Estos son los chats, sobornos y la empresa de papel que acorralan al círculo de Aquiles Alvarez, según la Fiscalía
La Fiscalía destapó en el caso Goleada una presunta red de los hermanos Alvarez Henriques para desviar combustible subsidiado hacia buques internacionales. Mediante un esquema de empresas en Ecuador y Panamá, y con pruebas de un delator clave, se investiga un presunto lavado de activos que la defensa tilda de infundado.
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La génesis de la presunta operación ilegal detrás de la estructura empresarial de los Alvarez Henriques, que la Fiscalía General del Estado ha vinculado con actividades ilícitas de comercialización de combustible, se remonta a 2020, en Guayaquil. Se trata del denominado caso Goleada.
En este escenario, los hermanos Aquiles (actual alcalde de Guayaquil), Antonio y Xavier (directivos de Barcelona SC) Alvarez Henriques habrían constituido un entramado corporativo presuntamente destinado a viabilizar una operación delictiva en el sector de los hidrocarburos.
Dentro de este esquema, habría aparecido la empresa ecuatoriana Terminal Naviero Petrolero Petroleum S.A. (Ternape), que habría operado conjuntamente con una entidad que la Fiscalía califica como una empresa de papel: Flota Naviera Petrolera Overseas S.A. (Flonape).
De acuerdo con los registros públicos de Panamá, Flonape Overseas fue constituida formalmente el 19 de enero de 2021, bajo las leyes de dicha jurisdicción, fijando como sus primeros directores y dignatarios a los tres hermanos Alvarez Henriques.
En el documento constitutivo, Aquiles David Alvarez Henriques figura como presidente, Xavier Mario Alvarez Henriques como secretario y Antonio José Alvarez Henriques como tesorero, estableciendo además un domicilio en Guayaquil.
Desde 2021, según el portal OpenCorporates y el Registro Público de Panamá, el alcalde Aquiles Alvarez aparece como director de Flonape, en ese país. Sin embargo, el político no reportó esa participación accionaria en su declaración patrimonial cuando empezó en el cargo, en 2023.
Por lo que pudo ser candidato, pese a que están prohibidas legalmente las candidaturas de quienes tengan capitales en paraísos fiscales, condición que Panamá tuvo, en Ecuador, hasta agosto de 2025.
Deudas, cobros y cesiones
Según la Fiscalía, la relación entre ambas compañías de los Alvarez en Ecuador y Panamá se habría estrechado a partir de una dinámica comercial en la que Ternape habría adquirido diésel con subsidio estatal, bajo el argumento de que su destino final sería el segmento naviero nacional.
No obstante, una vez que el combustible era entregado, Ternape presuntamente lo habría vendido a precio real, es decir, sin subsidio, a embarcaciones de bandera internacional, percibiendo pagos directos en sus cuentas en Ecuador.
Ante la imposibilidad de registrar contablemente estas ventas internacionales sin levantar alertas sobre el desvío ilegal de combustible subsidiado, los procesados habrían recurrido a la figura de Flonape Overseas.
La contabilidad de Ternape presuntamente habría registrado los valores provenientes de estas ventas no como ingresos propios, sino como una deuda a pagar a Flonape Overseas, bajo el supuesto argumento de que esta última no poseía cuentas bancarias en Ecuador por estar registrada en Panamá.
Esta maniobra, asegura el Ministerio Público, habría permitido justificar los depósitos recibidos sin necesidad de transparentar el desvío del combustible al segmento internacional.
La magnitud de estas deudas cruzadas quedó reflejada en las auditorías externas de Ternape, disponibles en la Superintendencia de Compañías. Para el cierre del ejercicio fiscal de 2021, la empresa reportó cuentas y documentos por pagar de USD 3,1 millones a favor de Flonape S.A.
El informe detalla que, durante ese año, en Ternape se habrían originado cargos a pasivo por préstamos recibidos de Flonape por un total de USD 4,6 millones, de los cuales se habían pagado USD 1,4 millones.
No obstante, según el caso Goleada, el registro de esos pasivos elevados habría afectado la capacidad financiera de Ternape para acceder a créditos bancarios, lo que supuestamente habría llevado a la cúpula de la organización a decidir la cesión de estas deudas.
En este contexto, detalló el fiscal Dennys Villavicencio en la audiencia, USD 2,7 millones que habían sido registrados como deuda de Ternape hacia Flonape Overseas se habrían cedido a favor de los mismos accionistas y dueños de la empresa panameña: los hermanos Alvarez Henriques.
Específicamente, se habrían cedido USD 800.000 a favor de Aquiles Alvarez y USD 1,9 millones a favor de Antonio Alvarez, quienes, en lugar de cobrar estos valores, habrían resuelto incrementar el capital de Ternape. Esos incrementos de capital quedaron registrados en la 'Súper' de Compañías
Mediante esta supuesta simulación de deudas y posteriores cesiones, expuso la Fiscalía, el dinero obtenido por el desvío de diésel habría sido "inyectado nuevamente en el sistema financiero nacional, posicionando financieramente a la empresa mediante sucesivos incrementos de capital".
La información de la Superintendencia, además, muestra que en los años posteriores, la relación de deudas entre ambas entidades persistió. En la auditoría externa de Ternape correspondiente a 2023, se consignó una obligación con Flonape Overseas por un monto de USD 2,7 millones. Simultáneamente, Ternape mantenía cuentas por cobrar a largo plazo con la misma Flonape S.A. por USD 45.305.
Para 2024, en cambio, el pasivo registrado a favor de Flonape Overseas fue de USD 2,6 millones, mientras que las cuentas por cobrar de Ternape hacia la empresa panameña aumentaron a USD 152.910.
La logística revelada por el delator de los hermanos Alvarez
La investigación contra el círculo cercano del alcalde Aquiles Alvarez empezó en 2024 y se originó en el caso Triple A, en el que está pendiente el juicio por las supuestas irregularidades en la venta de combustibles.
Pero la tesis fiscal sobre este entramado empresarial habría dado un giro determinante a partir del 26 de diciembre de 2025, cuando se ingresó una denuncia en la Dirección de Transparencia de la Fiscalía, que alertaba sobre una estructura operando desde 2021 en delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo.
La pieza clave habría sido la colaboración de José Ricardo Cevallos Avellán, excolaborador del grupo Alvarez, quien habría proporcionado información detallada y entregado tres dispositivos tecnológicos -dos iPhones (modelos 11 y 15 Pro) y una laptop Lenovo- que contendrían las pruebas de la operatividad interna.
En su versión del 9 de febrero de 2026, Cevallos Avellán habría identificado a los miembros de la organización mediante alias y números telefónicos: Aquiles David Alvarez Henriques como 'El Jefe'; Antonio José Álvarez Henriques, como 'El Loco;' y Xavier Mario Álvarez Henriques como 'El Pollo'.
La operatividad logística, según lo relatado por el cooperador, se habría segmentado en varios eventos críticos, iniciando con la emisión irregular de guías de remisión. Los hermanos Alvarez presuntamente habrían aprovechado la norma tributaria para adquirir combustible subsidiado a través de las empresas Gasquil S.A., Gasgrupco S.A. y Ternape S.A., ya mencionadas en el caso Triple A.
Una vez retirado el producto de las terminales, se habría realizado un intercambio de las guías de remisión de la Petroecuador por guías de Corpalubri para sustentar el traslado hasta el consumidor final, evadiendo así los controles de carretera.
Por ejemplo, en el chat grupal de WhatsApp denominado “Corpalubri PASCUALES”, el procesado Gastón Aparicio Loy Correa (alias 'El Operario') habría reportado diariamente estas guías, interactuando con Antonio Álvarez y otros implicados como Raúl Chávez, Eduardo Santillán y David Álvarez.
El 22 de noviembre de 2022, se habrían registrado imágenes de guías destinadas a empresas locales, sumando un total de 13.500 galones de diésel de origen presuntamente irregular.
Un segundo frente de acción habría sido la comercialización de diésel subsidiado en el segmento naviero internacional. Cevallos Avellán habría revelado que Ternape operaba con dos centros de distribución contiguos en Jaramijó, Manabí: Corpalvah SA (nacional) y Corpalvah NI (internacional).
Bajo esta fachada, se habrían desviado grandes volúmenes de combustible subsidiado, destinado originalmente a embarcaciones nacionales, para venderlo casi exclusivamente a naves de bandera internacional.
Los chats del grupo “Operaciones TERNAPE” mostrarían a Pedro Juan Hidalgo Elinan (alias 'El Capitán') enviando comprobantes de despacho con la leyenda Flonape entre el 1 y el 5 de mayo de 2022, beneficiando a las embarcaciones panameñas Txopituna Dos (180.000 galones), Ljubica (130.000 galones) y Tunamar (150.000 galones), para un total de 460.000 galones.
Esta cantidad habría resultado incompatible con la capacidad de depósito de Corpalvah NI, que solo era de 62.458 galones, y no tendría respaldo de compra de diésel marino en esos meses según el archivo Excel “TERNAPE - Cálculo del perjuicio al Estado.xlsx”, que también entregó Cevallos.
Ante el aumento de controles, además, César Emilio Bravo Ibáñez (alias 'El Maestro') habría sugerido incluso coimar a la jefa de despacho para justificar las embarcaciones de destino.
La estructura también habría enfrentado incidentes con la autoridad que habrían requerido pagos ilícitos. El 19 de octubre de 2022, Aquiles Alvarez habría informado sobre una alerta de su tío, Juan Hidalgo, respecto a que un autotanque fue descubierto por el Servicio de Aduana (Senae), en Manta.
Para asegurar el silencio de los funcionarios, 'El Jefe' habría dispuesto la entrega de USD 18.000 a Juan Hidalgo: USD 12.000 por la guía retenida y USD 6.000 por el primer mes de silencio, estableciendo un pago mensual fijo de esa última cantidad. La Fiscalía habría verificado transferencias bancarias el 31 de julio de 2023 desde las cuentas de Cevallos Avellán hacia un tercero por montos de USD 5.000 y 1.000 bajo el concepto "SNA".
Simultáneamente, la organización habría ejecutado maniobras para proteger sus activos y ocultar evidencias. Tras conocerse la denuncia inicial, los procesados habrían evaluado cambiar la propiedad de los bienes del grupo.
Fernando Patricio Peñaherrera Venegas (alias 'El Calvo') habría propuesto realizar doble escritura de "liberación y compraventa" para traspasar inmuebles a la empresa Inmobiliaria Fiorema. Asimismo, el 29 de julio de 2024, César Bravo habría indicado que pasarían las operaciones de las gasolineras Gasquil y Gasgrupco a PetroAzul, una entidad sin actividad económica previa.
Para borrar el rastro digital, Antonio Alvarez habría supervisado el chat “JessErikCont”, donde exigía informes de rentabilidad detallados de Corpalubri y Ternape, los cuales se colgaban en un Google Drive que habría sido eliminado el 22 de julio de 2024 por orden de la cúpula para desaparecer archivos y correos antiguos.
Pagos y comisiones
Finalmente, la colaboración de Cevallos Avellán habría expuesto el sistema de pago a una red de comisionistas que captaban clientes internacionales. Ricardo Fabio Bruzzone Puig (alias 'El Cuentero') habría aportado clientes, percibiendo liquidaciones de comisiones por montos de USD 7.175 y USD 6.007 en octubre de 2022.
El primo de los líderes, David Andrés Álvarez Kronfle (alias 'El Engreído'), por otro lado, habría sido el principal comisionista de Ternape, recibiendo pagos por USD 7.000 en junio de 2023 y otros USD 1.455 en agosto del mismo año.
Por su parte, Pablo Ricardo Pita Rendón (alias 'El Avión') habría gestionado consumidores finales con facturas por servicios profesionales que ascendieron a USD 4.561 en enero de 2023, además de otros pagos por USD 2.511 y USD 2.346 en meses posteriores.
Finalmente, Carlos Andrés Asanza Colmont (alias 'El 4X4') habría sido integrado como comisionista para Indudiesel S.A., registrando ingresos por liquidaciones de USD 1.379 entre junio y agosto de 2023.
Pita y Asanza, posteriormente, ocuparon altos cargos en la Alcaldía de Guayaquil.
La defensa de los procesados
La respuesta de las defensas técnicas durante la audiencia de formulación de cargos buscó desacreditar la tesis de la Fiscalía, calificando la detención como injusta, arbitraria y desproporcionada.
Ramiro García Falconí, en representación de los hermanos Alvarez Henriques, sostuvo que este procesamiento vulneraría de forma manifiesta el principio de no juzgar dos veces el mismo hecho, al tratarse presuntamente de los mismos hechos que ya se ventilan en el denominado caso Triple A.
La defensa argumentó que la Fiscalía desconoce el funcionamiento técnico del comercio de combustibles en Ecuador, asegurando que resultaría "materialmente imposible" que las comercializadoras Copedesa, Corpalubri o Ternape desviaran diésel, dado que todo el proceso -desde el pedido a Petroecuador hasta el despacho final- estaría totalmente documentado, facturado y bancarizado.
Bajo esta lógica, se habría enfatizado que las empresas del grupo Alvarez mantendrían sus registros al día y habrían pagado USD 9 millones en impuestos, alegando que ninguna organización criminal nacería ni se registraría legalmente ante la Superintendencia de Compañías o el Registro Mercantil.
Respecto a la acusación de delincuencia organizada basada en chats de WhatsApp, García cuestionó la configuración del lavado de activos, argumentando que no existe tal delito, ya que todas las operaciones comerciales están debidamente respaldadas por transacciones bancarias.
Por su parte, la defensa de César Bravo Ibáñez alegó que la imputación carece de claridad y precisión, señalando que los reportes de la UAFE confirmarían que sus ingresos provienen de actividades laborales lícitas.
En el caso de Fernando Peñaherrera, su abogado insistió en que su rol se habría limitado estrictamente al ejercicio de su profesión como abogado, realizando contratos de compraventa y gestiones notariales que no constituyen actos ilícitos.
Las defensas de los presuntos comisionistas Pablo Pita y Ricardo Bruzzone, por su lado, habrían calificado la supuesta estructura como "ineficiente" por operar dentro del marco legal, declarando comisiones al SRI y manteniendo su contabilidad al día.
Para el lunes 2 de marzo de 2026 está programada la audiencia para la apelación a la prisión preventiva de los hermanos Alvarez y otros procesados vinculados a esta causa judicial. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la investigación que estará abierta hasta mayo de 2026.
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