafío anunciaron que buscarán los mecanismos legales y constitucionales hasta que la ley no exija plazos para que una mujer que ha sufrido una violación puede acceder a un aborto.
"Es lo mínimo que podemos exigir porque estamos hablando de una violación. De un delito condenado en el Código Penal".
Cristina Vera, Surkuna
Desde las organizaciones autodenominadas provida, en cambio, cuestionan la ley porque da paso a que el aborto se practique libremente en el país.
José Ignacio Gómez, director de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, una organización católica, dijo a la agencia de noticias EFE que en el país hay "una gran mayoría que rechaza cualquier tipo de aborto".
Y puso como ejemplo a las más de 150.000 firmas presentadas ante el presidente, Guillermo Lasso, de rechazo a la medida.
En esta misma línea, el asambleísta Ricardo Vanegas, electo por el movimiento indigenista Pachakutik, pidió al Jefe de Estado vete totalmente el proyecto aprobado.
Lasso, quien ha adelantado en varias oportunidades que vetará el proyecto "si va más allá del fallo de la Corte", es la última esperanza de los grupos autodenominados provida.
Lo que todavía resta por saber es si el veto será parcial o total. En el segundo caso, el texto no podrá ser tratado en el Legislativo por al menos un año.
Los puntos más importantes del proyecto
El proyecto aprobado por la Asamblea fue debatido desde junio de 2021 cuando la presidenta Guadalupe Llori recibió una propuesta de ley de manos de la Defensoría del Pueblo por mandato de la Corte Constitucional.
En estos siete meses se identificaron tres nudos críticos que quedaron plasmados en el texto de la siguiente manera.
1. Plazos para el aborto
Este fue el punto más crítico del proyecto. La Comisión de Justicia cambió tres veces los plazos para lograr consensos en el Pleno de la Asamblea, pero eso no fue suficiente.
La asambleísta y ponente Johanna Moreira tuvo que hacer un ajuste de último momento en el día de la votación, pues en un primer intento el proyecto no alcanzó los 70 votos necesarios para su aprobación.
El texto en un inicio planteaba que las mujeres mayores de 18 años tenían un plazo de 28 semanas para practicarse un aborto, mientras que las menores de edad podían hacerlo sin ninguna restricción.
Con los cambios, el texto final establece estos plazos:
- 12 semanas para quienes tienen más de 18 años.
- 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas.
- En las mujeres con discapacidad se verificarán las mejores prácticas médicas con la Guía de Práctica Médica del Ministerio de Salud
2. Requisitos
Cualquier mujer que sea violentada sexualmente y que decida terminar el embarazo deberá llenar un formulario que respalde su decisión.
Con el objetivo de que el documento sea de fácil acceso, la Asamblea determinó que el formulario sea:
- Gratuito.
- Disponible en establecimientos públicos y privados.
- Traducido a los diferentes lenguajes que existen en el país.
El proyecto detalla que “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación”.
Y añade que “todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción, en el plazo máximo de 24 horas”.
3. Objeción de conciencia
"La objeción de conciencia será personal y no institucional". Así lo establece el proyecto de ley que trata la despenalización del aborto en casos de violación.
Según el asambleísta José Agualsaca, de la bancada correista UNES, eso quiere decir que un hospital no puede tener como política institucional la negativa de practicar abortos a mujeres víctimas de violencia sexual.
Moreira agrega que los médicos que en un inicio se hayan negado a practicar un aborto haciendo uso de la objeción de conciencia podrán cambiar de opinión, "pero ya no podrán volver a alegarla en el ámbito público ni privado".
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