Peajes automáticos, jueces sin concurso, más reformas penales y financieras en la Ley de Integridad Pública
El proyecto enviado por Daniel Noboa con 19 artículos sufrió una transformación en comisión de la Asamblea. El texto original giraba en torno a la reforma al sistema de Compras Públicas, ahora tiene una variedad de temas.
Sesión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del 5 de junio de 2025.
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Asamblea Nacional.
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La que llegó como una ley para innovar la Contratación Pública y evaluar a funcionarios públicos, terminó convertida en una mezcla de reformas penales, al Código de la Niñez, a la Función Judicial, al Código Monetario y hasta a la Ley de Tránsito.
El Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá la tarde del martes 24 de junio para debatir y votar el informe definitivo de la Ley de Integridad Pública enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económicó urgente.
La propuesta llegó a la Asamblea el 27 de mayo y contaba con 19 artículos y unas cuantas disposiciones transitorias y derogatorias.
La Comisión de Desarrollo Económico hizo cerca de un centenar de cambios que distan de la propuesta original, incluso de lo que fue elaborado y tratado para el primer debate.
El texto que conocerán los 151 asambleístas este martes recuerda a las famosas 'leyes troles' de inicios de los 2000, por su diversidad de temas. La mayoría de cambios legales se incluyeron en las disposiciones reformatorias.
Estas son las más llamativas, pero no son las únicas:
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Sobre menores infractores
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En el informe final se endurecen las penas a los menores infractores que cometan delitos graves, pero de descarta aplicar las mismas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como planteaba Andrés Castillo, de Acción Democrática Nacional (ADN).
"Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, se aplicará la medida de internamiento institucional de diez a doce años", dice el texto aprobado en la comisión. Actualmente son ocho años.
En caso de que se establezca su pertenencia a Grupos de Delincuencia Organizada, en el marco del conflicto armado interno, serán sancionados con internamiento institucional de 12 a 15 años.
Tampoco se propone que el menor de edad infractor sea llevado a una cárcel común cuando cumpla la mayoría de edad y siga pagando la pena. "Permanecerá en una sección especial en el mismo Centro de adolescentes infractores".
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Radares y peajes automáticos
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La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial también sufriría modificaciones si ADN logra aprobar el proyecto con la ayuda de sus aliados de la facción de Pachakutik y algunos independientes.
La propuesta en esta normativa apunta a los proveedores de los radares que son ubicados en las calles y carreteras del país.
El informe señala que cualquier acuerdo con empresas privadas en relación con los medios tecnológicos para captar infracciones de tránsito, solo puede tener como objeto el pago de los equipos tecnológicos y el servicio de mantenimiento y puesta en marcha de los mismos.
Es decir, estos contratos no podrán estar condicionados a los valores que se recauden por las multas de las infracciones detectadas por los radares.
Por otro lado, el presidente de la República "podrá reglamentar que será obligatorio el uso del medio tecnológico automático para el servicio de peajes para todos los vehículos a nivel nacional", en el contexto de un conflicto armado interno.
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Jueces nombrados sin concurso por emergencia
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La propuesta que fue aprobada en la comisión por los legisladores de ADN y los excorreístas, Sergio Peña, y David Arias, plantea varias reformas disciplinarias a la Ley de la Función Legislativa.
Pero una de las que más llama la atención es la que plantea la posibilidad de declarar en emergencia el sistema de justicia "previo análisis".
Esta determinación quedará en manos del presidente del Consejo de la Judicatura y deberá ser aprobada por el pleno del organismo, lo cual permitirá lo siguiente:
- Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.
- Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia.
- Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
- Realizar las contrataciones por emergencia que se requieran.
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Expulsión de extranjeros
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Tampoco quedó fuera de los cambios implementados por la Comisión de Desarrollo Económico, de mayoría gobiernista, la Ley de Movilidad Humana.
Actualmente, los extranjeros que han cumplido penas por delitos sancionados con penas de cárcel mayores a cinco años serán expulsados, previa decisión judicial, de territorio ecuatoriano y no pueden volver por 10 años.
La propuesta que se vota el 24 de junio elimina el límite de cinco años de cárcel y aumenta la prohibición de regresar a Ecuador por 15 años.
"En caso de conflicto armado interno, no se requerirá que la persona haya cumplido la pena privativa de la libertad para que proceda su expulsión, conforme lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal", agrega.
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