El acoso a diario Expreso ha puesto a Ecuador en la mira internacional

Una sensación de desazón se ha instalado entre los ecuatorianos que contemplan, con asombro, el acoso a la empresa Gráficos Nacionales, Granasa, editora de Extra y Expreso, que trae a la memoria un episodio atroz ocurrido apenas 12 años atrás, cuando en 2014, en pleno auge del correísmo, la superintendenta de Compañías, Suad Manzur, violando todos los procedimientos, ordenó liquidar Diario HOY.

No conseguir doblegar a periodistas y articulistas que, con sus denuncias, mostraban el verdadero rostro de quien se autoproclamaba jefe de todos los poderes y de sus adláteres, sacó de quicio al Gobierno autoritario y llevó a cometer desafueros contra Edimpres, editora de HOY, hasta anularla.

Que el Gobierno de Noboa pretenda hacer algo parecido con Expreso no solo confirmaría aquello de que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, sino que sería una señal inequívoca de que quieren el control ideológico de la información, que es contrario a la democracia.

Domar al periodismo, a como dé lugar, es una obsesión de quienes han decidido concentrar el poder, tal como lo hicieron Chávez, Kirchner, Maduro y otros, que no admitían el pensamiento libre, la crítica y peor que se saque a luz sus corruptelas.

Otra señal inequívoca es usar la pauta oficial como premio o castigo; el primero para los dóciles con vocación de servidumbre y, el segundo, para aquellos que se juegan por las libertades y preservan el decoro, la moral y la ética periodísticas, aunque sufran las consecuencias con inventos y falacias.

La sociedad solo debe observar con atención para concluir si estamos o no en esa deriva.

En los últimos meses se han cancelado programas de opinión, se han cerrado unos medios y otros han sido vendidos o comprados. Algo serio está pasando con el periodismo ecuatoriano.

Un caso emblemático es el de un asambleísta alterno de ADN que, habiendo declarado a la Contraloría un patrimonio de USD 70.000, compró dos medios de comunicación por más de USD 2.500.000, en una transacción sobre la cual la Superintendencia de Compañías guarda extraño silencio.

No es todo.

La reacción contundente de periodistas, gremios y parte de la sociedad logró que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivara una reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre libertad de expresión, planteada por la asambleísta Camila León del oficialismo, en enero pasado, que buscaba, entre otras cosas, penalizar las críticas a los funcionarios.

Si esa reforma estuviese en el Código Penal, los casos de Progen, ATM y HealthBird no habrían sido expuestos y si los periodistas lo hacían podían haber sido denunciados.

Días atrás, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas elaboró una suerte de “manual” para las coberturas de los medios, en el que se permitían valorar al periodista y al medio con lo cual se buscaba dejar por fuera “a quienes intenten afectar la imagen institucional”.

Tras el rechazo de gremios y periodistas la institución aclaró que se trataba de un “documento interno no vigente”, cuyo texto se encuentra “en desarrollo”, pero no lo han descartado como pidieron las organizaciones.

En fin.

En los registros de las acciones del poder contra de los medios quedará para la historia que el 18 de febrero de 2026 la Superintendencia de Compañías intervino la empresa editora de Expreso, luego de que, amparada en el artículo 15 de la Ley de Compañías, Granasa se negara a entregar información que considera sensible a Inmobiliar, adscrita a la Presidencia de la República, y que maneja otros medios de comunicación incautados, lo que la convierte en competidor, y que alega la titularidad del 2,56% de las acciones de la compañía, aunque esa condición está en disputa en un proceso legal.

Expreso está siendo hostigado desde meses atrás con acciones inverosímiles como la filtración de un supuesto reporte del SRI, que nunca llegó a Granasa, y que circuló en las redes y hablaba de que la empresa había cometido supuesta defraudación fiscal.

Resulta extraño que, en este caso, el paquidérmico aparato del Estado se haya movido como una liebre.

La Fiscalía aceptó el parte de un cabo de Policía elaborado sobre algo que leyó en redes sociales y luego la UAFE abrió un proceso por supuesto lavado de dinero y hasta allanaron las viviendas de los canillitas.

Pretender tomarse un medio crítico por la vía de la propiedad es un escándalo que tiene en alerta máxima a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); de concretarse, afectará la imagen del Gobierno, de manera irremediable.

Menos mal que están a tiempo de enmendar y parar el acoso a Expreso.