ADN ve amenazado el apoyo incondicional a las leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea
El entusiasmo de las primeras votaciones de la mayoría legislativa ha disminuido en los últimos proyectos. La facción aliada de Pachakutik se ha divido en varias ocasiones.
La alterna de Nanki Lauro Saant Juank votó 'SÍ por la Ley de Transparencia Social el 26 de agosto de 2025. En el correísmo se activaron las alertas y alegaron un error y pidieron la rectificación.
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Roberto Rueda /PRIMICIAS.
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El proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio, enviado el 29 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional, pondrá a prueba la solidez de la mayoría legislativa, que ha ido mermando a medida que se aprueban nuevas leyes económicas urgentes enviadas por el presidente Daniel Noboa.
Sin decir que la mayoría tambalea, las propuestas y el tratamiento de esas normativas impulsadas por el Ejecutivo han generado una paulatina discrepancia entre Acción Democrática Nacional (ADN) y quienes los respaldaron en un inicio.
La primera en ser aprobada, el 7 de junio de 2025, fue la Ley de Solidaridad Nacional. Salvo por Revolución Ciudadana (RC), hubo consenso en torno a la propuesta, a pesar de contener artículos polémicos que actualmente tienen suspendida su aplicación, mientras la Corte Constitucional (CC) analiza una posible inconstitucionalidad.
El documento alcanzó los 84 votos entre la bancada de gobierno, seis de nueve integrantes de Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC) y los independientes.
Similar votación y apoyos tuvo la Ley de Integridad Pública el 24 de junio de 2025. ADN sumó para esta votación a David Arias y Sergio Peña, que aún estaban en filas de RC.
Esta normativa también fue demandada en la Corte Constitucional que dispuso la suspensión de la aplicación de la disposición transitoria decimotercera, mientras se resuelve su constitucionalidad.
Esta se refiere a la remisión del 100% del valor de intereses, multas, recargos adeudados al Servicio de Rentas Internas (SRI) si el contribuyente cancela todo o una parte del capital adeudado hasta finales de 2025.
El respaldo pierde fuerza
Ya en el tratamiento del proyecto de Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas aparecieron los primeros signos de discrepancia y pérdida de apoyos: el oficialismo obtuvo 80 votos afirmativos.
En esta votación, se evidenciaron criterios divididos en la facción de Pachakutik que venía respaldado al oficialismo desde las primeras sesiones de la Asamblea, para la elección de las autoridades del Legislativo.
Cecilia Baltazar, rompió la disciplina del bloque y voto en abstención. Su argumento fue que "cuando los proyectos tienen relación con los derechos de los pueblos indígenas, los procesos de creación de la legislación deben pasar por la consulta prelegislativa", algo que no ocurrió en este caso.
Manuel Choro, que también es parte de ese grupo del movimiento indígena, optó por no participar de esa sesión. El socialcristiano Johnny Terán, que votó sí en los dos primeros proyectos, se abstuvo, según las estadísticas oficiales de la Asamblea.
Pero el caso que más llamó la atención se produjo el 26 de agosto de 2025, cuando el gobierno contó con apenas 78 votos, de 77 necesarios, para aprobar la ley que regula a las fundaciones, bautizada como Ley de Transparencia Social.
Baltazar, Tiupul y Choro, de Pachakutik, le dijeron no al proyecto oficialista. En tanto que, los amazónicos José Nango, Fernando Nantipia y Edmundo Cerda, que se han vuelto incondicionales al gobierno, dijeron sí, dividiendo más al fraccionado bloque de Pachakutik.
También los tres legisladore socialcristianos: Jhonny Terán, Alfredo Serrano y Otto Vera se opusieron, pero para esta votación, ADN sumó el apoyo de la excorreísta Jhajaira Urresta, con lo que sigue compensando los descontentos.
Votaciones justas o pérdidas de ADN
En lo que va de este periodo legislativo, que arrancó el 14 de mayo de 2025, se han producido unas 165 votaciones, entre cambios del orden del día, resoluciones, allanamientos, aprobación de proyectos y reconsideraciones.
Si bien, al inicio, la mayoría oficialista parecía avasalladora la polémica Ley de Inteligencia, también demandada ante la Corte Constitucional, marcó un alto en la vertiginosa carrera oficialista.
El 11 de junio tuvo apenas 77 votos de ADN, tres de asambleístas de Pachakutik, los independientes y el voto de Peña que empezó a marcar distancias con Revolución Ciudadana.
Cuando Inés Alarcón lanzó en el Pleno del 29 de julio una moción para que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, comparezca a rendir cuentas por el extenso corte del servicio de agua potable en el sur de Quito, la propuesta alcanzó apenas 67 votos.
La legisladora oficialista culpó al correísmo de bloquear la fiscalización, pero lo cierto es que tampoco le apoyó la facción de Pachakutik, incluyendo a aquellos que son incondicionales con ADN.
La bancada gobiernista tampoco logró su objetivo de censurar y destituir a la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, en el juicio político que se desarrolló el 12 de agosto de 2025.
Si bien, eran necesarios 101 votos (mayoría calificada), algo casi imposible con la actual estructura de la Asamblea, ni siquiera alcanzó los 77 votos (mayoría absoluta) necesaria para censurar a otros funcionarios. Se quedó con 75 apoyos.
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