Consejo de Participación: El eslabón más débil del Estado que pone en riesgo la institucionalidad
El caso Ligados deja en evidencia, una vez más, como las fuerzas políticas usan el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para apoderarse de otras instituciones.
Salón plenario del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el 8 de mayo de 2024.
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Desde su creación, en 2009, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) ha estado en la mira de todos los grupos políticos, por el poder que le otorgó la constitución correísta: la designación de las autoridades de Control.
Sin embargo, hasta 2018, fue una institución bastante estable, debido a que la mayoría de sus vocales en los tres periodos fueron afines al entonces gobierno del presidente Rafael Correa, al igual que las autoridades que designaron.
Por ejemplo, durante esa época fue electo y reelecto el "simpatiquísimo" contralor Carlos Pólit, que era un orgullo, según decía el mismo Correa y que ahora cumple sentencia por conspiración para lavado de activos en Estados Unidos, por la corrupción durante sus 10 años en el cargo.
En esa época también posesionaron a varias autoridades que se sometieron al Ejecutivo, como los jueces de la conocida como 'Corte Cervecera', que acumuló por miles las causas sin responder; el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Domingo Paredes, quien terminó afiliándose a Alianza PAIS.
La reestructuración de fuerzas
Tras la implosión y ruptura del correísmo en 2017, liderada por el entonces presidente Lenín Moreno, el Consejo de Participación se convirtió en un botín político al que ya podían aspirar las otras fuerzas políticas.
Y al no existir una mayoría consolidada, que responda ciegamente al poder de turno, la institución se volvió permeable. Esto dio paso a que se convierta en un carrusel de mayorías móviles y que las pugnas internas e intereses externos terminen sacando a la luz la corrupción o intentos de corrupción.
En el periodo pasado, por ejemplo, hubo un grupo de consejeros respaldados por el correísmo, Pachakutik y el Partido Social Cristiano, mientras que el otro bando era considerado gobiernista, durante el mandato de Guillermo Lasso.
Pero al final, ya habían sido destituidos tantos vocales que no se podía identificar a quiénes respondían los últimos reemplazos.
Esa inestabilidad se mantiene. Desde 2019, que los consejeros son electos en las urnas, el CPCCS ha tenido ocho presidentes en menos de seis años y más vocales destituidos, por la Asamblea, por la Corte Constitucional y por el Tribunal Contencioso Electoral.
Solo en este periodo, que empezó en mayo de 2023, el pleno ya lleva tres cambios de titulares y ha perdido a cinco consejeros.
Uno de ellos fue Augusto Verduga, quien aspiraba a usar su cargo en el Consejo como trampolín hacia Carondelet en el binomio de la Revolución Ciudadana, pero fue destituido, huyó del país y está siendo investigado por presunta asociación ilícita.
Verduga formaba parte de la públicamente conocida como 'liga azul', el grupo de candidatos correístas al CPCCS, cuya mayoría llegaron a ser consejeros titulares o suplentes.
Ellos se encargaron desde el inicio de intentar poner autoridades afines a su tendencia en las entidades de control. Eso le costó el puesto a Alembert Vera, por desacatar un dictamen de la Corte Constitucional.
Y desde ahí nuevamente empezaron los vaivenes en la correlación de fuerzas, con consejeros con afinidades políticas y otros 'independientes' que se mueven a conveniencia. Todas esas confabulaciones quedaron registradas en los chats de Verduga, que fueron difundidos por la Fiscalía, como parte del caso Ligados.
Ahí se evidencia los esfuerzos del correísmo por captar puestos o funcionarios en la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, el Tribunal Contencioso Electoral.
Algo similar sucedió en 2022, cuando salieron a la luz los chats entre cuatro funcionarios de la Presidencia de Guillermo Lasso con un asesor del CPCCS, en los que se evidenciaba sus intereses por los concursos vigentes de selección de autoridades, y cómo intervenían en la modificación de reglamentos y en la presentación de carpetas.
Las instituciones en juego
El Consejo de Participación Ciudadana define quiénes dirigirán las instituciones de control del país, por periodos de cinco años, generalmente. Y, después de la designación del Contralor General, la siguiente 'joya de la corona' es la Fiscalía General, puesto que el periodo de Diana Salazar termina en abril.
Los concursos pendientes o rezagados son:
- 1
Consejo Nacional Electoral
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La renovación parcial y la renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE) es uno de los procesos que mayores demoras tiene en el Consejo de Participación.
Los actuales cinco vocales del CNE cumplieron su periodo de seis años en noviembre de 2024. Al momento están prorrogados en funciones, hasta que sus reemplazos sean designados mediante el concurso en el CPCCS.
Y, como ha sido usual, quien presida el organismo podría complicarle o facilitarle las actividades proselitistas a los grupos políticos en las siguientes elecciones seccionales y generales.
- 2
Tribunal Contencioso Electoral
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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) también requiere una renovación parcial que está en trámite desde 2022 y ha avanzado muy poco. Este concurso no ha logrado superar de la fase de conformación de la comisión ciudadana de selección.
El TCE tuvo el poder de destituir a los consejeros de Participación correístas, pese a que ellos alegaban contar con tres votos de cinco para salvarse. Así mismo, estas autoridades han dilatado o negado acciones presentadas en casos polémicos como la candidatura de Jan Topic y la denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa.
- 3
Defensoría del Pueblo
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El cambio de primera autoridad de la Defensoría del Pueblo también está pendiente desde 2022. El último defensor designado mediante concurso fue Freddy Carrión, que destituido por la Asamblea después de un juicio político en 2021.
Mientras tanto, la institución está a cargo de un encargado, César Córdova, que debía estar en el puesto mientras se desarrollaba el concurso que no logra terminar.
Esta institución se encarga de velar por los derechos humanos y de la naturaleza y puede presentar informes y auspiciar denuncias en la materia. Por ejemplo, debe hacer un seguimiento de los estados de excepción y cómo estos afectan a la ciudadanía.
- 4
Fiscalía General del Estado
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La fiscal general Diana Salazar cumplirá el periodo de seis años para el que fue designada en abril de 2025. El CPCCS ya inició el concurso para su reemplazo, y en septiembre pasado aprobó su reglamento.
El 19 de diciembre pasado, el Pleno del CPCCS ya aprobó la conformación de la veeduría para este concurso. Aún no se ha conformado la comisión ciudadana de selección.
Esta entidad es clave para mantener o tumbar los procesos judiciales en curso e incluso aquellos que ya fueron cerrados en última instancia. Puesto que un cambio radical de administración podría desistir de las acusaciones de casos polémicos como el mismo caso Ligados, Metástasis, Purga, Encuentro, Triple A, Plaga, entre otros.
- 5
Consejo de la Judicatura
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El proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura no se hace por concurso público, sino mediante designación de ternas. La última vez que este proceso se llevó adelante fue en 2019, y los vocales ahí designados ya cumplirán seis años este 2025.
Por esa razón, el CPCCS aprobó una reforma al reglamento para este proceso el 13 de diciembre y tres días después inició el proceso de designación. Sin embargo, no se ha podido avanzar justamente por cálculos y obstáculos políticos.
Por ejemplo, la 'liga azul' intentaba retrasar el proceso para que Daniel Noboa no remita la terna de la Presidencia y lo haga Luisa González en caso de ganar la segunda vuelta. Sin embargo, esos planes se descalabraron y ahora el que tiene el proceso parado es el mismo Noboa, que es el único que ha remitido los nombres de sus candidatos.
Quienes queden finalmente designados como vocales de la Judicutar tendrán el control de la administración de justicia durante los próximos seis años. Y esta institución ya ha sido utilizada para ejercer presión y control político de las cortes del país.
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