El 53% de los privados de libertad del país no tiene instrucción académica completa, pero no todos participan en los programas ofertados en las cárceles.
Durante la construcción del programa de mejora de las cárceles ecuatorianas, sobre el final del gobierno de Lenín Moreno, el Ejecutivo levantó un estudio sobre la población penitenciaria.
Las cifras analizadas tienen un corte hasta mayo de 2021 e indican que el sistema de rehabilitación social ecuatoriano alberga a unos 38.999 presos.
Uno de los ítems abordados fue la instrucción académica, y según el informe el 47% de los presos tiene educación primaria y un 5% ningún tipo de instrucción.
Es decir, hay un 53% de la población penitenciaria o 20.669 detenidos que no tienen instrucción. Ellos pasaron ya por un centro de alfabetización o concluyeron la educación primaria.
Estas personas tienen la oportunidad de ingresar a los programas ofertados por el Ministerio de Educación al interior de las cárceles. Pese a la oferta, 6.924 presos se matricularon a clases hasta mayo de 2021.
Es decir, solo el 34% de los presos sin educación completa está asistiendo a clases al interior de las cárceles. Mientras que el 18% del total de la población carcelaria participa de actividades educativas.
Los jóvenes estudian más
Según los datos del Ministerio de Educación, los presos jóvenes están más interesados en estudiar.
El 36% de los matriculados corresponde a detenidos entre 18 y 30 años, y el 34% a personas de 31 a 40 años. Mientras más avanza la edad, hay menos estudiantes: solo el 2% de los matriculados es de la tercera edad.
Además, la información oficial señala que el mayor grupo de estudiantes detenidos está en la Zona 3, que agrupa a Manabí y Santo Domingo. En estas provincias hay 2.431 matriculados.
Luego, viene la Zona 1, que agrupa a las provincias de la frontera norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos). En las cárceles de estas provincias hay 1.038 estudiantes.
Seguridad antes que educación
El sistema carcelario ecuatoriano se compone de dos ejes: la seguridad y la rehabilitación social.
Fausto Cobo, director del Servicio de Atención Integral (SNAI), indicó que por la crisis que viven las cárceles nacionales, con varios incidentes llenos de violencia y muerte, la prioridad ahora es restablecer la seguridad.
Es decir, que el Estado, a través de los cuerpos de seguridad, retome totalmente el control de los centros penitenciarios. Y, posteriormente, se pensará en el eje de rehabilitación, donde se incluye la educación a los presos.
Incluso, el Gobierno aprobó ya un proyecto de reestructuración de las cárceles para los próximos cuatro años, que tendrá un financiamiento de USD 75 millones.
Según Cobo, este dinero se utilizará para infraestructura, tecnología y seguridad, pero no mencionó al tema educativo o de rehabilitación.
Por su parte, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, indicó que el plan sí contempla un enfoque de rehabilitación, con énfasis en los derechos humanos.
Una de las primeras acciones, ofrecidas por Ordóñez, es mejorar las condiciones de los niños de 0 a 36 meses que viven en las cárceles del país, junto a sus madres.
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