Quito da tratamiento solo al 3,5% de sus aguas contaminadas

Sociedad

Autor:

Jonathan Machado

Actualizada:

1 Mar 2022 - 19:09

Imagen de las aguas contaminadas del río Monjas, en el norte de Quito, el 19 de febrero de 2022. - Foto: API

Quito da tratamiento solo al 3,5% de sus aguas contaminadas

Autor:

Jonathan Machado

Actualizada:

1 Mar 2022 - 19:10

La Empresa de Agua Potable señala que la ciudad necesita al menos 22 plantas para dejar de contaminar los ríos. El problema es la falta de recursos.

Uno de los mayores problemas ambientales de Quito desde hace más de 20 años es la contaminación de sus ríos.

La Empresa de Agua Potable (Epmaps) reconoce que este problema se origina por la escasa capacidad para tratar los 3.400 litros de aguas contaminadas y servidas, que producen cada segundo los 2,7 millones de habitantes de la capital.

El subgerente de la entidad, Galo Rivadeneira, explica que actualmente la Epmaps apenas trata el 3,5% de las aguas contaminadas.

El funcionario admite que es un porcentaje bajo, pues las siete plantas con las que cuenta la ciudad son pequeñas.

“Toda el agua que se produce en Quito viaja por el sistema de alcantarillado y lo que no se trata llega hasta el río Guayllabamba que, a su vez, desemboca en el río Esmeraldas”, agrega Rivadeneira.

Según la Secretaría de Ambiente, el río Guayllabamba no es el único que tiene altos niveles de contaminación. A la lista se suman los ríos Machángara, Monjas, San Pedro, Santa Clara y Pita, los más importantes que atraviesan la ciudad.

La entidad explica que el agua de un río tiene buena calidad cuando contiene un máximo de 0,3 miligramos por cada litro (mg/L) de grasas o aceites.

Pero ninguno de los ríos mencionados cumple con ese parámetro: el Machángara presenta 16 miligramos por litro, el río Monjas tiene 11,2 mg/L; y el Guayllabamba, 3,6 mg/L.

Otro parámetro es la cantidad de oxígeno. La máxima permitida es 40 mg/l para la preservación de la vida acuática y silvestre, pero todos presentan niveles mucho más altos, a excepción del río Pita.

  • Machángara: 44,42 miligramos.
  • Monjas: 197,46 miligramos.
  • Guayllabamba: 47,64 miligramos.
  • San Pedro: 42,23 miligramos.
  • Santa Clara: 48,18 miligramos.
  • Pita: cinco miligramos.

Carlos Páez, director del Centro de Investigación y Control Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, dice que el agua contaminada de Quito llega hasta los cultivos y las personas que se asientan en las riberas, ocasionando graves problemas de salud.

Rivadeneira estima que Quito necesita unas 22 plantas de tratamiento distribuidas en parroquias urbanas y rurales.

“Hemos visto buenos frutos en los alrededores de la parroquia de Quitumbe. Una planta que funciona desde 2016 ha ayudado a la descontaminación de las aguas que pasan por ese sector”, asegura.

Páez sostiene que las aguas que se descontaminan en esta planta representan un porcentaje mínimo con relación al volumen que no recibe tratamiento.

Falta de recursos

Uno de los proyectos más importantes de la ciudad para la descontaminación de los ríos es la construcción de la planta Vindobona, ubicada en San Antonio de Pichincha.

A pesar de que el inicio de su construcción estaba previsto en 2019, aún no comienza.

El subgerente de la Epmaps, Galo Rivadeneira, dice que el mayor impedimento es la falta de recursos. “Son más de USD 800 millones los que se necesitan para que ese proyecto se levante”.

Agrega que a ese monto hay que sumarle otros USD 50 millones por cada una de las 22 plantas de tratamiento que necesita la ciudad.

El funcionario sostiene que el Municipio de Quito está en la búsqueda de una alianza público-privada para la construcción del proyecto Vindobona. Reconoce que es una tarea difícil, pues se trata de una inversión elevada.

Además, señala que la Epmaps se halla en conversaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para conseguir recursos y construir dos plantas:

Una planta estará ubicada en el valle de Tumbaco y otra en el valle de Los Chillos, con una inversión cercana a los USD 150 millones.

Si se concretan esas iniciativas será posible tratar al 70% de las aguas contaminadas de la ciudad.

El director del Centro de Investigación y Control Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, Carlos Páez, añade que es muy difícil que el Municipio de Quito pueda encontrar los fondos para la construcción de las plantas de tratamiento.

Por ello, considera que “el Gobierno central también debe involucrarse y más aún cuando la cantidad de aguas residuales que produce Quito representa entre el 10% y el 15% de lo que genera todo el país”.

Los dos entrevistados coinciden en que existen las soluciones técnicas, pero lo más complicado es conseguir el dinero para concretarlas.

Ordenanza verde-azul para Quito

Las aguas contaminadas que llegan a los ríos de Quito impactan directamente en las 182 quebradas que recorren la ciudad.

Dos de los puntos más preocupantes son las quebradas Carretas y El Colegio.

Casas en el borde de la quebrada Carretas, el 9 de febrero de 2022.

Casas en el borde de la quebrada Carretas, el 9 de febrero de 2022. Jonathan Machado / Primicias

En la primera, la erosión de la quebrada ha ocasionado que 90 viviendas estén a punto de irse al abismo.

Mientras que en la zona de la quebrada El Colegio existe la posibilidad de que una hacienda patrimonial sea arrastrada por el río Monjas.

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que señala que el Municipio vulneró el derecho de los dueños de la hacienda a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en conexión con el derecho al hábitat seguro.

La sentencia de la Corte no se limita a lo que ocurre en esa zona, sino que señala que “el Municipio de Quito también vulneró el derecho de las personas que viven a lo largo de la cuenca del río Monjas, así como de los habitantes de la ciudad“.

Y resolvió que el Municipio debe crear una ordenanza verde-azul para reparar los daños ambientales.

Galo Rivadeneira, subgerente de la Epmaps, dice que la entidad trabaja en la elaboración de ese documento para cumplir con la sentencia del máximo órgano de interpretación constitucional.

El presidente de la Comisión de Ambiente del Municipio, Juan Manuel Carrión, agrega que “la municipalidad no tiene otra opción que cumplir el dictamen de la Corte”.

Sostiene que la responsabilidad de la actual situación de las quebradas no recae únicamente en el Municipio sino también en la población, que arroja basura y escombros en ellas.

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