Atentados en Guayas exponen la continua crisis de violencia y retan la política de seguridad del Gobierno

En menos de cinco meses de gestión, desde el 24 de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa ha decretado tres estados de excepción y dos renovaciones. Actualmente, 16 provincias se encuentran bajo ese régimen.

Imbabura, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Sucumbíos, Orellana y Pastaza están en estado de excepción por motivo del paro convocado por la Conaie, pese a que las manifestaciones se concentraron solo en la primera provincia. Y Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí lo están debido al crimen organizado y los altos índices de muertes violentas.

Y, por ejemplo, de los 145 días que van de este periodo de Noboa, los guayasenses han vivido 119 días en estado de excepción.

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En medio de ese escenario, Guayas sufrió dos atentados con explosivos, entre la noche del 14 de octubre y madrugada del 15. El primero fue la detonación de un coche frente al edificio 100 Business Plaza, en el sector del Mall del Sol, en Guayaquil, y el segundo fue una explosión en el puente Churute, en la vía Puerto Inca Naranjal.

Además, la provincia se lleva el primer lugar en número de emergencias relacionadas con delitos violentos. Solo en septiembre, según las cifras del ECU911, se registraron 4.088. Esto representa el 65,8% de la violencia de las cuatro provincias reguladas bajo el Decreto 175.

Y esos son justamente los números que utilizó el Gobierno para argumentar esa renovación por 30 días del estado de excepción.  

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En general, este agosto ha sido el más violento los últimos años, con 742 muertes violentas registradas. Esto sigue el ritmo del primer semestre de 2025, que cerró como el más sangriento de la historia, con un incremento del 45% en comparación a 2024.

En los últimos días, el Ecuador ha sido testigo de la gran capacidad de despliegue militar y policial que tiene el Ejecutivo.

Inicialmente, el Gobierno movilizó a 7.000 militares y 1.000 policías para defender a Quito de una supuesta toma de la ciudad. Y la mayoría de ellos continuaron hacia Imbabura, para repeler a los manifestantes.

La apuesta legal fallida

El presidente Noboa arrancó este periodo con la intención de modificar el marco jurídico para impulsar su 'guerra' contra el crimen organizado y mantener la denominación del conflicto armado interno que no había podido sostener ante la Corte Constitucional desde abril de 2024.

Con su mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, que sacó de juego a la oposición desde el inicio, y aprovechando las ventajas legales de los estados de excepción, el Mandatario ha enviado uno tras otro ya seis proyectos 'económicos urgentes', desde mayo de 2025.

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La primera Ley nacida del nuevo oficialismo fue la de Solidaridad Nacional, con la que buscaban establecer un marco para la actuación de las autoridades durante un conflicto armado no internacional.

Con ese respaldo jurídico, el presidente Noboa no dudó en decretar oficialmente dicho conflicto y dar nuevas órdenes a las carteras de Defensa, Interior e Inteligencia, así como a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y, según el discurso oficial, entrar en una nueva etapa de la 'guerra'.

Sin embargo, esto no duró mucho debido a que el trámite de la Ley no resistió el control constitucional. Y la Corte Constitucional obligó al Ejecutivo a echar para atrás todas las medidas que había tomado bajo la Ley y su Reglamento: incautaciones, detenciones, procesos judiciales, beneficios, medidas económicas.

Esto se llevó por delante las reformas penales y delitos anexos, así como cambios en otras materias legales sin relación con la seguridad. Exactamente, lo mismo sucedió con las 13 reformas penales que el oficialismo coló en la Ley de Integridad Pública, que también fue 'tumbada' por un trámite inconstitucional.

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A este escenario se suma la suspensión temporal de una docena de artículos de la polémica Ley de Inteligencia y de otra decena de normas de su Reglamento. Estos documentos siguen a la espera de un pronunciamiento de los jueces constitucionales.

Sin contar que la misma Corte modula los estados de excepción, por lo que el Mandatario ha intentado alterar y dificultar el funcionamiento de la institución, sin éxito. Pero su campaña política en contra de los jueces lo llevó a su última propuesta de cambio radical: una nueva asamblea constituyente.

A la vez que espera que los votantes le den el espaldarazo a su propuesta de referendo constitucional para abrir e instalar bases militares extranjeras en el país.

Mientras tanto, Noboa culpa a los magistrados por la crisis de inseguridad. Por ejemplo, en su último decreto de excepción argumentó que "el Gobierno Nacional ha implementado todas las medidas necesarias ordinarias para precautelar la seguridad de los ciudadanos, como la promulgación de leyes(...)". Y agrega que, debido a la decisión de la Corte, debe recurrir a esa medida extraordinaria, que ya es una cotidianidad de los ecuatorianos.

Las otras acciones del Ejecutivo

Más allá de los estados de excepción constantes, el Primer Mandatario optó también por trasladar temporalmente las comandancias de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a Guayaquil. Lo hizo el 14 de junio.

El objetivo era que las fuerzas del orden efectúen la planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones desde esa ciudad y buscar así una respuesta más eficiente a la inseguridad en Guayaquil y las provincias de la Costa, tras el repunte de la violencia.

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El Ejecutivo también inauguró una UPC en Echeandía, implementó códigos QR en locales de Guayaquil para registrar controles y denuncias ciudadanas, lanzó el programa 'Nos cuidamos' para proteger a los estudiantes menores de edad en la Sierra y Amazonía, una UPC en Esmeraldas, y entregó 35 vehículos tácticos a las Fuerzas Armadas.

En estos meses del nuevo periodo, el presidente Noboa también cambió la cúpula militar. A inicios de septiembre nombró a Henry Delgado como comandante general de las Fuerzas Armadas y a Iván Vásconez como comandante del Ejército.

Pero esto cambió en menos de un mes. Después del inicio del paro convocado por el movimiento indígena, el Mandatario decidió cambiar a este último por John Miño y poner como tarea primordial la apertura de las vías cerradas por los manifestantes.

Además, el discurso y videos de propaganda del Ejecutivo se mantiene en que, con su estrategia de seguridad, han logrado capturar al 80% de objetivos de alto y medio valor. Entre ellas, por ejemplo, las difundidas recapturas de alias Fito y alias Fede.

En esa campaña, el Mandatario y el oficialismo incluso protagonizaron marchas 'por la paz' en Quito y Guayaquil, para manifestarse por la seguridad del país.