La Policía intenta prevenir violaciones a los derechos humanos ante el aumento de linchamientos a sospechosos de actos delictivos en comunidades de Tungurahua.
Alfredo Capuz habita en el barrio Bellavista en Tisaleo, un cantón ubicado al sur de la provincia de Tungurahua.
A sus 80 años, mencionó que todavía sale a ‘patrullar’ cuando le toca el turno de sus rondas. Sonríe y recalca que ya no sale tanto como hace cinco años por sus problemas de salud.
Él es parte de la Junta del Campesinado, al igual que los más de 1.000 vecinos del sector.
“No hay tantos policías para que nos cuiden a todos. La comunidad también debe apoyar en la vigilancia de sus propios barrios y comunidades”, dijo Capuz, al recordar que hace 15 días le robaron dos vacas valoradas en USD 2.000.
“¿Quién responde por nuestros animales o por nuestra gente a la que golpean cuando les roban? Por eso nos hemos reorganizado para salir con patrullajes más frecuentes”, aseguró.
En las 10 comunidades de Tisaleo se han organizado con las Juntas del Campesinado y son controladas por el presidente de cada junta y del municipio, informó Hugo Chachi, concejal del cantón.
Mencionó que entre las competencias de las juntas está patrullar por la seguridad interna de cada comunidad y agregó que, al encontrar a un delincuente en flagrancia, lo castigan con agua y ortiga antes de entregarlo a los policías. “Sin excesos”, recalcó.
Reconoció que se han cometido excesos en los castigos, pero aclaró que reciben capacitación con policías para definir hasta dónde deben actuar y evitar que las reprimendas terminen en linchamientos que dejen lesiones graves a los sospechosos.
“Quienes somos parte de la Federación del Campesinado trabajamos en coordinación con Intendencia y Policía apegados a la ley, respetando los derechos humanos. Se está capacitando más a los integrantes para no cometer excesos”, mencionó el concejal.
Más barrios se organizan
En Tungurahua, más barrios han decidido organizarse ante el incremento de la ola delictiva, en especial de grupos que llegan a extorsionar en negocios e incluso a los agricultores.
La noche del 8 de junio de 2023, en la comunidad de Bellavista, parroquia Santa Rosa, en Ambato, se organizaron y analizaron el Plan de Seguridad Interno.
En la reunión estuvo el presidente del Consorcio de Juntas Parroquiales de Tungurahua, Amable Chaluis; y Raúl Vayas, presidente nacional de la Junta del Campesinado.
Entre los acuerdos resolvieron planificar rondas nocturnas secretas y patrullajes para contrarrestar la delincuencia durante los siete días de la semana. También acordaron que “ladrón capturado será castigado”.
¿Cómo lo harán? Con agua y ortiga, aseguraron.
En menos de una semana han capturado a cinco sospechosos en Tungurahua que recibieron el castigo popular.
En Santa Rosa, dos extranjeros fueron llevados hasta la plaza central, donde ataron ortigas en sus espaldas para castigarlos en la noche. Los dos eran sospechosos de robo y extorsiones.
Ese mismo día, tres mujeres semidesnudas fueron castigadas con látigo de cuero en una comunidad de Pelileo por presunta estafa.
La comunidad se capacita
El coronel William Calle, subjefe de la Policía en Tungurahua, mencionó que las personas fueron liberadas después que las entregaron a los policías, ya que fueron juzgados por la comunidad.
“La justicia por mano propia es un fenómeno preocupante, que ocurre cuando las personas toman la ley en sus propias manos, en lugar de recurrir al sistema judicial establecido", sostuvo el oficial.
Agregó que esta práctica puede ocasionar excesos y violaciones de los derechos humanos, "generando un ciclo de violencia y desorden social".
Los habitantes de Tungurahua reciben capacitación por parte de la Policía para evitar violaciones a los derechos humanos. PRIMICIAS
En las comunidades indígenas y campesinas aseguran que ellos solo ‘purifican’, es decir que los bañan en agua fría del páramo y los golpean con ortiga, como una manera de purificar el cuerpo "para que recapaciten, dejen de cometer delitos y se dediquen a trabajar".
Geovanny Caiza, habitante de Tisaleo, aseguró que estos castigos son una manera de decirles a los delincuentes que la comunidad está organizada.
“Nos están capacitando con el intendente y policías para no causar lesiones a los retenidos y así evitar posibles juicios”, aseguró el comunero.
Las sanciones
El abogado penalista, Diego Castillo, recordó que en Ecuador la agresión física se sanciona con penas privativas de 30 días a cinco años.
Por asesinato, la sentencia es de 22 a 26 años de prisión.
El artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite a cualquier persona aprehender a quien cometa un delito flagrante, pero debe comunicarse de manera inmediata con la Policía.
Alfredo Capuz aseguró que las capacitaciones a los comuneros les han permitido comprender un poco más hasta dónde deben actuar cuando detienen a un sospechoso.
Pero aseguró que la mejor manera para estar atentos a la ola de inseguridad es formando una comunidad más unida, donde los vecinos se conozcan y aprendan a prevenir hechos delictivos.
Lo último