El monopolio de la comida para los presos está bajo observación

Las empresas interesadas en proveer el servicio de alimentación para los presos de las 53 cárceles ecuatorianas deberán presentar sus ofertas hasta el 5 de octubre de 2020.

El presupuesto referencial es de USD 20,9 millones. Y se estima que el contrato sea adjudicado hasta el 12 de octubre.

Este es el segundo intento del Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) por encontrar una empresa para este objetivo. El primer proceso de contratación tuvo que ser declarado desierto por irregularidades en la empresa interesada.

Contratista inhabilitado

El primer proceso fue lanzado el 28 de enero de 2020. Y hasta el 2 de marzo de 2020, solo una empresa realizó una oferta para obtener la adjudicación.

Se trata de Lafattoria S.A. Esta compañía ha manejado -prácticamente- un monopolio del servicio de alimentación de las cárceles del país.

Entre 2012 y 2017, esta entidad acumuló 19 contratos con el Estado por USD 92 millones. Incluso, según el Servicio de Contratación Pública (Sercop), seis de esos procesos todavía están pendientes.

Según la Superintendencia de Compañías, esta empresa fue creada en marzo de 2008. Está radicada en Guayaquil. Y su objeto social es la administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas y centros comerciales.

Sus accionistas son la entidad Asesoría Empresarial Riasem y Richard Villagrán. Su administradora es Aracely Pincay.

Riasem, que tiene la mayoría del paquete accionario, es de propiedad del propio Villagrán y de su socia Rosa Mueckay, quien también fue administradora de Lafattoria en períodos anteriores.

El 5 de marzo de 2020, la Comisión Técnica del SNAI calificó la oferta de Lafattoria y le solicitó su oferta económica inicial. Y el 12 de marzo se recomendó su adjudicación por USD 22,8 millones.

Pero ese mismo día, el Sercop solicitó respuestas a varias observaciones al proceso por inconsistencias técnicas y jurídicas. Una de estas hacía referencia a una inhabilitación de Villagrán en el sistema del Sercop.

Por esta razón, el 17 de marzo se declaró la suspensión temporal del proceso. Y el SNAI pidió en reiteradas ocasiones a Lafattoria solucionar el incoveniente.

Pero la compañía indicó que eso tomaría tiempo, ya que, debido a las restricciones por el covid-19, no era posible tramitar la habilitación de Villagrán ante el Sercop.

La Comisión Técnica solicitó al Departamento de Asesoría Jurídica del SNAI un criterio sobre lo que ocurría. Esa instancia recomendó declarar desierto el proceso y esa fue la decisión que se tomó el 25 de mayo de 2020.

Nuevo proceso

Por los problemas de Lafattoria y la declaración del primer intento como desierto, el 4 de septiembre de 2020 el SNAI lanzó un nuevo proceso para buscar un proveedor de alimentación para los presos.

Nuevamente, Lafattoria aparece entre los 6.749 proveedores invitados para participar en la licitación.

Por el paso del tiempo y la reducción de presos que vivió el sistema carcelario ecuatoriano durante la pandemia, ahora la convocatoria tiene algunas diferencias.

Antes se buscaba una oferta de USD 24,4 millones para 236 días de servicio: un costo de por día de USD 103.736,34. Ahora el presupuesto es de USD 20,9 millones para 212 días, es decir, USD 98.572,50 por día.

En el Informe de Necesidad, el SNAI indica que el servicio debe brindarse todos los días en tres tiempos (desayuno, almuerzo y merienda), para adultos; y en cinco tiempos (desayuno, almuerzo, merienda y dos refrigerios) para adolescentes infractores.

El presupuesto diario por persona es de USD 2,50, incluyendo los dos refrigerios para los menores. El SNAI antes presupuestó comida para unos 41.494 presos y ahora lo hace para 39.429 personas.

El nuevo proceso de contratación se da en medio de una emergencia carcelaria. En agosto, el presidente Lenín Moreno declaró por segunda ocasión el estado de excepción en los centros de reclusión.

En ambos casos, las declaratorias se debieron a eventos violentos al interior de las cárceles, pero que nunca se detuvieron.

Los detonantes de esos hechos son varios. Los más recurrentes son las guerras entre bandas criminales, las quejas de los presos por la mala comida y la falta de medidas de seguridad por el coronavirus.

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