Tras la victoria electoral, el reto de Noboa es la Constitución

Que el mundo celebre este ocho de mayo, el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha traído a mi mente aquella expresión que dice: sobre las guerras ganadas se dibujan los mapas.

Y no deja de asombrar que, ochenta años después, el expansionismo irracional haya provocado nuevas guerras, muerte y destrucción, lo que nos lleva a reflexionar acerca de la condición humana, y comprobar, con dolor, que no siempre se aprende de la historia.

Me tomo la licencia de usar la expresión relativa a las guerras ganadas; en este caso la lograda por los aliados para liberar Europa, para asimilarla a una batalla electoral, y decir que tras una victoria en las urnas reescribir la Constitución resulta imperioso, más aún si la que hoy rige en Ecuador no sirve, y es el pueblo el que termina siendo el mayor afectado.

Elaborada por obedientes sastres a quienes su líder ordenó le confeccionaran un traje a la medida, que le diera el suficiente poder hasta sentirse “jefe de todos los poderes del Estado”, la Constitución de Montecristi ha perdido valor y prestigio.

Por eso, hay coincidencia entre juristas, constitucionalistas, autoridades y profesionales de distintas ramas de que la Constitución de 2008 requiere cambios urgentes; e igual parece ser el sentir de la gente llana, víctima directa de muchas leyes absurdas allí contenidas.

También hay coincidencia en los temas y materias que ameritan ser modificados en esa Constitución que, a pesar de haber sido objeto de muchos otros cambios a través de reformas parciales y referendos, contiene aspectos que necesitan modificaciones imprescindibles e improrrogables.

La gran discrepancia está en si para hacer esos cambios se requiere una Constituyente; o si se los puede hacer mediante reformas parciales y enmiendas, aprovechando que el Gobierno de Noboa no solo que ya tendría la mayoría absoluta de 77 votos en la Asamblea Nacional —que es el número que se necesita para aprobar las reformas—, sino que superaría los 80.

Aprobar las reformas tomaría unos seis meses entre que el presidente envíe los textos a la Corte Constitucional (CC), y, con un dictamen favorable, los presente en la Asamblea, y allí deben darse dos debates, con un intervalo de 90 días entre el primero y el segundo, y luego el pueblo ratificar en las urnas.

Ir a una Constituyente, como ofreció Noboa en la campaña, implica ir tres veces a las urnas, y entre 16 y 18 meses para expedir el texto constitucional, lo que supone riesgos políticos, en un país que suele ser cambiante en los apoyos y a sabiendas de que el ejercicio del poder desgasta.

Se trata de una grave decisión que tiene que tomar el presidente de la República, que sabrá sopesar que dejar una impronta perdurable de su gestión, haciendo grandes cambios a la Carta Magna, implica altos riesgos políticos. Pero también consciente de que el poder está para ser usado.

El camino para una Constituyente no está exento de complejidades desde cuando el Ejecutivo presente a la CC la propuesta para llamar, justificando la iniciativa, señalando cuáles son las modificaciones que plantea, y el Estatuto con la forma de la elección.

Si logra dictamen favorable de la CC (que se calcule tome entre uno y dos meses), Noboa convocará, mediante Decreto Ejecutivo, a una consulta popular para que el pueblo decida si desea o no que se instale la Constituyente. El decreto debe incluir la forma de elección de los constituyentes y las reglas del proceso.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de 15 días, debe llamar a consulta popular, la misma de que deberá realizarse en los siguientes 60 días.

Si el pueblo responde que Sí, Noboa deberá llamar a nuevas elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes que redactarán la Carta Magna y cuando el texto esté listo los ecuatorianos lo aprobarán en un referendo.

El planteamiento de que una parte de quienes reescribirían la Constitución no sean elegidos en las urnas, sino que provenga de los gremios, las universidades y organizaciones, porque se requieren conocimientos diferentes, ha generado controversia.

Y será la CC la que resuelva, al igual que sobre aquella propuesta de saltarse algunos de los pasos legales para hacer la Constituyente de manera “exprés”.

La incertidumbre política y la parálisis en lo económico que provocaría el largo proceso constituyente, en un país abocado a serias crisis de seguridad, desempleo y hasta sanitarias, genera también dudas.

No pocos advierten igualmente de que un error de cálculo electoral podría significar regalar una victoria al adversario, que acaba de ser derrotado, dándole una ocasión de revancha en las urnas.

En un contexto de este calado hablar de los costos económicos que representan estos procesos, puede ser banal frente a la trascendencia de cambiar la Constitución, pero los USD 200 millones que se calcula costaría ir a una Constituyente, sí cuentan.

Desde 1839, Ecuador ha tenido 11 Asambleas Constituyentes y cada una de ellas ha supuesto un rediseño del marco constitucional.

Un nuevo mapa jurídico y legal impulsado por quienes detentan el poder o han ganado una elección.

Un nuevo mapa que, asemejado a aquel que se dibuja tras ganar una guerra, en este caso modifica las reglas de convivencia de un Estado, protege los derechos ciudadanos y limita el poder de la autoridad, que es lo que representa una Constitución.

¿Reforma parcial o Constituyente? Noboa tiene la palabra.