Asamblea archiva propuesta de legisladora de ADN, quien planteaba reforma para sancionar críticas a funcionarios públicos
El CAL de mayoría gobiernista se reunió para abordar la propuesta de la legisladora Camila León, que generó polémica en diferentes sectores. Los argumentos para rechazar el proyecto fueron "políticos", informó el secretario de la Asamblea.
La asambleísta de ADN, Camila León, ingresó el 15 de enero de 2026, junto a varios compañeros de su bancada, la reforma al Coip.
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Iván Matute/ Asamblea Nacional.
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea se reunió este 28 de enero para tratar la calificación de un proyecto presentado por la Asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León.
Los siete integrantes de este organismo legislativo, encabezado por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, decidieron, por unanimidad, rechazar la propuesta oficialista y enviarla al archivo.
La legisladora gobiernista proponía una reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), que aborda las sanciones para quienes cometan una contravención de cuarta clase.
El numeral uno de esta contravención señala que un ciudadano, sin importar si es periodista o no, será sancionado con pena de cárcel de 15 a 30 días cuando, "por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil".
La intención de León era agregar un texto al artículo que diga: ""La o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a las servidoras o servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen la protección reforzada".
Organizaciones y activistas defensores de la libertad de expresión alertaron que la propuesta era redundante, porque ya está especificada en la Constitución y el Código Penal, además que no corrige el problema de fondo.
Según expertos, las críticas a los funcionarios públicos, en el marco de sus funciones, se siguen judicializando en el ámbito penal, y de esa forma, se envía un mensaje a la sociedad para que evite dichos comentarios.
La asambleísta León lo defendía y aseguraba que la propuesta buscaba llenar supuestos vacíos en el Código Penal, que dejarían abiertas las puertas para perseguir e intimidar a quienes denuncian actos de corrupción.
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"La gestión aquí es proteger al periodista obligando a los jueces a que verifiquen que se respete el uso legítimo de la libertad de expresión, antes de iniciar los procesos en contra de comunicadores", señaló el 15 de enero, cuando ingresó la reforma.
El secretario de la Asamblea, Giovanny Bravo Rodríguez, explicó brevemente este 28 de enero, que los siete integrantes del CAL -liderado por ADN y sus aliados- argumentaron "motivos de carácter político" para sustentar su rechazo a la propuesta de Camila León
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