Austeridad sin ejemplo

Ordenar el gasto territorial es una necesidad legítima. En un país con déficits recurrentes y casos visibles de despilfarro, nadie puede objetar esta premisa. 

Con esa lógica, el Gobierno impulsa la reforma al COOTAD que obligaría a los GAD a destinar hasta el 70 % de su presupuesto a inversión y que tiene que aprobarse en la Asamblea en menos de 30 días.

Sin embargo, el problema no es la intención, sino la coherencia.

La discusión se ha instalado como si el populismo local fuera el núcleo del desequilibrio fiscal nacional. 

Es cierto que existen  municipios con estructuras sobredimensionadas que, pese a incumplir obligaciones básicas, priorizan eventos costosos y agendas cuestionables. Corregir esas distorsiones es indispensable. 

Pero no todos los territorios son iguales. Un cantón rural pequeño depende de transferencias estatales y de unas pocas tasas básicas para financiar recolección de basura, agua potable, mantenimiento y el personal indispensable para operar. 

Imponer una fórmula uniforme, sin considerar diferencias de capacidad técnica y asimetrías estructurales entre los GAD, puede producir efectos que afecten al bienestar ciudadano.

Un GAD con presupuesto limitado difícilmente puede estructurar y ejecutar proyectos de inversión a gran escala en plazos cortos. De aprobarse la nueva ley, si no alcanza el porcentaje exigido, podría enfrentar sanciones o una reducción en sus ingresos. La disciplina fiscal pasa de incentivo a castigo.

A esto se suma una realidad práctica: el Estado central acumula retrasos significativos en las transferencias a los GAD, por lo que, antes de exigir porcentajes, el sistema debe garantizar condiciones mínimas de estabilidad financiera.

En este contexto, la publicación de un proceso en el SERCOP para renovar tres baños en el Palacio de Carondelet por más de 113.000 dólares introduce un elemento simbólico inevitable.

Si se exige disciplina hacia abajo, las decisiones en la cúspide del poder deben ser coherentes. La contradicción se acentúa si se considera que aproximadamente dos tercios del presupuesto del Gobierno Central se destinan a gasto corriente, en medio de una crisis en salud, educación e infraestructura.

Mientras el presupuesto central registra déficits persistentes, los GAD, en promedio, muestran resultados fiscales relativamente más equilibrados.

La discusión de fondo no es inversión versus gasto corriente. Es calidad del gasto y corresponsabilidad fiscal. Una descentralización responsable no se construye únicamente imponiendo porcentajes, sino revisando el diseño del sistema fiscal, garantizando transferencias oportunas y fortaleciendo la capacidad técnica de los municipios con menor estructura.

La austeridad no se impone. Se practica primero desde el poder.