Consejo de Participación: El eslabón más débil del Estado que pone en riesgo la institucionalidad

Desde su creación, en 2009, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) ha estado en la mira de todos los grupos políticos, por el poder que le otorgó la constitución correísta: la designación de las autoridades de Control.

Sin embargo, hasta 2018, fue una institución bastante estable, debido a que la mayoría de sus vocales en los tres periodos fueron afines al entonces gobierno del presidente Rafael Correa, al igual que las autoridades que designaron.

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Por ejemplo, durante esa época fue electo y reelecto el "simpatiquísimo" contralor Carlos Pólit, que era un orgullo, según decía el mismo Correa y que ahora cumple sentencia por conspiración para lavado de activos en Estados Unidos, por la corrupción durante sus 10 años en el cargo.

En esa época también posesionaron a varias autoridades que se sometieron al Ejecutivo, como los jueces de la conocida como 'Corte Cervecera', que acumuló por miles las causas sin responder; el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Domingo Paredes, quien terminó afiliándose a Alianza PAIS.

La reestructuración de fuerzas

Tras la implosión y ruptura del correísmo en 2017, liderada por el entonces presidente Lenín Moreno, el Consejo de Participación se convirtió en un botín político al que ya podían aspirar las otras fuerzas políticas.

Y al no existir una mayoría consolidada, que responda ciegamente al poder de turno, la institución se volvió permeable. Esto dio paso a que se convierta en un carrusel de mayorías móviles y que las pugnas internas e intereses externos terminen sacando a la luz la corrupción o intentos de corrupción.

En el periodo pasado, por ejemplo, hubo un grupo de consejeros respaldados por el correísmo, Pachakutik y el Partido Social Cristiano, mientras que el otro bando era considerado gobiernista, durante el mandato de Guillermo Lasso. 

Pero al final, ya habían sido destituidos tantos vocales que no se podía identificar a quiénes respondían los últimos reemplazos.

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Esa inestabilidad se mantiene. Desde 2019, que los consejeros son electos en las urnas, el CPCCS ha tenido ocho presidentes en menos de seis años y más vocales destituidos, por la Asamblea, por la Corte Constitucional y por el Tribunal Contencioso Electoral. 

Solo en este periodo, que empezó en mayo de 2023, el pleno ya lleva tres cambios de titulares y ha perdido a cinco consejeros.

Uno de ellos fue Augusto Verduga, quien aspiraba a usar su cargo en el Consejo como trampolín hacia Carondelet en el binomio de la Revolución Ciudadana, pero fue destituido, huyó del país y está siendo investigado por presunta asociación ilícita.

Verduga formaba parte de la públicamente conocida como 'liga azul', el grupo de candidatos correístas al CPCCS, cuya mayoría llegaron a ser consejeros titulares o suplentes. 

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Ellos se encargaron desde el inicio de intentar poner autoridades afines a su tendencia en las entidades de control. Eso le costó el puesto a Alembert Vera, por desacatar un dictamen de la Corte Constitucional.

Y desde ahí nuevamente empezaron los vaivenes en la correlación de fuerzas, con consejeros con afinidades políticas y otros 'independientes' que se mueven a conveniencia. Todas esas confabulaciones quedaron registradas en los chats de Verduga, que fueron difundidos por la Fiscalía, como parte del caso Ligados.

Ahí se evidencia los esfuerzos del correísmo por captar puestos o funcionarios en la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, el Tribunal Contencioso Electoral.

Algo similar sucedió en 2022, cuando salieron a la luz los chats entre cuatro funcionarios de la Presidencia de Guillermo Lasso con un asesor del CPCCS, en los que se evidenciaba sus intereses por los concursos vigentes de selección de autoridades, y cómo intervenían en la modificación de reglamentos y en la presentación de carpetas.

Las instituciones en juego

El Consejo de Participación Ciudadana define quiénes dirigirán las instituciones de control del país, por periodos de cinco años, generalmente. Y, después de la designación del Contralor General, la siguiente 'joya de la corona' es la Fiscalía General, puesto que el periodo de Diana Salazar termina en abril.

Los concursos pendientes o rezagados son: