"En el inmueble habitan tres niños", dice madre de Aquiles Alvarez para evitar incautación en caso Goleada
El juez del caso Goleada le da un plazo a la Fiscalía para que pida fecha para la audiencia preparatoria de juicio por el delito de lavado de activos contra Aquiles Alvarez y su familia.
Imagen donde constan Policías en la vivienda del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cuya residencia tiene orden judicial de incautación.
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redacción Primicias
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El juez Jairo García convocó para este viernes 3 de julio de 2026 la audiencia de revisión, suspensión o revocatoria de las órdenes de incautación dispuestas contra 18 propiedades y siete carros del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus familiares, dentro del caso Goleada.
En este proceso judicial, la Fiscalía investiga al alcalde por el delito de lavado de activos, pues lo acusa de introducir al sistema financiero legal las ganancias obtenidas por la comercialización ilegal de combustibles en las zonas fronterizas (Caso Triple A), un perjuicio contra el Estado, según Fiscalía, que alcanzaría los USD 100 millones.
El caso Goleada, a cargo del fiscal Dennis Villavicencio, concluyó su etapa de instrucción fiscal el lunes 29 de junio, por lo que el juez García, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, le dio al fiscal un plazo para que avance a la siguiente etapa, la audiencia preparatoria de juicio.
“Se dispone a Fiscalía actuante en la presente causa que, dentro del término no mayor a 72 horas, dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 600 del COIP (Código Orgánico Integral Penal), a fin de que esta autoridad se pronuncie conforme a derecho”.
Juez Jairo García
El plazo culmina este domingo 5 de julio, a las 10:00, lapso en el que el fiscal Villavicencio debe pedir la fecha de la audiencia para presentar su dictamen -acusatorio o abstentivo- contra el alcalde de Guayaquil y otras 16 personas, entre ellos sus hermanos, sus primos, su mamá, su esposa, su contadora, varios socios y un asambleísta del movimiento RETO.
Para preparar su defensa, Aquiles Alvarez pidió al juez García que ordene al SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) que permita el ingreso de su abogado desde el lunes 6 de julio, dos horas diarias.
“Solicito que dichas visitas sean autorizadas por un periodo aproximado de cuatro semanas, considerando que el expediente fiscal consta de 1.500 cuerpos, equivalentes a alrededor de 150.000 fojas (páginas), cuya revisión resulta indispensable para preparar de manera adecuada la defensa técnica, de cara a la audiencia preparatoria de juicio”.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil
El juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Aquiles Alvarez. Mientras tanto, el magistrado resolverá este 3 de julio el pedido del alcalde y su familia para que sea levantada la orden de incautación que pesa sobre algunos bienes de los procesados.
En una audiencia del 29 de mayo, cuando la Fiscalía logró la vinculación de la esposa, la madre y los primos del alcalde, el juez García dictó medidas cautelares de incautación sobre 18 propiedades y siete carros de la familia de Alvarez.
De estos bienes, once se encuentran a nombre de Inmobiliaria Fiorema S.A., empresa a la que -según Fiscalía- se traspasaron los mayores bienes del alcalde. Otros cuatro bienes están a nombre de la empresa Corpalubri S.A., uno más consta en Inmobiliaria Hache S.A., otro en Ternape Petroleum y uno del primo Andrés Viteri.
Mientras que los siete carros con orden de incautación corresponderían a Aquiles Alvarez (2) a Antonio Alvarez (2) y a Xavier Alvarez (3). Uno de los vehículos del alcalde está valorado, según la Fiscalía, en USD 325.990 y se trataría de un modelo G-500 de la marca Mercedes Benz de 2023.
Hasta el momento, siete propiedades han sido incautadas por Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de la Presidencia (Inmobiliar), mientras que otros seis bienes no han podido incautarse, según informes de agentes policiales.
Entre las propiedades que aún no han sido incautadas consta la residencia del alcalde, en la urbanización Blue Bay, en Isla Mocolí, Samborondón. Hasta allá llegaron policías y funcionarios de Inmobiliar el 11 de junio de 2026 para ejecutar sin éxito la orden judicial.
El inmueble tiene un avalúo de USD 1.015.297, un área de 776,70 metros y está a nombre de Fiorema S.A. En un escrito judicial, la madre del alcalde, dueña de Fiorema S.A., pidió que el juez revise su decisión, para revertir la orden de incautación.
“En el inmueble respecto del cual se ha solicitado la medida habitan de manera permanente tres niños y una persona adulta mayor que presenta una discapacidad visual del 42%, circunstancias que evidencian la especial situación de vulnerabilidad de quienes residen en dicho bien”.
Gioconda Henriques, madre del alcalde
Los agentes de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional (Undecof), a cargo de las incautaciones, señalaron al juez que no pudieron ejecutar la incautación porque la casa del alcalde está habitada por personas vulnerables.
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