El 95% de las mujeres que pide protección recibe solo un papel

En febrero pasado Amelia, de 49 años de edad, recibió más de 20 puñaladas antes de morir. A su pareja no le importó la boleta de auxilio que le impedía acercarse a ella y a sus hijos.

El hecho ocurrió en el barrio La Pisulí, al noroccidente de Quito.

Precisamente, ante las constantes agresiones físicas y psicológicas Amelia solicitó un mes antes de su muerte la boleta que se supone debía mantenerla a salvo y alejada de su agresor.

El recurso fue inútil para evitar que ella se convirtiera en una de las más de 700 víctimas de femicidio reportadas por los colectivos feministas desde agosto de 2014, cuando este delito fue tipificado. En el mismo período la Fiscalía General registra 337 víctimas.

Geraldine Guerra, directora de la Red Nacional de Casas de Acogida, dice que la mayoría de las víctimas tenía una boleta de auxilio a su favor.

Ese recurso es el más usado por los operadores de justicia, como una medida para frenar la violencia doméstica.

Pero la boleta de auxilio es solo un documento y su emisión no implica la asignación de un agente para el resguardo de la víctima, ni otra acción concreta.

Aunque incumplir el alejamiento puede representar penas de uno a tres años de prisión, según el Código Penal.

Según el Ministerio de Gobierno, hasta septiembre de este año 1.280 solicitantes obtuvieron 1.215 boletas de auxilio y un total de 3.512 Medidas Administrativas de Protección (MAPI).

Eso significa que el 95% de las solicitantes recibió una boleta de auxilio como recurso para evitar la violencia de género.

El 66% también recibió un recurso llamado Prohibición de amenazas e intimidación y el 34% otro llamado Prohibición de retención de los bienes de la víctima.

El Ministerio aclara que una misma víctima puede recibir una o varias medidas de protección de manera simultánea "depende de cada solicitud (...) el objetivo es detener y prevenir la violencia".

Según Geraldine Guerra, directora de la Red Nacional de Casas de Acogida, "la emisión de la boleta de auxilio es una medida rápida con la que los operadores de justicia dicen que cumplen su trabajo".

Para Guerra esto está lejos de la realidad porque el sistema judicial no tiene una visión integral que apunte a solucionar la violencia hacia las mujeres.

Ella cree que la Policía, el Ministerio de Gobierno y los operadores de justicia deberían dar seguimiento a los casos que se denuncian para mitigar potenciales casos de femicidio y evitar nuevas agresiones.

Silvia Buendía, abogada de víctimas de violencia de género, coincide en que la boleta de auxilio no es una medida que ayude a frenar o eliminar las agresiones.

Ella también apunta que "la única solución es un cambio estructural en la sociedad, que haga hincapié en los niños. Esto solo se logra con educación".

Explica que leyes que protejan a las mujeres son necesarias para "castigar a los agresores hasta que el cambio estructural sea una realidad".

Reducción de presupuesto

Organizaciones feministas denuncian que el Gobierno redujo los recursos destinados a la implementación de la Ley de Prevención de la Violencia contra Mujeres y Niños. La cifra pasará de USD 5,4 millones en 2019 a USD 876.862 en 2020.

Ana Cristina Vera, directora de Surkuna, dice que esta no es la única área en la que el régimen disminuyó recursos para políticas sociales.

"El Gobierno también calculaba destinar USD 5,7 millones a políticas de prevención de embarazo adolescente el próximo año. Sin embargo, eliminó ese rubro sin que hasta ahora exista una justificación", agrega la activista.