Entre 2017 y 2020 en Ecuador ocurrieron: 1.461 inundaciones, 11.336 incendios forestales, 4.157 deslizamientos y 113 actividades volcánicas.
Pujilí, La Maná, Pangua y Sigchos, en Cotopaxi, están en la lista de los últimos cantones afectados por desastres naturales. En este caso, inundaciones. Y, como ya es tradición en el país, los sectores afectados en el invierno o por las lluvias, repiten cíclicamente sus tragedias.
Dos días antes fueron Balao y Tenguel, en Guayas. Uno después fueron Montalvo, Quinsaloma y Quevedo, en Los Ríos. Pero la lista de posibles inundaciones, a causa de precipitaciones muy altas, solo para las 24 horas entre la mañana del 31 de enero y del 1 de febrero, apuntaba a 51 de los 221 cantones. Varios de ellos ya inundados.
Y pese a tener fenómenos permanentes, como el de El Niño, desde la Constitución de 2008, ni los gobiernos de turno ni los legisladores del momento han aprobado una ley de gestión de riesgos.
El actual Ejecutivo no ha mostrado interés en la gestión de riesgos, más allá de la atención a los damnificados, una vez que ya suceden los desastres. Por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso decretó la emisión de un "bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico".
Pero esto sucedió a raíz de las concurrentes emergencias en diciembre: Zaruma (El Oro), Nabón (Azuay), Guano (Chimborazo), Chimbo (Bolívar), por hundimientos y deslizamientos de tierra; y en San Francisco (Orellana) y El Chaco (Napo), por la erosión del río Quijos.
Esto incluso implica un tratamiento ineficiente de la atención a los damnificados porque no hay un registro único y las ayudas (servicios o insumos) pueden duplicarse o desperdiciarse por falta de un sistema de atención claro.
Es por eso que la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos pide que se tramite una ley sectorial propia, separada de la seguridad ciudadana. ¿El objetivo? Poner orden en las competencias durante la atención de emergencias y, principalmente, para trabajar en la prevención y mitigación.
El mismo director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Cristian Torres, pidió a la Asamblea que de prioridad al tratamiento de la normativa.
El funcionario recordó que Ecuador es un territorio expuesto a diferentes amenazas y, por eso, "necesita de manera urgente una ley que permita gestionar los riesgos, con un enfoque multinivel y multisectorial, priorizando la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático".
El Plan de Desarrollo 2021-2025 enumera que entre 2017 y 2020 ocurrieron: 1.461 inundaciones, 11.336 incendios forestales, 4.157 deslizamientos y 113 actividades volcánicas. Y coincide en que se requiere "incrementar el nivel de eficiencia en la gestión del
manejo de desastres naturales y reducción de riesgos potenciales".
¿Qué pasa en la Asamblea?
Los cuatro proyectos bajo análisis de la actual Comisión de Seguridad están atados al Código de Seguridad Ciudadana, cuyo libro sobre gestión de riesgos no ha sido aprobado aún. Y esa normativa solo señala que la rectoría la ejercerá la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Pero, no aclara competencias ni jerarquías ni procesos. El artículo 11 dicta que la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos naturales "corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales".
Tres de los proyectos en tratamiento fueron planteados en el periodo parlamentario anterior. Ninguno de iniciativa del movimiento oficialista Creo. Y el mayor avance se logró con un proyecto de 2012, que llegó a tener el informe para segundo debate plenario, pero quedó en el olvido.
Ahora la Comisión de Seguridad está trabajando con base en las tres iniciativas del periodo previo y la última presentada por la Izquierda Democrática, en julio. Mientras tanto, en el país se producen, en promedio, 12 desastres diarios de diversa índole.
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