El titular de la Secretaría de Riesgos, Cristian Torres, asegura que el país tiene USD 12 millones anuales para invertir en el manejo de riegos.
El aumento de la actividad del volcán Cotopaxi en los últimos días revive la necesidad de contar con una política de gestión de riesgos que permita prevenir, y no solo reaccionar cuando ocurre un fenómeno natural.
En diálogo con PRIMICIAS, el titular del Servicio Nacional de Riesgos, Cristian Torres, reconoce que el comportamiento del volcán acelera la necesidad de actualizar los planes de contingencia que tiene el país ante desastres naturales.
Además, reconoce que el país requiere, lo antes posible, la aprobación de la Ley de gestión de riesgos, que actualmente está a la espera del informe para segundo debate.
El director del Servicio de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, en una entrevista, el 15 de febrero de 2022. Servicio de Gestión de Riesgos
¿Qué tan posible es una erupción del volcán Cotopaxi?
La probabilidad de este evento va cambiando en función de la actividad del volcán. Es importante recalcar que el Cotopaxi es el volcán más vigilado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional por el riesgo que representa.
Vamos a subir la alerta amarilla o a quitarla en función de los informes técnicos del Geofísico. Estas decisiones siempre se toman con información técnica.
El volcán tiene una actividad muy leve desde 2015. Pero ante el aumento de actividad registrado desde el 21 de octubre decidimos acoger la recomendación del Instituto Geofísico: activar la alerta amarilla y comenzar la actualización de los planes de contingencia para estar preparados en caso de que la actividad se incremente.
¿Se puede decir que el riesgo de erupción es similar al de 2015?
El escenario que nos ha planteado el Instituto Geofísico es que, si bien es la mayor actividad desde 2015, no llega a los niveles de ese año. Sin embargo, sí llamó la atención y eso obliga a estar alertas a lo que pueda ocurrir.
Hay que entender que el comportamiento del volcán no tiene un patrón específico. Esto quiere decir que si hoy se registra una actividad, no necesariamente va a volver a ocurrir o va a incrementarse de un día a otro.
Tenemos que estar atentos a la evolución y esperar los informes técnicos para estar preparados.
¿El país está preparado para afrontar un evento como una erupción?
Decir que estamos preparados generaría una sensación de confianza. No podemos llegar a un punto y decir que estamos listos, porque la preparación es un proceso de mejora continua.
Para estar mejor preparados debemos actualizar los planes de contingencia y volver a hacer los simulacros que alguna vez se hicieron.
Paralelamente, tenemos que actualizar todas las decisiones que hay que tomar en cada nivel de alerta porque la actividad del Cotopaxi no solo involucra a esa provincia, sino a varias.
La única manera que tenemos de reducir los impactos de una erupción del Cotopaxi, o de cualquier otro volcán, es continuar con la actualización de los planes de contingencia y los simulacros.
También vamos a trabajar con los municipios, pues están directamente relacionados con las comunidades.
Además, el volcán tiene con un sistema de alerta temprana, compuesto por alarmas, que está activo.
¿Desde cuándo no se actualizan los protocolos?
El Cotopaxi está activo desde 2015 y allí se realizaron los protocolos. Ahora tenemos que actualizarlos porque la realidad ha cambiado: hay nuevas vías, nuevas edificaciones y la población también ha cambiado.
Nosotros teníamos pensado hacer un simulacro el próximo año, pero lo vamos a hacer lo antes posible. Lo ideal es que se haga cada dos años, pero por la pandemia del Covid-19 se suspendieron muchas actividades que ahora se deben retomar.
Los primeros simulacros serán locales y luego serán nacionales. Aún no existe una real amenaza de erupción, pero amerita una coordinación nacional.
En el país hay volcanes como el Sangay y el Reventador que se han mantenido con intensa actividad en los últimos años.
La diferencia del Cotopaxi es que estos dos volcanes tienen menos población expuesta. Las afectaciones son menores cuando cae ceniza o cuando se registra algún cambio en la actividad.
El monitoreo del Instituto Geofísico es bastante bueno y tenemos una visión bastante clara de lo que ocurre con los volcanes Sangay y Reventador.
¿Cuál es el presupuesto que tiene el país para la gestión de riesgos?
La institución tiene un presupuesto de inversión de UD 12 millones anuales y otros USD 10 para gasto corriente. A estos montos se deben sumar los presupuestos que maneja cada municipio y prefectura.
Muy pronto vamos a sacar una línea de crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador, que estará dirigida a los municipios.
¿Los USD 12 millones son suficientes?
Nosotros tenemos que invertir en herramientas para mejorar el análisis de riesgo. En el caso de que el país requiera una respuesta mayor, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido claro en que dispondrá de los recursos que sean necesarios.
Esta política quedó demostrada con los damnificados del aluvión de La Gasca, en Nabón, La Maná y en Zaruma. Estamos ejecutando proyectos y conforme se vayan implementando veremos si necesitamos más presupuesto o no.
¿En qué estado se encuentra el proyecto de la Ley de gestión de riesgos?
Nosotros siempre hemos acudido a la Asamblea para incentivar la aprobación de la ley. Reconozco que está bastante cerca de ser aprobada, pues ya pasó el primer debate.
Esperemos que el segundo debate se realice lo antes posible para que podamos tener la ley aprobada en enero de 2023. Todos estamos conscientes de la necesidad que tiene el país de contar con esta norma.
Uno de los problemas que ha tenido el Servicio de Gestión de Riesgos es la falta de técnicos en esta área. ¿Cuál es el déficit?
No tengo el dato exacto, pero lo hemos ido solventando porque hubo varios recortes antes que llegue esta administración.
Contratamos a 30 personas para que brinden apoyo en todas las zonas y el próximo año vamos a contratar más personal para cubrir las necesidades que tenemos.
Cuando ocurre algún evento, redistribuimos nuestro personal a las zonas afectadas para que no existan problemas de este tipo. Así lo hemos hecho en Carchi o Esmeraldas.
Además de la contratación de personal, este año vamos a adquirir cinco camionetas y tres SUV, y para el próximo año se prevé comprar más vehículos para el trabajo de campo.
Lo último