Columnista Invitado
La Fiscalía: ¿una institución con mirada oblicua?
Historiador y académico. Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.
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La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se instituyó por iniciativa ciudadana hace un poco más de diez años. Nuestra lucha, que en su momento resistió la persecución del excontralor Carlos Pólit, hoy se enfrenta a un sistema demoledor. Por ejemplo, en algunas fiscalías provinciales, en cuyas oficinas el tiempo para las fases iniciales de investigación a nuestras denuncias han demorado inexplicablemente cinco años o más, en estos días han tomado un apuro inusitado con la evidente finalidad de archivarlas, en base a lógicas deleznables, dejándonos entrever que el rol de ciertos fiscales ha dado paso al frenesí de la impunidad. Esta conducta ¿replica el proceder de la Fiscalía General del Estado?
¿Cómo creen ustedes, lectores, que nos sentimos los integrantes de la CNA frente a realidades como la expuesta? ¿Nuestra tarea cívica y ad-honorem choca contra la roca de la injusticia que se aferra cada vez más a la inmoralidad?
Las respuestas se vuelven cada vez más esquivas, como ocurre en el caso de la compra de motores para la generación termoeléctrica —trama alertada por la CNA en septiembre del año 2024— que al final del camino ha evidenciado una feroz corruptela tanto de los proveedores de Progen y de Austral, así como de quienes intervinieron, a nombre del Estado, en la adquisición de lo que hoy es un cementerio en el que reposan los motores termoeléctricos convertidos en chatarra.
La voz de la gente de a pie —y el trabajo del periodismo de investigación— obligó a los organismos de control a actuar frente a la circunstancia señalada. Por el contrario, los pedidos de algunas autoridades para que se efectúen las fiscalizaciones a los contratos suscritos con Progen y Austral, solamente constituyeron un “capotazo de quite” ante el clamor nacional que exige sanción a quienes han aprovechado de los apagones y de la declaratoria de emergencia energética, para montar la rapiña más obscura de los últimos tiempos.
Las denominadas investigaciones de los organismos de control llegaron, dejando una estela de dudas de su objetivo final. La Fiscalía, en las últimas horas, ha configurado una lista de los responsables del caso llamado “apagón”.
En el listado, como era de prever, constan el ex gerente de CELEC y algunos funcionarios que, debido a los eslabones de delegación que se usa en estos casos, se han convertido en los únicos causantes del atraco que trae consigo pagos excesivos de anticipos, maquinaria sin garantías de sus constructores y sin ninguna capacidad operativa, todo ello entre otras anomalías. Ojalá los acusados tengan la entereza de correr la cortina para exponer a los mandos superiores que les sumergieron en este hurto.
¿Fiscalía no examinó las cadenas de TV en las cuales se constata que el ministro Luque, entonces encargado de la cartera de energía, y el señor Calero, a nombre de CELEC, promocionaron su gestión para darnos a conocer que su presencia en las instalaciones de Progen — ubicadas en EE.UU.— tenía como finalidad efectuar las compras de equipos de supuesta eficacia?
Y tan grave como todo lo anterior es que la misma Fiscalía ha olvidado el caso de Austral, cuyos equipos inservibles fueron admitidos, mediante un acta de entrega-recepción, en el periodo de la ministra Manzano como si los motores termoeléctricos de ATM estuviesen en condiciones de funcionar, más allá de que la misma funcionaria ha protegido a los ministros que le antecedieron en sus funciones y que estuvieron vinculados al caso Progen.
¿Lo actuado por Fiscalía en estos dos casos denota cálculo político, opacidad o una mirada oblicua frente a los núcleos delincuenciales que sistemáticamente asaltan al país? También en la CNA queda la impresión de que el interés del actual Fiscal para continuar en su cargo, mediante el denominado “concurso” del CPCCS, forma parte de los candados que intentan cerrar la historia de anomalías de Progen y Austral.
Hoy más que nunca debe quedarnos la certeza que la Contraloría Social es irreemplazable y que se convierte en una indefectible tarea ciudadana para cuidar los recursos económicos de nuestro país.