El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia extorsiones a los familiares de los presos para garantizar su seguridad. Además, descarta el suicidio ante los constantes colgamientos.
Una riña por disputas internas y supuestas retaliaciones por la falta de pago de extorsiones son las hipótesis de los familiares de los presos del pabellón 5, de la Penitenciaría del Litoral, tras el hallazgo de seis cuerpos colgados en los baños del ala 3.
Los guías del reclusorio hallaron los seis cuerpos suspendidos con sábanas y prendas de vestir, la mañana del miércoles 12 de abril de 2023.
El hermetismo de las autoridades penitenciarias fue evidente en el reclusorio de la vía a Daule, al norte de Guayaquil.
Pero las versiones extraoficiales apuntan a un presunto cobro de cuotas extorsivas por parte de Las Águilas, la banda que comanda el pabellón 5.
Lorenzo T., quien tiene a su hijo en la Penitenciaría y que llegó a preguntar por él, dijo que los cabecillas destinan los pagos a una supuesta dotación de seguridad. Y los reos que se niegan a pagar reciben golpes y torturas, dijo.
“Las bandas les exigen a los privados de libertad que llamen a sus familiares. Y piden que se paguen cuotas de USD 200 y USD 500 semanales", aseguró Lorenzo.
Extorsiones
Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), informó que las extorsiones en el sistema carcelario se mantienen.
Según él, existen familias que depositan USD 500 al mes para garantizar la vida, la salud y la comunicación de sus parientes recluidos. "Esas transacciones no se investigan", agregó.
Mientras que otros familiares de prisioneros del pabellón 5 negaron el cobro de las cuotas y apuntaron a posibles peleas internas.
"Tenemos reportes de que los cobros continúan, no nos cabe duda. La extorsión es la expresión del apropiamiento del crimen organizado de las cárceles”.
Billy Navarrete, director de CDH
Los traslados de cabecillas de bandas a la cárcel de máxima seguridad de La Roca a finales del año pasado mitigaron las extorsiones, dijeron.
Pero hace una semana, la tarde del 4 de abril, tres presos fueron asesinados en la vecina cárcel de La Roca, durante un enfrentamiento armado interno. Se trata de un reclusorio de máxima seguridad con solo 20 personas privadas de libertad.
Hipólito Méndez llegó también a preguntar por su hijo, recluido en el pabellón 5 de la Penitenciaría. Y reclamó por la falta de información sobre la identidad de los fallecidos.
“Él tiene 33 años, problemas de adicción y ha cumplido 15 meses de prisión, la mitad de la sentencia. Pero nosotros no hemos pagado dinero para que no le hagan daño”, señaló Méndez.
Nelsa Curbelo, quien hizo parte de la Comisión para el Diálogo Penitenciario, ratificó que el “Gobierno no tiene el control de las cárceles”.
Solo entre 2021 y 2022 se registraron 11 masacres carcelarias en el país, con 413 personas asesinadas.
“Los hechos violentos que se registran en las calles tienen repercusión en los centros penitenciarios y viceversa. Es decir, las muertes se cobran en la cárcel”, indicó la activista, quien además lamentó la masacre de nueve pescadores en Esmeraldas.
“No es que existen rachas de paz y de guerra en las cárceles, hay un equilibrio inestable que se rompe con las constantes represalias”.
Nelsa Curbelo, activista por la paz.
Angustia de familiares
El Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles denunció el mediodía del lunes 11 de abril la suspensión del servicio de alimentación en la Penitenciaría, algo que suele preceder a los desmanes.
“Dejar sin alimentos a personas en prisión es una práctica de tortura”, reclamaron.
La mañana del 12 de abril hubo movimiento de entrada y salida de camiones con alimentos, tanto como de personal militar y ambulancias.
Una requisa en las celdas del pabellón siguió al hallazgo de los cuerpos colgados en la Penitenciaría.
El furgón de Medicina Legal, con presencia de una fiscal, realizó el levantamiento de los cadáveres. Las visitas conyugales programadas por pabellones se reanudaron después de las 10:30.
Una madre se desmayó por la falta de información sobre su hijo, preso en el pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral. PRIMICIAS
Las familias de personas recluidas en el pabellón 5 pasaron horas esperando confirmar si sus allegados estaban entre los muertos.
Todos se habían comunicado con los prisioneros hasta la noche anterior, pero en la mañana las comunicaciones estaban bloqueadas.
Sobre las 11:00, los primeros familiares lograron descartar que los suyos consten entre los fallecidos. Pero a otras familias les pidieron regresar en la tarde y ellos temían lo peor.
Una mujer se arrastró en el pavimento y se desmayó frente a la cárcel. “El no saber nada, eso es lo que más duele”, dijo cuando recobró la calma. A ella la citaron a la mesa de información para las 15:00.
"No cabe el suicidio"
El director de la CDH catalogó como “negligencia sistemática” la negación de información veraz, rápida y oportuna a la que son sometidas las familias tras la violencia carcelaria.
Agregó que por el contexto y la recurrencia "no cabe la justificación" del suicidio y del ahorcamiento en celdas como causa de estas muertes.
Desde 2018, el Comité de Derechos Humanos registra casos de colgamientos. “Se trata de homicidios, de muertes en custodia”, agrega Navarrete. La entidad contabiliza casi 600 privados de la libertad asesinados en el sistema carcelario del país.
La CDH y una veintena de organizaciones interpondrán a finales de abril una acción de protección para demandar y responsabilizar al Estado por el cúmulo de fallecimientos en los centros penitenciarios del país.
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