Sindicalistas demandan la Ley de Inteligencia ante la Corte Constitucional y tienen en la mira otra norma del Gobierno

Apenas un día después de la demanda contra la Ley de Integridad Pública, por parte del movimiento Unidad Popular, llega a la Corte Constitucional otro recurso contra una de las nuevas leyes aprobadas por la actual Asamblea de Ecuador, controlada por la bancada oficialista ADN. 

Se trata de la demanda por inconstitucionalidad que ingresaron, este 4 de julio, los sindicatos del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular contra la Ley Orgánica de Inteligencia, publicada el 11 de junio en el Registro Oficial.

En Quito, el presidente del FUT, Edwin Bedoya, enfatizó que dicha normativa “violenta derechos fundamentales, no solo de los trabajadores, sino del pueblo ecuatoriano”.

El dirigente sindical argumenta que la norma impone un control excesivo sobre la privacidad, la libertad de expresión, asociación, reunión y el debido proceso.

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Según Bedoya, la ley concentra en el Ejecutivo todo el aparato de inteligencia (CIES, Casa de Gobierno, Policía y otras instituciones) abriendo la puerta a posibles persecuciones institucionales.

Los artículos cuestionados ante la Corte, según informaron los demandantes, incluyen:

• Art. 66, numeral 20 de la Constitución: protección de la intimidad y datos personales.
• Puntos que tocan la libertad de expresión y asociación.
• Garantías del debido proceso y control democrático.

Por su parte, Andrés Quishpe, de la UNE, alertó que la Ley de Inteligencia no contempla mecanismos contra el ciberacoso, y permite supuestamente allanamientos rangos de intervención en instalaciones públicas como universidades. 

Próximos pasos de sindicatos 

Pero esta demanda en la Corte no es la única que presentarán. Bedoya del FUT anunció también que "la próxima semana" se ingresará una segunda demanda, esta vez contra la Ley de Integridad Pública.

Para los sindicalistas, la Ley de Integridad estaría comprometiendo el bono de antigüedad de los trabajadores, con un impacto estimado de más de USD 200 millones como parte de los llamados “huecos fiscales”.

Esta nueva demanda llegaría a la Corte el próximo 7 de julio. 

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Durante los próximos días se conocerá si la Corte Constitucional admite a trámite la demanda y convoca al Gobierno en audiencia.