La secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, aseguró a PRIMICIAS que el plan piloto del censo penitenciario reveló que en la cárcel de Turi hay detenidos que tienen hijos con discapacidad.
El primer censo penitenciario de la historia del país inició el 22 de agosto de 2022 en las cárceles de Carchi y Loja.
Los encuestadores visitarán los 36 centros de privación de la libertad de Ecuador hasta el 7 noviembre, cuando se cerrará el proceso en Guayaquil.
En entrevista con PRIMICIAS, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores Jaramillo, encargada de la ejecución del censo, se refirió a lo que se hará con la información que resulte de esta encuesta.
¿Qué información buscan obtener con el censo penitenciario?
El cuestionario es el que usa el INEC, con nombres, edad, lugar de nacimiento, si adolece de alguna enfermedad catastrófica, si tiene hijos menores de edad, si pertenece a la población GLBTI y su nivel de educación.
Ahora se se incorporan otros datos, como cuál es su sentencia, los años de condena.
"En el censo piloto que se realizó en la cárcel de Turi, nos dimos cuenta de que muchos privados de la libertad tienen niños con discapacidad".
Paola Flores.
Eso nos ayuda a coordinar con las diferentes carteras de Estado.
Muchos de ellos indicaron también que necesitan tener espacios de esparcimiento, para el tiempo libre. Son factores que necesitamos ir acondicionando para una verdadera política pública.
Esta es la primera vez que se hace un censo penitenciario para saber la situación sociodemográfica de las personas privadas de la libertad.
Esperamos que para los primeros días de diciembre los resultados del censo estén tamizados con estadísticas.
¿Cuánto va a costar realizar este censo y qué institución lo asume?
El presupuesto salió de la Secretaría de Derechos Humanos y costará USD 250.000. Esta inversión no es mucha frente a lo que vamos a obtener con este censo.
Estamos marcando un hito al saber cuántas personas privadas de libertad existen, aún más cuando sabemos que debemos bajar el hacinamiento en las cárceles, que desde 2021 era del 26%, ahora tenemos un 8%.
Para eso también se necesita dinero, ¿se ha aumentado el presupuesto para aplicar la política pública?
No, no se ha aumentado, porque cada cartera de Estado es responsable de su presupuesto para atender a la política pública.
Esto no es solo un trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos, sino de todas las carteras de Estado para que se dé un fiel cumplimiento y sobre todo se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad.
Encuestadores del INEC realizan el censo penitenciario en la cárcel de Tulcán, Carchi, 22 de agosto de 2022. Secretaría de Derechos Humanos
¿Qué pasó con el presupuesto ofrecido para mejorar la infraestructura? ¿Se ha evaluado la construcción de un nuevo centro carcelario?
Es prioridad del Presidente de la República solventar todo el tema de las condiciones, tanto de infraestructura como de personal humano.
Pero una vez que tengamos la evaluación del censo, se tomarán las mejores decisiones y se valorará si se construye otro centro de privación de la libertad.
¿Qué ocurre en las cárceles donde hay una relativa calma -como en las de Guayas- y desmanes en otras, como en Santo Domingo? ¿Existe un verdadero proceso de pacificación?
Hay un proceso de pacificación. Tengo entendido que en las cárceles de Azuay y Santo Domingo han comenzado por entregar las armas.
Pero más allá de los conflictos, que sí se dan entre bandas, nosotros necesitamos generar las condiciones para darles una segunda oportunidad a los privados de la libertad.
¿Cuáles fueron las bandas que entregaron las armas y cuál fue el compromiso para desarmarse?
De todo ese tema de pacificación se encarga directamente el Sistema de Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI), que puede dar los datos más precisos de cuántas armas entregaron voluntariamente.
Ese es otro problema de la crisis carcelaria, que no hay una institución que responda por lo que ocurre ahí. ¿Quién se va a ser responsable de las cárceles?
En cuanto a mí, como presidenta del Organismo Técnico, tengo que hacer que la política pública se ejecute y una de las maneras de hacerlo es a través del censo penitenciario.
Pero el SNAI es el encargado de la seguridad, es el custodio de las personas privadas de la libertad.
¿Qué institución da seguimiento a los procesos judiciales por los más de 400 asesinatos en las cárceles?
Yo creo que es el mismo sistema de Justicia el que debe dar seguimiento, más allá de nosotros, como entes de la política pública.
Pero directamente al que le competente es al Consejo de la Judicatura, son ellos los que tienen que responder y hacer el seguimiento, también con el SNAI.
La justicia es también una forma de reparación a las familias. ¿La Secretaría de Derechos Humanos da seguimiento para saber qué sucedió y quiénes son los responsables de las muertes?
Directamente no, nosotros hacemos un acompañamiento, por ejemplo en los indultos. Tratamos de bajar el hacinamiento, porque eso también obedece a que se violenten algunos derechos de las personas privadas de libertad.
Con quienes fallecieron, hacemos un proceso de acompañamiento de duelo con las familias, desde cómo se entregan los cuerpos. porque también en esos espacios se pueden vulnerar muchos derechos.
En lo judicial, eso hace directamente la Defensoría del Pueblo.
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