Las razones económicas por las que no conviene una Asamblea Constituyente

Varias razones sustentan la negativa a convocar, en este momento, a una Asamblea Constituyente. Entre las más importantes están las de naturaleza económica. Describo algunas.

En primer lugar, si se llega a proponer un proceso de esa envergadura, los agentes económicos tomarán recaudos antes de emprender en nuevas actividades. Dicho posicionamiento resulta plenamente comprensible pues, frente a posibles cambios en las reglas de juego básicas que orientan las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, lo más prudente es ser cauto.

Así, hasta que no se conozcan las líneas matrices de la nueva estructura económica del país, el inmovilismo será la tónica entre oferentes y demandantes. La aversión al riesgo entrará a jugar un papel clave, más aún si se considera que estamos en un país en el que predecir el comportamiento de los actores políticos se ha vuelto cada vez más difícil. Literalmente, entraremos en un limbo económico por mucho tiempo.

Bajo un escenario de incertidumbre como el señalado, el desempleo, una de las principales problemáticas del país, difícilmente descenderá. Dado que los nuevos términos de la contratación serán desconocidos por un buen tiempo, la decisión que generará menores costes a los empleadores será esperar.

Esa espera, que implica también contratiempos de otro orden al sector productivo, será preferible a tomar una decisión que luego pueda comprometer las finanzas de la empresa, sobre todo de la más pequeña. Al fin y al cabo, quienes tienen mayor músculo económico siempre podrán capear de mejor forma los avatares de la vida política nacional.

De otro lado, para los que tienen recursos frescos, una Asamblea Constituyente también los colocará en una disyuntiva. Ahí, siguiendo la línea más conservadora del juego económico, muchos preferirán colocar sus harinas a buen recaudo. Algunos fondos, los más grandes, irán a distintos espacios financieros internacionales mientras que los que tienen menos ceros acudirán a depósitos a plazo dentro del país. Ganar algo de intereses mientras pasa el vendaval de la política siempre será una buena opción. Sin embargo, la mediana tranquilidad de unos irá a costa de quienes tienen la tarea de colocar esos recursos en la economía nacional. Ahí la banca nacional podría afrontar dificultades frente a una (mayor) contracción en la demanda de créditos.

Al ambiente anotado hay que agregar las secuelas en el orden internacional. Maximizadores de beneficios como son los organismos multilaterales de crédito, ante un evento de la trascendencia de una nueva carta constitucional, aguardarán antes de tomar decisiones que comprometan sus recursos. El historial del país en ese tipo de espacios no se ha caracterizado por el cumplimiento de la palabra ofrecida y eso seguramente será un aditamento para que las posibilidades de financiamiento externo entren en stand by por algunos meses. Meses que pueden convertirse en años si se considera que de cada arista del sistema económico que se vaya a discutir en la Asamblea Constituyente pueden derivarse largas y tediosas disquisiciones que, como ya se ha visto, en muchas ocasiones no llegan a ningún punto de acuerdo.

A todo lo dicho hay que agregar que no se avizora una agenda económica sostenida y sostenible que marque el modelo que se pretendería impregnar en la nueva Constitución. Hay reformas sueltas que han sido identificadas desde varios sectores, desde luego, pero no hay una elaboración orgánica del país económico que se quiere. Sin un libreto claramente establecido, una Asamblea Constituyente, en lo económico, puede terminar como una gran colección de demandas puntuales de diferentes actores y grupos de presión. Ya tenemos esa triste experiencia con el larguísimo articulado de Montecristi. No valdría la pena volver a caer en un error de ese tipo.

Los cambios en materia económica son necesarios, necesarísimos, pero quizás bajo las condiciones actuales del país, la opción más prudente está en reformas parciales a la Constitución, algo que se puede hacer con menores costes políticos y menor incertidumbre para los agentes productivos.