Ecuador inició el lunes 22 de agosto el primer censo penitenciario de su historia, con el que busca registrar a los más de 32.000 presos de las 36 prisiones del país. Desde 2020 han sido asesinados más de 400 detenidos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales.
El censo carcelario comenzó en la cárcel de Tulcán, capital de la norteña provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y tomará unos tres meses, según anticipó el servicio penitenciario nacional (SNAI), encargado de administrar y custodiar las cárceles ecuatorianas.
El censo estará a cargo de dos equipos, uno que partirá del norte y otro que lo hará desde el sur, y ambos se juntarán en la ciudad de Guayaquil, donde está la Penitenciaria del Litoral, la cárcel más poblada de Ecuador, donde se registraron los episodios más sangrientos y macabros entre presos el año pasado.
Este proceso está coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la dirección general del Registro Civil y de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
De los más de 32.000 presos que a fines de julio estaban recluidos en las cárceles de Ecuador, 30.440 eran hombres y 2.065 mujeres, según el último informe publicado por el SNAI, y cerca de 13.000 presos, equivalente a más de una tercera parte, están encarcelados sin sentencia, en régimen de prisión provisional.
Objetivos del censo carcelario
De acuerdo con el SNAI, el censo facilitará el levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de la libertad para mejorar sus condiciones de habitabilidad y para una mejor administración de las cárceles.
En el acto inaugural, celebrado el lunes 22 de agosto en la cárcel de Tulcán, el director del SNAI, Pablo Ramírez, afirmó que el objetivo del Gobierno es "crear políticas públicas y estrategias para transformar la calidad de vida de las personas privadas de libertad" con el fortalecimiento de la atención médica y el acceso a tratamientos específicos.
Ramírez manifestó que el propósito es establecer "políticas de Estado consistentes en el tiempo, que trasciendan como una meta, creando un modelo penitenciario que abarque los principios de dignidad humana".
De su lado, la secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Paola Flores, reiteró que el compromiso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es "transformar el sistema penitenciario" para que los presos tengan condiciones.
Recomendaciones de la CIDH
Precisamente, la dignidad de las condiciones carcelarias fue una de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe emitido en marzo sobre la crisis carcelaria de Ecuador.
En ese informe, la CIDH también instó al Estado ecuatoriano a recuperar el control interno de los centros penitenciarios, en manos de bandas criminales, y a elaborar una política de prevención del delito donde la principal estrategia no sea el encarcelamiento como mecanismo disuasorio.
En ese sentido, el Ejecutivo inició desde julio el proceso para contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios que permitirá casi duplicar la plantilla actual y así reforzar la vigilancia de las cárceles, donde las últimas masacres han evidenciado la facilidad con la que los presos introducen machetes o incluso fusiles de asalto.
También se está llevando a cabo un programa de indultos y conmutaciones de penas con presos condenados por delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la condena, así como la formulación de la primera política pública nacional de derechos humanos para la población penitenciaria.
Esto ha permitido que el hacinamiento del sistema penitenciario ecuatoriano, con capacidad para 30.169 reos, haya descendido del 16,69% al 7,74% en lo que va de año, aunque hay algunas prisiones que se encuentran aún en torno al 50% por su alta sobrepoblación.
Las matanzas no se han detenido
Sin embargo, las matanzas entre presos causadas por enfrentamientos entre bandas que se disputan el control interno de las cárceles no han cesado de momento, y la última de ellas se produjo en julio en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde fueron asesinados 12 convictos.
Esta matanza sucedió a otra ocurrida en la misma prisión en mayo donde fueron asesinados 44 reclusos, con el mismo patrón de extrema crueldad que dejó pilas de cuerpos decapitados y desmembrados, cuya identificación tomó más de una semana a las autoridades.
Para la organización Human Rights Watch (HRW), los factores que explican esta violencia son el hacinamiento, la falta de control estatal y el poder adquirido por grupos criminales, de acuerdo a un informe publicado por esta organización en julio.
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