No se conoce el avance de las investigaciones en el crimen de Efraín Ruales. Quienes llevan la defensa de otras víctimas, solicitan igualdad en la eficacia de la justicia.
A más de una semana del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, no se tienen certezas sobre cómo avanza la investigación.
Para la abogada y experta en casos de desaparición, Jeny Vargas, si bien se deben respetar los procesos investigativos, “esto no se puede traducir en falta de transparencia de la información”.
Es decir, -dice Vargas-,“la familia de la víctima y la sociedad requerimos que las instituciones y autoridades entreguen información porque no es un tema privado. Más allá de la figura de quién era la persona, es un tema de la comunidad”.
El silencio o hermetismo de la información, explica Vargas, lleva a preguntarse “¿dónde está la actuación de las instituciones? y si no pueden investigar, o no quieren”.
Estas son las dudas que continúan debatiéndose en redes sociales. El hashtag #JusticiaParaEfraínRuales se mantiene activo con publicaciones relacionadas a la falta de información sobre quiénes son los responsables del crimen.
“Si la impunidad se convierte en un patrón, corremos el riesgo de ser un país que sea inseguro en todos los aspectos y que aumenten los casos de violencia” dice Vargas.
La incertidumbre se da por otros casos que han sido mediáticos y que han quedado en la impunidad.
También hay procesos abiertos en los últimos seis meses, donde los familiares y abogados de las víctimas denuncian públicamente supuestas estrategias para dejar los casos en la impunidad.
El caso Roberto Malta
Roberto Malta, de 38 años, y su esposa estaban por subir a su vehículo la noche del 5 de septiembre de 2020, cuando fue atropellado por un vehículo que iba a velocidad.
Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, que ahora han servido de evidencias para el juicio que tal vez no se va a poder realizar.
La conductora Kenny A., quien habría estado bajo efectos del alcohol, fue detenida el día del accidente, pero la jueza que recibió la causa, Heydi Borja, decidió darle medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva o grillete electrónico.
Para el abogado de la familia Malta, José Massu, este fue el primer paso hacia la impunidad. “La jueza tenía toda la capacidad de mandar a la chica a su casa con un grillete electrónico. Si ella hubiera hecho eso, no estaríamos hablando de impunidad”.
La defensa de la implicada presentó como pruebas de arraigo, para no ir a prisión y defenderse en libertad, un RUC de cosmetología -es decir, que trabajaba de manera independiente-, una planilla de electricidad de la casa de la mamá y un contrato de alquiler de una oficina.
“¿De qué forma esto le impedía a ella fugarse? Otra cosa es que ella tuviera una casa, hijos en el colegio o un contrato laboral de dependencia. Le dieron la oportunidad de fugarse”, dice Massu.
El caso avanzó hasta el llamamiento a juicio por parte del juez, pero el problema es que no pueden juzgarla hasta que ella sea capturada.
“Ese pequeño detalle, de haberle puesto un grillete electrónico, hubiese impedido la fuga de la chica”, dice Massu.
El caso Lisbeth Baquerizo
La madre de Lisbeth Baquerizo, de 30 años, no ha podido llorar la muerte de su hija desde ese 21 de diciembre, cuando recibió la fatal noticia.
“Lisbeth está muertita”, le decía al teléfono el suegro de Lis.
A la familia no le convencía la escena que la habían construido para hacerle creer que su hija se había caído por las escaleras.
Sin cumplirse los protocolos de autopsia, intentaron enterrar a Lisbeth y no conocer realmente la causa de su muerte.
Antes de que terminara el tiempo de la flagrancia, la familia Baquerizo fue a denunciar al esposo de su hija como el presunto asesino.
La autopsia revelaba que Lisbeth había sido golpeada con un objeto cortopunzante que había provocado desprendimientos en la piel, que después fueron pegadas con pegamento.
El acta de defunción que había gestionado el esposo de Lisbeth establecía que su muerte fue por causas naturales.
Desde entonces todo ha sido cuesta arriba. Audiencias suspendidas, la boleta de detención para fines investigativos se emitió después de que el sospechoso se fugó e incluso hubo hasta confusiones de la unidad de competencia.
“Se han provocado muchos incidentes con el fin de dilatar el proceso”, dice el abogado de la familia Baquerizo, Silvio Henrriquez, “porque los elementos de convicción están. Hay videos donde se demuestra quien es la única persona que entra y sale de ese domicilio el día 21 de diciembre”.
Aún así no fue detenido y él ya está fuera del país. Su familia ha asegurado el patrimonio haciendo los traspasos de bienes, creando el camino para no dejar el caso en impunidad.
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