El organismo confirmó responsabilidades civiles en 20 funcionarios. En el examen, se detectaron irregularidades en procesos de contratación de medicamentos, insumos médicos, prótesis y servicios de mantenimiento de equipos, entre 2014 y 2019.
La Contraloría confirmó responsabilidades civiles por USD 8.694.429 en 20 funcionarios y un proveedor del Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil.
Las glosas se desprenden del examen especial, aprobado en 2020. El organismo detectó irregularidades en los procesos de contratación de medicamentos, insumos médicos, prótesis y servicios de mantenimiento de equipos, entre 2014 y 2019.
En un comunicado, la Contraloría ratificó el perjuicio económico a la entidad a través de 11 resoluciones, con montos que oscilan entre USD 14.465 y USD 5.351.017.
Según el organismo, los implicados no pudieron justificar precios sobreestimados de hasta el 992% en los presupuestos referenciales para la adquisición de fármacos en ese nosocomio del IESS.
Durante la elaboración de los estudios de mercado, los funcionarios del hospital no verificaron en el portal de Compras Públicas los costos unitarios de los ítems, en compras anteriores del hospital y otros centros públicos de salud.
Tampoco exigieron el cumplimiento de los plazos contractuales para la entrega de insumos médicos, que fueron adquiridos a través de régimen de emergencia.
A pesar del incumplimiento, no terminaron el contrato ni ejecutaron las garantías. Esto causó un perjuicio para el IESS por USD 295.000, que fueron transferidos al contratista como anticipo.
Además, se confirmaron dos glosas por los insumos faltantes en las bodegas del hospital, valorados en USD 941.265.
Durante las inspecciones físicas no se presentaron reactivos médicos y 24 kits de prótesis de rodilla, cuyo costo asciende al monto de las responsabilidades civiles.
Investigación fiscal a nosocomio del IESS
Contraloría remitió a la Fiscalía General del Estado seis informes con indicios de responsabilidad penal, donde se detallan las actuaciones de 11 funcionarios y tres proveedores del hospital del IESS.
La responsabilidad penal se emitió por irregularidades en el requerimiento de insumos para el área de enfermería, así como anomalías en la documentación utilizada para elaborar los presupuestos referenciales.
También por la habilitación de proveedores que no cumplieron los requisitos mínimos para contratar con el Estado; y por el incumplimiento de la garantía técnica de prótesis de rodilla.
En cuanto a los insumos de enfermería, en el pedido de adquisición se informó que los ítems mantenían stock cero y crítico, aunque el sistema registraba saldos de hasta 8.200 unidades.
Además, el administrador del contrato concedió injustificadamente dos pedidos de prórroga, por 285 días, indicando que se disponía de existencias suficientes para cubrir la operatividad diaria del hospital, contradiciendo el objeto y motivación del proceso contractual.
Tampoco se calcularon las multas por el retraso en la entrega de los bienes; no se dispuso la ejecución de las garantías, ni se procedió a terminar unilateralmente el contrato.
En contrataciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y en las adquisiciones de la Unidad de Traumatología, los auditores identificaron irregularidades en la documentación que presentaron los proveedores para justificar su experiencia.
La determinación de los presupuestos referenciales de dos procesos para comprar insumos se realizó empleando proformas con precios sobreestimados, en comparación con los costos pagados por el hospital del IESS por los mismos ítems, en procesos anteriores.
En el caso de la adquisición de materiales para terapia respiratoria, el presupuesto referencial se calculó empleando la proforma presentada por una persona natural, que registró actividades de venta al por menor de artículos de papelería.
La Fiscalía abrió varios procesos por peculado en la compra de insumos médicos en este hospital, durante la pandemia del Covid-19.
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