Caso Caja Chica: La sombra de Santiago Díaz y la ruta del dinero venezolano tras los allanamientos
Mientras la Fiscalía investiga el presunto ingreso de fondos ilícitos desde Venezuela para la campaña presidencial de 2023, la atención se desvía hacia Santiago Díaz Asque. El exjefe de campaña del binomio González-Arauz, hoy en prisión por violación y aislado por su partido, se perfila como la pieza clave que podría haber destapado el esquema financiero de la cúpula correísta.
Luisa González el 9 de abril durante el cierre de campaña. Muchos atribuyen la derrota en parte a la difusión de los chats que revelaban el manejo y pretensiones del correísmo.
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La madrugada de este 28 de enero de 2026, la política ecuatoriana despertó con un nuevo episodio de puertas forzadas y la incautación de dispositivos electrónicos en Pichincha y Guayas. La Fiscalía ejecutó varios allanamientos como parte del caso denominado Caja Chica: una investigación que apunta a la cúpula de la Revolución Ciudadana por un presunto delito de lavado de activos.
La tesis fiscal es clara: dinero ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del binomio Luisa González y Andrés Arauz, en 2023. Aunque el caso se mantiene bajo reserva, fue el propio expresidente Rafael Correa quien filtró un documento oficial revelando la identidad de los ocho investigados.
Entre los indagados figuran el mismo Correa, el excandidato Andrés Arauz, la actual presidenta del movimiento Luisa González y figuras clave como el exministro Fausto Herrera, el economista Patricio Rivera, la exsuperintendenta Suad Manssur, el asambleísta Patricio Chávez y la abogada Bibian Hernández.
Una campaña dirigida por Díaz Asque
Sin embargo, para entender la arquitectura financiera que hoy está bajo la lupa, es necesario mirar más allá de la lista de allanados y revisar las cuentas de aquella campaña de 2023.
Al examinar los registros de aportes, resalta un nombre en la cima de la lista de contribuyentes: Helen Anabella Pazmiño Lucio, quien inyectó USD 14.285,71 al proyecto político. Pazmiño Lucio no es una militante cualquiera; es la esposa de Santiago Díaz Asque, el exasambleísta que fungió como jefe de campaña y responsable económico de esa lid electoral.
La figura de Díaz Asque se vuelve importante en este caso judicial, especialmente considerando su situación actual: se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2025, acusado de la presunta violación de una niña de 12 años.
Díaz Asque que fue una de las piezas clave del aparato de inteligencia correísta, hoy es un paria político. Tras la denuncia en su contra y su posterior entrega a la justicia en el sector de Tumbaco, la Revolución Ciudadana lo expulsó de sus filas, dejándolo políticamente aislado.
Desde su celda, y ante el abandono de sus coidearios, han cobrado fuerza los rumores de que el exjefe de campaña estaría colaborando con la Fiscalía.
Al ser consultado sobre esta posible cooperación eficaz, su abogado, Patricio Yungan, se limitó a responder que "no está autorizado para revelar información". Díaz manejó los números y sabe quién puso realmente el dinero para la campaña.
De 'Los Popeyes' a las campañas
El historial de Díaz Asque en el correísmo se remonta a los orígenes del movimiento, habiendo formado parte de la extinta Secretaría de Inteligencia (Senain) y liderado al grupo denominado 'Los Popeyes', una fuerza de choque encargada de la seguridad y de silenciar a opositores durante los recorridos de Rafael Correa. Así lo detalló la investigadora Lorena Piedra.
La hipótesis del financiamiento extranjero no es nueva para los servicios de inteligencia. Tras las elecciones de 2025, un reporte de la inteligencia estadounidense, citado por CBS News, ya advertía que Luisa González había recibido apoyo financiero del régimen de Nicolás Maduro y que planeaba reconocerlo como líder legítimo de Venezuela.
Además, el reporte señalaba la intención de Rusia de realizar operaciones de información para apoyar al correísmo. En este contexto internacional encaja otro de los investigados en el caso Caja Chica: el asambleísta Patricio Chávez, cuya vivienda también fue allanada.
Chávez ha sido un enlace histórico del correísmo con Rusia, habiendo servido como embajador en ese país y manteniendo una larga relación académica y política.
La red de investigados se completa con Bibian Hernández, una abogada del círculo de Rafael Correa que ya enfrenta otro proceso por lavado de activos en el caso Amistad, lo que sugiere un patrón sistemático en el manejo de fondos.
Mientras tanto, la defensa pública de Luisa González ha sido intentar desmarcarse de la gestión financiera, alegando que durante la campaña de 2023 ella era solo la candidata y que la responsabilidad administrativa recaía sobre Marcela Aguiñaga, quien entonces presidía la Revolución Ciudadana.
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