Martes, 23 de abril de 2024

Reformulan cargos contra exdirectora de Judicatura, quien solicitaba dinero a cambio de 'favores'

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

23 Feb 2024 - 14:00

La exdirectora de la Judicatura en Cotopaxi, Patricia V., es investigada, junto a otros funcionarios del sistema de justicia, por supuestamente solicitar dinero a cambio de favorecer a terceros en procesos judiciales.

Reformulan cargos contra exdirectora de Judicatura, quien solicitaba dinero a cambio de 'favores'

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

23 Feb 2024 - 14:00

Operativo en la Judicatura de Cotopaxi, como parte de las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias, en noviembre de 2023. - Foto: Fiscalía

La exdirectora de la Judicatura en Cotopaxi, Patricia V., es investigada, junto a otros funcionarios del sistema de justicia, por supuestamente solicitar dinero a cambio de favorecer a terceros en procesos judiciales.

La Fiscalía reformuló cargos este 23 de febrero en contra de la exdirectora del Consejo de la Judicatura (CJ) de Cotopaxi, Patricia V., y cuatro funcionarios que fueron detenidos en noviembre de 2023.

La investigación inició por el supuesto delito de tráfico de influencias, pero en la audiencia que se desarrolló en el Complejo Judicial ubicado en el norte de Quito, se reformularon los cargos a asociación ilícita.

Además, la Fiscalía tenía previsto vincular a este proceso a cuatro personas que, según las investigaciones, habrían tenido diferentes niveles de participación en la estructura que se investiga.

Esto quedó en suspenso, porque el Juez especializado contra la Corrupción y Crimen Organizado se inhibió de conocer este caso y habrá que esperar hasta que la Unidad Judicial de Cotopaxi haga un nuevo sorteo.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía y la Policía ejecutaron 31 allanamientos en varios puntos de Cotopaxi, incluyendo la Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de esa provincia.

Según las autoridades, los funcionarios investigados habrían ejercido influencia en servidores públicos, con el fin de obtener beneficios económicos para favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.