‘Pasaron 317 días y no se cerraba la instrucción’, dice exjuez acusado de prevaricato en caso investigado por el fiscal general
El juez de Guayaquil fue llamado a juicio, después de una investigación de la misma Fiscalía. El delito de prevaricato se sanciona con prisión de cinco a siete años.
Fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito.
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Autor:
Redacción Primicias
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El juez Segundo Orlando T. A. fue llamado a juicio por presunto prevaricato, tras disponer el cierre de la etapa de instrucción fiscal en una investigación que realizaba el hoy fiscal general (s), Carlos Alarcón, y que, según el magistrado, había superado el tiempo límite y llevaba 317 días abierta.
Un boletín de la Fiscalía informó este 20 de junio del 2026 que el exjuez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia fue llamado a juicio porque “habría ordenado desde Guayaquil, y sin competencia ni motivación técnica suficiente, el cierre de una instrucción fiscal que se tramitaba en Quito”.
“Dicha acción fue planteada en contra de un agente fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado”, señaló la Fiscalía. El caso comenzó el 20 de diciembre de 2024, cuando Yina F., representante de una empresa de seguros presentó una acción constitucional de medica cautelar ante el juez Segundo Orlando.
En su petición, menciona la Fiscalía, “Yina F. solicitó, como medida cautelar, que se ordenara al fiscal demandado (Carlos Alarcón) 'el cierre inmediato y sin dilación de ningún tipo' de una instrucción fiscal seguida en su contra por presunto peculado, delito contra la eficiencia de la administración pública”. Alarcón se desempeñaba entonces como fiscal anticorrupción.
El entonces juez Segundo Orlando resolvió a favor de Yina F. en una resolución emitida el 23 de diciembre del 2024. “Segundo Orlando T. A., en su calidad de juez en Guayaquil, no tenía competencia para ordenar el cierre de una instrucción fiscal que estaba a cargo de un magistrado en Quito”, recalca la Fiscalía.
No obstante, la defensa del exmagistrado señaló que Yina F. “ya había sido procesada el 6 de mayo del 2024 con petición de la Fiscalía una solicitud de vinculación con otros procesados”.
“Esta instrucción fiscal debió concluir el 6 de mayo del 2024. ¿Por qué Yina F. presenta esta medida cautelar? Habían transcurrido 317 días y no se había cerrado, y la presenta por violación al debido proceso. Presenta esta solicitud ante el juez Segundo Orlando T. A. en contra del agente fiscal Carlos Leonardo Alarcón Argudo”.
Defensa de exjuez Segundo Orlando T. A.
En el expediente de este caso de prevaricato, el exjuez argumenta que la etapa de una instrucción fiscal no debe superar los 120 días y que la decisión “en ningún momento fue fuera de la esfera constitucional”. “El agente fiscal (Carlos Alarcón) mediante memorando el 10 de enero del 2025 se dirigió al fiscal subrogante Dr. Wilson Toainga, manifestando lo que estaba ocurriendo”, agregó.
No obstante, la Fiscalía aduce que la decisión del entonces juez “habría contravenido el artículo 599 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que una instrucción fiscal solo puede cerrarse por orden del juzgador penal que conoce la causa y únicamente cuando el agente fiscal no lo haya hecho”.
Sobre el exjuez Segundo Orlando T. A. rigen medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante una oficina fiscal. El COIP sanciona con prisión de cinco a siete años el delito de prevaricato.
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