Gestión de Pabel Muñoz en la crisis del agua en Quito abre nueva disputa entre ADN y el correísmo

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea volverá a convocar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para que explique sobre el desabastecimiento de agua de dos semanas en el sur de Quito.

Muñoz fue llamado este 23 de julio a la mesa legislativa, pero el alcalde decidió no asistir, por considerar que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar su gestión, porque ese es trabajo natural de los concejales de la ciudad.

Los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) dicen que son conscientes de aquello, y más bien, la asambleísta oficialista, Nataly Morillo, dijo que la intención era consultartes sobre la estrategia y los planes de acción futuros de la Alcaldía de Quito, para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones con respecto a la provisión de agua potable. 

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Añadió que les habría gustado consultarle sobre el plan de acción del verano, para enfrentar posibles incendios forestales que se producen en esta época.

Desde el 10 de julio, más de 88.000 familias en el sur de Quito sobreviven con racionamientos, largas filas para esperar tanqueros y compras de agua embotellada que triplicó su precio.

Varias parroquias del sur de Quito enfrentan aún la escasez de agua desde hace dos semanas y el abastecimiento se realiza a través de tanqueros, con una serie de problemas de distribución de por medio.

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La madrugada de este 23 de julio, Muñoz informó que terminó la reparación de una tubería que se rompió debido a un deslave, por lo que ya se abrieron las compuertas y empezó el despacho de agua desde La Mica. 

ADN considera que el Municipio de Quito, con Muñoz a la cabeza, pudo y debió anticiparse para prevenir a este tipo de desastres naturales, que afectó a más de 400.000 pobladores de Quito.

Respuesta correísta

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), organización política de la que es parte el alcalde de Quito, defendieron la decisión de Muñoz de no acudir a la Comisión, aunque aseguraron que no se oponen al control político.

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Christian Hernández Yunda planteó que, si se empezará a fiscalizar a autoridades locales, al menos el Gobierno central se debe igualar con las rentas que estaría adeudando a municipios y prefecturas.

"Hacemos este show y al 14 de julio de 2025 el gobierno le debe a Quito USD 80,4 millones. ¿De qué reclamo a la falta de prevención podemos hablar, si el gobierno central no entrega los recursos?". 

Christian Hernández, asambleísta de RC.