El problema no está en el financiamiento del CNE a los partidos políticos

Otra vez nos enfrentamos a la discusión pública sobre la utilidad del financiamiento, a través del CNE, a las organizaciones políticas. A primera vista, nadie duda en asumir que es un despropósito entregar recursos económicos a partidos y movimientos que poco o nada hacen por el desarrollo del país. Esta idea se afianza si se observan diferentes encuestas de opinión pública pues, entre las instituciones con menor credibilidad y confianza están, precisamente, las organizaciones políticas.

Lo dicho toma más cuerpo si es secreto a voces que los recursos que entrega el CNE a medios de comunicación para la promoción electoral en muchos casos son parte de acuerdos fraudulentos con los dirigentes de partidos y movimientos políticos. En realidad, habría poco que decir en contra de la idea de eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas.

Sin embargo, si se analiza con mayor detenimiento, el financiamiento de organizaciones políticas desde el Estado es esencial para el mejor funcionamiento del régimen democrático. Dado que los partidos son el vehículo para trasladar las demandas ciudadanas a la arena política es necesario que la promoción de las ideas sobre cómo gobernar sean difundidas con recursos provenientes de la propia ciudadanía. Así, una campaña electoral constituye el espacio en el que la vida pública se revitaliza y la disputa electoral toma forma. La confrontación política bajo estas condiciones requiere que el aparato estatal la fomente, amplíe y difunda y, para ello, entregar financiamiento para la organización de eventos públicos, difusión de mensajes en medios de comunicación y redes sociales, es imprescindible.

Si el aparato estatal no financia las campañas electorales y se entrega enteramente esa responsabilidad a las organizaciones políticas, solo quienes tengan mayores recursos económicos podrán dedicarse a la vida política. Como consecuencia de ello, ideas interesantes y beneficiosas para la mayoría de la población, pero sin chequeras grandes, simplemente serán excluidas de la contienda política. Sería, por tanto, una forma de volver a aquellos tiempos en los que un requisito para poder tener participación en la vida pública era la solvencia económica.

Por tanto, el problema que hay en Ecuador no es el financiamiento del CNE a las campañas electorales sino a quiénes entrega esos fondos.

Si tenemos más de doscientas organizaciones políticas a escala nacional, el escenario es inviable. Si tuviéramos unos pocos partidos de alcance nacional, y no diecisiete como ahora, esos recursos se podrían entregar para valorizar el debate público y alimentar la generación de ideas entre los actores políticos y la ciudadanía.

Ahí está el problema de fondo. A eso debemos atacar. Ahí está la reforma que se debe realizar pero que, desafortunadamente, a nadie le interesa impulsar. El responsable, en lo de fondo, no es el CNE sino el mal llamado Código de la Democracia, encargado de precautelar intereses mezquinos, cuando no delincuenciales, de la mayoría de los actores políticos que ahora pululan en la arena electoral.

El país no puede dejarse engañar por una reforma, la de la eliminación del financiamiento público a las campañas electorales, que no es la que genera los problemas de representación política que tenemos. Allí no está la solución.