Ecuador, atormentado por la violencia, la fuga de delincuentes y por leyes que afectan las libertades

Un remolino de emociones envuelve a los ecuatorianos por la cantidad de hechos trágicos vinculados al crimen organizado, que han puesto al país a la cabeza de los más violentos; por las mafias infiltradas que han convertido en cómplices a quienes tendrían que combatirlos, y por ciertas leyes recién aprobadas en la Asamblea Nacional, que han causado alarma en organizaciones internacionales que protegen las libertades. 

En un país signado por la violencia, las últimas semanas han sido de las peores. Y solo la vocación pacífica de la mayoría ha logrado mantenernos a flote.

Cuando recién se procesaban los informes que daban cuenta de que, entre enero y mayo de 2025 en Ecuador se contabilizaron 3.939 homicidios intencionales, rompiendo el récord desde que hay estadísticas, y una sensación de dolor colectivo se podía sentir; la noticia de la fuga de alias “Fede”, cabecilla de la organización narcotraficante Los Águilas, llenó de perplejidad, y trajo a la memoria el nombre de alias “Fito”, otro criminal que se fugó de la prisión, en enero de 2024, y que aún no ha sido recapturado.

La perplejidad mutó en coraje al conocerse que alias “Fede”, quien fuera detenido en flagrancia, cinco meses atrás, mientras descargaba cocaína valorada en USD 4,6 millones, fugó de la Penitenciaría del Litoral, centro bajo vigilancia militar, vestido con uniforme militar, confirmando que las instituciones han sido contaminadas y el país puesto en serio riesgo.

En Ecuador, la delincuencia se mueve a su anchas y se ensaña con la gente, cuyas vidas han sido trastocadas, como ocurrió con una familia en El Carmen (Manabí), a la que la celebración del Día del padre le supuso una tragedia dolorosa, tal como contó Valentina Febres Cordero, en su artículo en Primicias.

Hechos sangrientos como este han precipitado la huida de familias enteras que, para salvar sus vidas y las de los suyos, deben dejar todo atrás, en una acción jamás antes registrada en el país, y de la que apenas se habla, porque la sociedad prefiere mirar a otro lado.

Un reciente informe de Naciones Unidas da cuenta del desplazamiento interno de más de 101.000 personas en los últimos dos años, como producto de los altos índices de violencia en Ecuador.

Huyen por las extorsiones, las amenazas o por los conflictos entre bandas criminales que afectan a las poblaciones, volviendo la vida de la gente miserable.

Los niños son las mayores víctimas porque deben abandonar sus escuelas, dejar atrás sus amistades y su propio entorno, por lo que su condición de vida ya empobrecida se degrada de manera inconcebible.

Solo una acción contundente y la aplicación de políticas sociales claras y viables de las autoridades, con el acompañamiento de organismos como la Acnur, que tiene experiencia y conocimiento, pueden ayudar a mitigar el impacto en la vida de los niños ecuatorianos, víctimas inocentes de la violencia criminal.

Por todo esto, la sensación de desamparo aumenta, lo que ha llevado a que los comerciantes reduzcan sus horas de atención cuando no a cerrar sus negocios; y a miles a encerrarse en sus casas, desde la media tarde, para protegerse de la delincuencia, perdiendo su libertad y afectando su salud emocional.

Ante semejante escenario, es justo que 19 militares, dos funcionarios del SNAI y un privado de la libertad respondan ante la justicia por la fuga de alias “Fede”, y que tengan ya prisión preventiva.

También es bueno que el Gobierno ofrezca un millón de dólares como recompensa por información para recapturar al cabecilla de “Los Águilas”, considerado “objetivo de alto valor”; pero mejor hubiese sido que ese millón invirtieran en inteligencia y contrainteligencia en la Penitenciaría, con lo cual se habría podido evitar la fuga.

Una de las justificaciones para expedir Ley Orgánica de Inteligencia, que el presidente Noboa publicó en el Registro Oficial, al día siguiente de aprobada, fue combatir la delincuencia y el crimen organizado, y eso suena plausible; pero la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta que podría convertirse en un instrumento de control de las actividades periodísticas y de las libertades de expresión y prensa.

El presidente de la SIP, el salvadoreño José Roberto Dutriz, considera que uno de los aspectos más inquietantes de la Ley es la amenaza que representa para la privacidad de las comunicaciones y la protección de las fuentes periodísticas, y advierte de que el posible uso de mecanismos de vigilancia y recopilación de datos podrían propiciar la autocensura e intimidar tanto a periodistas como a medios.

En la misma línea, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, escribió, en su cuenta de X, que las leyes de Solidaridad y de Inteligencia amenazan los derechos en Ecuador. Y afirmó que la seguridad no se logra dando poderes ilimitados a los organismos de seguridad e inteligencia y reduciendo controles, sino fortaleciendo la justicia y el Estado de derecho.

Diecisiete meses después de declarado “conflicto armado interno”, el país sigue atormentado por la violencia, la fuga de temibles delincuentes y por leyes que afectarían las libertades.

Pero Ecuador es un país resiliente; por eso, la mayoría sigue apostando por la paz.